Opinion | 03 Oct A través de un comunicado, la Asociación de Fiscales del Uruguay rechazó las presiones y críticas que recibió recientemente el fiscal Ricardo Zubía de grupos radicales de izquierda y de sus abogados por haber solicitado el procesamiento de siete integrantes de este movimiento, en el marco de la investigación por la asonada en la sede de la Suprema Corte de Justicia, con ocupación.
La agremiación de representantes del ministerio público salió al cruce de las “opiniones agraviantes” sufridas por el fiscal Zubía desde que solicitó el procesamiento de los siete indagados. La declaración del gremio de fiscales da cuenta que Zubía, como titular de una fiscalía penal, se rige por las normas constitucionales, legales y reglamentarias comunes a todos los representantes del Ministerio Público, y agrega que por lo tanto goza de independencia técnica y funcional que en cada caso particular gobierna la actuación del fiscal.
Aclara que cualquier ciudadano tiene el derecho de opinar sobre fallos de cualquier operador judicial, pero no de emitir calificativos negativos sobre alguno de ellos, en tanto los ciudadanos disconformes con fallos judiciales tienen a disposición herramientas legales para revertirlas.
El detonante --pero no el único hecho relacionado-- de esta indagatoria tuvo lugar el 15 de febrero de este año, cuando unos trescientos manifestantes concurrieron a la sede de la Suprema Corte de Justicia con la consigna “Mota no se va”, contra el traslado de la jueza que tenía a su cargo varios casos por denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este solo hecho sugiere que hasta ese momento había una alineación ideológica entre la jueza en cuestión y grupos radicales que salieron a defenderla hasta el límite de la violencia, lo que obviamente debe influir al momento de emitir un fallo, algo que no es aceptable para la justicia.
De esos trescientos activistas, un centenar llegó hasta el primer piso y una veintena logró irrumpir en la sala donde se realizaba el acto de nombramiento de magistrados.
Además de los abogados que formularon serios cuestionamientos al fiscal Zubía por haber seleccionado solo siete entre centenares, uno de los acusados, el extupamaro Jorge Zabalza, indicó que el Poder Ejecutivo propició “un clima de impunidad”, que Zubía “tiene una visión propia del terrorismo de Estado” y se encontró “en libertad para ensañarse con aquellos que siguen defendiendo la libertad y la justicia”.
De esta forma buscan ponerse en lugar de víctimas cuando lo único que están defendiendo realmente es la manipulación ideológica de la justicia, que si realmente fuera tan imparcial poco les preocuparían los cambios efectuados.
Por lo tanto hay que ser muy despistado para asimilar racionalmente la postura de los grupos radicales de Plenaria Memoria y Justicia, así como de los abogados alineados en sus posturas ideológicas que los defienden, por cuanto esgrimen la defensa de la libertad y la justicia precisamente para vulnerar las libertades y la propia justicia, tratando de imponer por la fuerza su visión y torcer el libre ejercicio de la profesión a los integrantes del tercer poder del Estado.
La última expresión de “lucha por la justicia” de la Plenaria y los grupúsculos que se hacen presentes en cuanta manifestación haya, buscando amedrentar en este caso al Poder Judicial pero en general a quienes no comulgan con sus ideas, tuvo lugar el jueves, bajo la consigna de “tocan a uno, tocan a todos” –demostrando hasta dónde están dispuestos a llegar cuando uno “de ellos” es afectado--, marchando desde la Universidad de la República hasta le sede del Ministerio del Interior, derribando vallados y apedreando policías, buscando su reacción para victimizarse y acusar a la represión de los actos violentos que se pudieron haber generado.
Como bien señala nuestro columnista Dr. Rodolfo Canabal en su artículo semanal, el fiscal promueve solicitud de procesamiento porque entiende que se ha configurado el delito de “atentado”, que se comete “usando violencia o amenaza contra un funcionario público”, por ejemplo “para impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo”, “el de estorbarle su libre albedrío”, “el de obtener su renuncia”, “la prepotencia, el odio o el menosprecio”, delito que se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, como señala el Artículo 171 del Código Penal.
A la vez son circunstancias agravantes “que la violencia o amenaza se ejerciera por más de tres personas o menos de quince” o que “se ejecutare contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo político, administrativo o judicial, de organización jerárquica o colegiada, o contra un funcionario del orden judicial o policial”.
Por supuesto, abundan argumentos para que el fiscal haya adoptado esta decisión, desde el punto de vista legal, aunque es notorio que estos grupos, pese a que dicen buscar la Justicia, descreen del sistema y buscan manipular la justicia con funcionarios afines, incluyendo al propio Poder Judicial, y consideran a la democracia representativa que nos rige, con sus tres poderes independientes, como un simple formalismo cuando resulta un obstáculo para sus acciones extremistas, intolerantes y totalitarias que se oponen al Estado de Derecho.