Opinion | 05 Oct El “no los banco más” con que el presidente uruguayo, José Mujica, justificó en rueda de colaboradores su decisión de autorizar sin dar más largas al asunto la ampliación en cien mil toneladas de la producción anual de celulosa de la planta de UPM - Botnia, fue en realidad un reconocimiento explícito de su hartazgo por las reuniones con la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman, respecto al diferendo por la planta.
Precisamente horas antes, bajo la premisa de que “hay voluntad de acuerdo”, nuevamente el tema de la planta de celulosa UPM - Botnia fue motivo de “negociación” entre Uruguay y Argentina, a efectos de evaluar la posibilidad de un aumento del 30 por ciento en la producción anual, cuando ya el presidente José Mujica, de acuerdo a lo que había manifestado a la agencia de noticias internacional Bloomberg, había decidido autorizar este incremento pero con una mejora en la calidad de los efluentes, fundamentalmente la temperatura de vertidos y el contenido de fósforo.
Por supuesto, este adelanto de la postura uruguaya, como en tantas otras oportunidades, fue un exceso verbal del mandatario uruguayo, y permitió que ya antes de la reunión los integrantes del gobierno “K” amenazaran con llevar el tema nuevamente a La Haya si Mujica insistía en su postura.
Así fue que el lunes duró solo veinte minutos la reunión entre los presidentes José Mujica y Cristina Fernández --junto a los cancilleres de ambos países-- para buscar una solución al conflicto binacional.
La salida de ocasión en ese momento fue el anuncio de un nuevo encuentro de autoridades y técnicos el martes para tratar de encaminar una solución que destrabara el conflicto y evitara eventualmente una demanda internacional argentina, con participación de los cancilleres, los ministros de Transporte de ambos países, autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de los organismos encargados del cuidado y control del medio ambiente. Pero como se preveía, no hubo ningún acuerdo.
Lo ocurrido después es tema bien conocido por todos, desde que Mujica confirmó su decisión de autorizar el aumento en las 100.000 toneladas, condicionado --según dijo-- a un abatimiento en la temperatura del agua y la reducción de los niveles de fósforo de los vertidos, en un intento de presentar un paquete más asimilable por Argentina, respecto a la novela medioambiental del gobierno vecino. Pero una vez más Mujica midió mal la posible respuesta del gobierno K, que con su dureza e intransigencia habitual, fue al todo o nada y rechazó de plano la decisión uruguaya.
El circo montado en las últimas horas por el canciller Timerman, dando cifras sobre parámetros absolutamente arbitrarios para falsear, desvirtuar y descontextualizar los datos científicos recogidos por los laboratorios, tanto uruguayos como argentinos y los canadienses, revela hasta qué punto llega la intransigencia y la dureza en la postura de la administración de Cristina Fernández, y las alternativas posibles que deja en la “negociación”: ceder a todo lo que exigen, o patear los tarros y hacer lo que se debe hacer, sin medias tintas.
Ahora, hay dos aspectos que también deben tenerse en cuenta en este diferendo: por un lado, es positivo que por fin el gobierno uruguayo rompa el silencio --salió después que Argentina-- y le saque la careta a los activistas y seudoambientalistas entrerrianos, revelando que los informes dan cuenta que Gualeguaychú, a través de los vertidos del río que le da nombre, contamina cientos de veces más que la “pastera”, y segundo, que teniendo en cuenta que la gran beneficiaria con este aumento de la producción es la empresa, bien podría cargarse a su cuenta los costos que insume esta nueva comparecencia ante la Corte de la Haya, solo para repartir costos y beneficios.