Opinion | 05 Oct Mientras la mayoría oficialista de la Junta Departamental de Montevideo rechazaba las observaciones interpuestas por el Tribunal de Cuentas de la República a la inversión por Antel de 40 millones de dólares en el Antel Arena para Montevideo, por entender que no se ajusta a las normas constitucionales que regulan los cometidos del ente, se conoció otra “inversión” de Antel, millonaria en dólares, que beneficiará a la Intendencia de Canelones.
En el primer caso, como es sabido, el organismo decidió construir un estadio para Montevideo, y que ahorrará a la Intendencia frenteamplista de la capital el reconstruir de alguna forma el antiguo “Cilindro Municipal” con recursos que no tiene, porque es la intendencia peor administrada del país, con una deuda de millones de dólares que a esta altura es impagable.
En realidad, se trata de un “rescate” del organismo nacional a la administración de Ana Olivera (Partido Comunista), con el dinero logrado en base a sobrecostos en las tarifas del organismo, que paga todo el país. De esta forma obtiene “ganancias” que se gastan arbitrariamente en beneficio principalmente del área metropolitana, olvidándose que en el Interior también existen obras prioritarias donde se podría invertir, como por ejemplo en Paysandú en el teatro Florencio Sánchez o la propia Basílica Nuestra Señora del Rosaro y San Benito de Palermo, con un valor patrimonial infinitamente mayor que el del estadio derrumbado en la capital.
Recientemente se supo, paralelamente, que Antel también “rescatará” a la Intendencia frenteamplista de Canelones, al perdonarle una deuda de nueve millones de dólares mediante la compra de un terreno para un parque tecnológico, a un precio tres veces por encima de su valor estimado por agentes inmobiliarios, y a la vez será exonerada del pago de Contribución Inmobiliaria y derechos de construcción por cinco millones de dólares, nada menos.
Se trata de una maniobra demasiado burda como para siquiera tomarla en serio, y se inscribe seguramente en decisiones políticas que poco y nada tienen que ver con el interés general, y tampoco con la mejora en servicios para el propio organismo.
Y encima, estamos ante millonarias afectaciones en dólares que quedan en el sur del país, mientras el Interior, sobre todo los departamentos del norte del río Negro, siguen postergados en las decisiones de los organismos del poder central, bajo gobiernos de todos los partidos, sin excepción.