Locales | 07 Oct Algunos centenares de argentinos convocados para protestar por la ampliación de la capacidad de producción de celulosa de la planta de UPM ocuparon ayer el puente binacional General San Martín, pero no ingresaron a Uruguay por el “filtro” que impusieron a quienes pretendían pasar cerca de 200 efectivos de Prefectura y otros cuerpos de seguridad en la cabecera uruguaya.
Los argentinos, convocados por la autodenominada “Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, querían llegar hasta el centro de Fray Bentos, donde el intendente de esa ciudad entrerriana, Juan José Bahillo, iba a entregar a su colega Omar Lafluf una carta de “protesta” por las 100.000 toneladas más de celulosa que se permiten producir a UPM, y también los datos de la supuesta “contaminación” que manejó públicamente el canciller argentino Héctor Timermann. Según esos datos -cuyo origen no se sabe con certeza- los efluentes de la planta de pasta de celulosa sobrepasarían los límites establecidos por las reglamentaciones, aunque los controles de la Dirección Nacional de Medio Ambiente no registran irregularidades graves, y el informe técnico de los cuatro científicos -dos argentinos y dos uruguayos- no se ha dado a conocer oficialmente, pese a que es el grupo que fue definido por ambos gobiernos para controlar la posible contaminación de la planta en el río Uruguay.

SOLO TURISTAS
Así las cosas, los manifestantes se concentraron a unos 10 kilómetros del puente binacional, y muchos de ellos acamparon y degustaron asados, empanadas y vino en el lugar donde esperaban a los demás adherentes a la marcha. A media tarde cruzaron el puente binacional -que tiene el control único en la cabecera uruguaya- y encontraron lo anunciado: una importante cantidad de efectivos de seguridad uruguayos que controlaban el ingreso, confirmándose si eran turistas o manifestantes. Durante cerca de una hora el cruce estuvo cortado, constatándose además que había hasta dos filas de autos para el ingreso a Uruguay, una de ellas ocupando el carril de salida, impidiendo por lo tanto el libre tránsito hacia Argentina.
Ante el temor que pudiera haber algún tipo de agresión en territorio uruguayo, la orden del comandante en jefe de la Armada (que tiene jurisdicción en el puente) era no dejar ingresar a quienes venían a protestar del lado uruguayo. Todos los hechos fueron seguidos por numerosos periodistas de medios uruguayos y argentinos, así como corresponsales internacionales.

PASAMOS TODOS
Estaba previsto que el intendente de Gualeguaychú entregara una carpeta con la posición de ese grupo de entrerrianos e información sobre la producción y eventual contaminación de la planta. Bahillo estaba obviamente autorizado a ingresar a territorio uruguayo, y se comunicó que podría acompañarlo un grupo reducido de manifestantes. Sin embargo, confirmada la disposición de la medida de seguridad para casi todos los que esperaban para entrar a Uruguay, el intendente Bahillo se solidarizó con sus coterráneos y optó por no reunirse con su colega Lafluf, y hacerle llegar luego la carta y los informes, donde según trascendió pedirían el traslado de la planta de UPM hacia otro lugar. Los manifestantes optaron por retirarse nuevamente a territorio argentino.

DESDE 2007
Los incidentes por la instalación de la pastera comenzaron cuando en 2007 la entonces Botnia y ahora UPM comenzó el proceso para la planta de celulosa. Eso determinó la reacción de un grupo de ciudadanos de Gualeguaychú que fundaron la “Asamblea Ciudadana Ambiental”, resistiendo la producción de celulosa con los argumentos de contaminación química del río Uruguay y contaminación visual por la presencia de la fábrica en la costa uruguaya.
Uruguay se mantuvo firme en la autorización de la planta, y los “Asambleístas” cortaron el paso en el puente durante casi cuatro años, hecho que derivó además en la saturación de camiones del paso de frontera entre Paysandú y Colón.
También hubo una denuncia ante el Tribunal Internacional de La Haya, donde el gobierno argentino acusó a Uruguay de contaminar el río. En 2010, el Tribunal falló que la planta no contaminaba, y se formó un grupo especial de científicos para hacer un monitoreo conjunto y análisis de la posible contaminación, paralelamente a los controles que realiza en Uruguay la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

DATOS DESCONOCIDOS
Sin embargo, los datos del comité científico, que serían administrados y publicados por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no se han conocido oficialmente, aparentemente impedidos de publicarse por la posición de la delegación argentina en la CARU. Ante la autorización del gobierno nacional habilitando el aumento de producción de UPM de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales (menos de un 10%), los “asambleístas” volvieron a sus protestas y el gobierno argentino amenazó con hacer una nueva denuncia a La Haya por el aumento de la producción.