Opinion | 06 Oct Aunque de vez en cuando se escucha algún cuestionamiento en el espectro político, sobre todo en los partidos de oposición, lentamente pero con firmeza va ganando terreno el traspaso a la esfera del Estado de empresas creadas específicamente para operar en el derecho privado, que apuntaban no solo a cumplir cometidos en áreas en las que este no actúa, sino fundamentalmente para eludir la pesada burocracia que limita el funcionamiento de los organismos del Estado, que son pesados, burocráticos, ineficientes y contraindicados por naturaleza para cualquier país.
Mucho más por supuesto para el Uruguay, donde hay una extendida cultura del Estado paternalista y benefactor, sobre todo para quienes trabajan en su ámbito de escasas exigencias, horario muy limitado e inamovilidad, por citar los aspectos más conocidos del funcionamiento del ámbito público.
Pero, con el tiempo, en lugar reformar el Estado ineficiente que tenemos, para no pisar callos a los funcionarios estatales y sectores de izquierda más radicales, se ha optado a partir de la Administración Vázquez fundamentalmente --aunque el “invento” es anterior--, por crear empresas que funcionan en forma paralela, muchas de ellas dependiendo también de empresas estatales, pero que eluden los controles parlamentarios y los requisitos burocráticos que tiene el Estado.
“El Estado paralelo” es el mejor argumento que la oposición encontró como definición para describir la situación que se plantea con la actividad de más de 80 empresas que funcionan en el ámbito del derecho privado y sociedades anónimas que funcionan con recursos públicos, en las cuales organismos estatales tienen un alto porcentaje de acciones, hasta prácticamente ser los verdaderos propietarios en muchos casos.
Según legisladores de la oposición como el senador Luis Alberto Heber, son “cientos de millones (de dólares) al año” que alimentan la actividad industrial o comercial de estas empresas, de acuerdo a un artículo publicado por El País.
Ocurre que este dinero no tiene control político: son fondos que no pasan por el Parlamento en la ley de Presupuesto y cuya ejecución tampoco está atada a control alguno, ni del Tribunal de Cuentas, ni de la Auditoría Interna de la Nación, ni de la Junta de Ética y Transparencia (Anticorrupción).
Por otro lado los jerarcas de estas empresas no tienen obligación de hacer declaraciones juradas y desde el punto de vista jurídico no hay certeza de en qué categoría figuran los funcionarios que integran esas empresas, que son miles; es decir si están regidos por el estatuto de los funcionarios públicos o por el derecho privado.
El propio presidente José Mujica ha expresado que se han estado “multiplicando las distintas agencias públicas y de derecho privado. Son tantas que una de las cosas pendientes y que tenemos que hacer de forma inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita controlarlas”, y consideró en la misma ocasión que la proliferación de esas empresas es “una enfermedad” del Estado, aunque el mayor incremento de empresas y sociedades de este tipo se dio en el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).
Según el senador Jorge Larrañaga, en sociedad con organismos estatales hay 36 personas públicas no estatales y 45 sociedades anónimas en parte propiedad del Estado, todas las cuales tienen funcionarios, y los senadores nacionalistas Gustavo Penadés y Heber dijeron durante la sesión del Senado que analizó la Rendición de Cuentas que con ese tipo de empresas asociadas hay “un Estado paralelo”.
Uno de los casos concretos es Ancap, que, según fuentes del organismo, tiene intereses en 13 sociedades con participación accionaria que va del 20% al 100% según los casos. Algunas de esas, a la vez, tienen participación en otras empresas: Ancsol S.A. participa en otras tres; Ducsa tiene otras siete empresas; ALUR administra otra empresa que es Agroalur S.A. En total, suman 21 las empresas en las que Ancap directa o indirectamente tiene acciones, según consta en el informe de auditoría de los estados contables de la petrolera nacional al 31 de diciembre de 2012.
Un caso emblemático sin dudas es el de ALUR, donde Ancap tiene 93,72% y el resto es de Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela, por lo que en los hechos se trata de una empresa del Estado, pero sin los controles de éste. En respuesta a un pedido de informes al diputado Pablo Abdala, la empresa le confirmó que en dineros públicos comprometidos desde 2006 ALUR ha llevado unos U$S 600 millones, contando no solamente dinero en efectivo sino capitalizaciones, préstamos, garantías y avales bancarios.
Abdala dijo que “hasta ahora dio pérdidas según su balance operativo. La empresa sostiene que en los últimos años ha dado ganancias financieras por diferencias de cambio, entre otras”, indica El País.
Como es notorio, se ha pasado de un extremo al otro, por cuanto a una operativa atada a controles que contribuyen a hacerlas más ineficientes aún, se ha pasado a un sistema donde éstos están fuera del alcance del Estado, aunque funcionan con dineros públicos.
Por lo tanto es preciso que los organismos de control alcancen también a estas empresas, sin llegar a la burocratización que las haga inmanejables, pero sí para que cuenten con un marco regulatorio de razonables exigencias para que al fin de cuentas no haya una administración paralela y con cajas inaccesibles en el Estado.