Opinion | 12 Oct En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la anulación de multas impuestas a consultoras privadas por publicar guarismos de inflación superiores a los índices oficiales, por lo que el alto tribunal consideró “inadmisible” el recurso que había presentado la Secretaría de Comercio Interior en este sentido.
La Suprema Corte desestimó la queja contra la consultora Ecolatina, fundada por el exministro de Economía del vecino país, Roberto Lavagna --y que ahora conduce su hijo Marco--, la que había sido multada en 500.000 pesos argentinos --unos 86.000 dólares-- por difundir sus guarismos propios de inflación.
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo había dejado sin efecto en mayo las sanciones impuestas a la consultora por la Secretaría de Comercio Interior, que conduce nada menos que el controvertido Guillermo Moreno, muy conocido en Uruguay por ser el jerarca que decide qué se puede importar y qué no al vecino país, entre otras funciones enmarcadas en el control férreo del comercio exterior que se ejerce en la Argentina por el gobierno de Cristina Fernández.
Pero estas sanciones no habían comprendido solo a Ecolatina, sino que habían sido aplicadas a otras consultoras acusadas de violar la Ley de Lealtad Comercial, por “difundir información inexacta”.
Claro, para la administración Kirchner es “inexacto” todo aquello que se aparte de la versión oficial, en este caso de las cifras que difunde el Indec, instituto oficial que determina los índices inflacionarios en base a sus propios parámetros y por los que se guía el gobierno para las decisiones en política económica y administrativa.
Precisamente el Indec es un organismo duramente cuestionado por los operadores, porque sistemáticamente deprime los valores reales de la inflación, que la sitúa anualmente en el orden del diez por ciento, cuando las consultoras privadas lo ubican en aproximadamente el 20 al 25 por ciento.
El gobierno argentino, a través de estas sanciones, como es su estilo, amenaza y procura amedrentar a los consultores privados para que no difundan las cifras, que dejan en evidencia la arbitrariedad con que se manejan los gobernantes en la vecina orilla, donde todo método es válido para hacer que solo se conozca la “verdad” oficial, por irreal que esta sea.