Nacionales | 11 Oct El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que a partir del pago de noviembre se suspenderán 10.510 asignaciones familiares más por inasistencias injustificadas a los centros de estudio, lo que suma un total de 36.798, según informó el portal de Presidencia.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo que cuando en abril se anunció el número de suspensiones de las asignaciones familiares se informó que se comenzaría a trabajar en dos etapas, una que implicaba analizar la matriculación de los estudiantes de Enseñanza Primaria y Media; y además, el estudio del período postmatriculación para evaluar la continuidad de asistencia a las instituciones educativas.
Con los 31.753 alumnos a los que se les suspendieron las asignaciones familiares en abril, se comenzó un trabajo de estudio del motivo de la no inscripción a los centros educativos a partir del cual se logró una reinscripción de 5.319 a partir del programa “Vuelvo a Estudiar”.
El jerarca dijo que fue una oportunidad para trabajar de manera más directa con esta población y conocer los motivos de desvinculación del ámbito educativo. En el Interior el Mides realizó visitas a los hogares de los niños y jóvenes desvinculados, lo que permitió un reintegro en varios casos o la posibilidad de reincorporarse para los cursos de 2014. Destacó que entre los jóvenes de 15 a 17 años el principal motivo es el desinterés por el estudio, dificultades de acceso geográfico, económicas y, en algunos casos, el ingreso al mercado laboral. Añadió que a nivel familiar se demostró voluntad de reincorporarse al sistema y que para ello es necesario trabajar en adecuar la oferta educativa y lograr que los déficits sociales y económicos no sean la causa principal de abandono.
El presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo que el objetivo del control de las inscripciones y asistencias a los centros educativos implica desarrollar y potenciar el proceso educativo. En tal sentido, dijo que por primera vez en la historia del país el Sistema Integrado de Información del Área Social permite una calidad de información proveniente de distintas bases de datos de diferentes organismos.
El jerarca señaló que de las 10.510 asignaciones familiares que se suspenderán en noviembre, 6.132 corresponden a Primaria, 3.264 a Secundaria y 1.114 de UTU. Si se toma en cuenta a los estudiantes que fueron suspendidos por no matriculación y descontando los reintegrados al sistema educativo, alcanzan a un total de 36.798 las asignaciones familiares suspendidas, las que se componen de 26.434 de las suspendidas por no matriculación y las 10.510 suspendidas por inasistencias injustificadas.

PRESENTARON IDEA “NUESTRO NORTE”
Con una inversión cercana a los 14 millones de pesos, de los cuales el Programa Uruguay Integra aporta un 50%, fue presentado el proyecto “Nuestro Norte”, impulsado por el Programa Uruguay Integra (UI), del Área de Políticas territoriales (APT) de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Será ejecutado durante 18 meses en las localidades de Cebollatí, Velázquez, San Luis al Medio, 18 de Julio y Lascano, con el objetivo de lograr una mejor gestión y articulación interinstitucional entre las instituciones públicas, a los efectos de que esto redunde en más y mejores espacios de participación para la población y favorezca su acceso a los servicios del Estado. Además apunta a reducir la brecha entre la zona costera y el norte del departamento de Rocha, donde el desarrollo y los niveles de bienestar son sensiblemente más bajos. El intendente rochense, Artigas Barrios, destacó la importancia que tiene el proyecto para el departamento y afirmó que la propuesta “es vital para permitir el acceso de los pobladores de una zona históricamente relegada a los servicios públicos esenciales, en especial las políticas de salud”. Por su parte, el coordinador del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Marcos Otheguy, señaló que los servicios que tiene cualquier ministerio deben llegar a todo el territorio y que el Estado debe garantizar el acceso a toda política pública. Las actividades que “desarrolla este proyecto lograrán fortalecer las capacidades locales y aumentar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno”, aseguró.

DINAMA INAUGURÓ UN NUEVO LABORATORIO
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) inauguró, con una inversión cercana a 5 millones de dólares, la nueva sede de su laboratorio ambiental en el Módulo 14 del LATU, quintuplicando su área física. El mismo analiza muestras tan diversas como aire, agua, suelos, residuos sólidos industriales, vertidos de industrias, lodos, agua de lluvia o estado sanitario de playas. En las muestras se determinan concentraciones de distintos parámetros, a distintos niveles, así como características de la toxicidad de la muestra, según la normativa nacional o internacional.
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, valoró que “esta ampliación mejora sus capacidades en gran forma y permitirá realizar una mayor cantidad de análisis que hasta el momento no se hacían por limitantes técnicas”. Agregó que la Dinama inició en 2009 un proceso de mejora “contundente”, que permitió ampliar el sistema de control ambiental mediante las inspecciones que se realizan para verificar el cumplimiento de las autorizaciones y la normativa vigente. Se aumentó en más de un 80 % la capacidad de control, incorporando revisiones en nuevos sectores como el minero, el sistema de engorde a corral y el sector tambero.
“Esta inauguración es un aporte muy significativo en este proceso de modernización de la gestión medioambiental y la nueva infraestructura favorecerá la dotación de más equipamiento y personal para aplicar nuevas metodologías analíticas”, subrayó Beltrame.

HOMOSEXUALES PODRÍAN DONAR
El Ministerio de Salud Pública (MSP) analizará la posibilidad de derogar el decreto que impide a los homosexuales donar sangre, informó el diario El País. La Asociación de Familias LGBT y Homoparentales, que nuclea a lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales, entendió que el decreto 385/000, que inhabilita por 12 meses a donar sangre a “hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres y las parejas sexuales de ellos” es “discriminatorio”. Este tema fue planteado a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, quien se comprometió a analizar la derogación del decreto, y a comenzar dentro del MSP talleres que tengan como objetivo declarar a la propia cartera y a los centros de salud del país “libres de homofobia”.
“Sería muy importante para nosotros porque hay una clara discriminación ya que no se aplica para personas heterosexuales que pueden tener conductas sexuales tan o más riesgosas”, comentó el presidente de la institución, Omar Salsamendi.