Locales | 14 Oct El intendente departamental Bertil Bentos firmó una resolución por la cual la Dirección de Gestión para el Desarrollo pasó directamente bajo su órbita, abandonando el Departamento de Promoción y Desarrollo donde operaba hasta hace pocos días. El cambio se adoptó porque quien dirige esa oficina es María Dolores Álvarez, cuyo hermano, Rúben Álvarez fue nombrado el 4 de octubre pasado director general de Promoción y Desarrollo, lo que estableció una incompatibilidad con el Estatuto del Funcionario Municipal.
Este, en su artículo 29, establece que “no podrán desempeñar funciones en la misma Sección, en relación de dependencia jerárquica, los cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. No obstante, el edil nacionalista (Lista 36) Carlos Oyanarte duda que la citada resolución sea del mismo 4 de octubre y por el contrario cree que “se hizo posteriormente, de aplicación retroactiva, lo que no es lo correcto”, dijo en las últimas horas a EL TELEGRAFO. Por otro lado, presentó moción en la Junta Departamental para que el asunto se estudie, la que aún no ha sido considerada en el plenario. Oyanarte subrayó que Álvarez no podía ejercer autoridad en el ámbito de la Intendencia sobre su hermana. “El intendente Bertil Bentos ha designado como nuevo director general de Promoción y Desarrollo al ingeniero Ruben Álvarez, quien se venía desempeñando como subdirector de dicha área. A su vez, dentro de las direcciones insertas en el organigrama de la Intendencia Departamental de Paysandú, se advierte que la Dirección de Gestión para el Desarrollo, cuya directora es María Dolores Álvarez, subordinada jerárquicamente al Departamento de Promoción y Desarrollo”.
Añadió que la situación “no puede haber pasado desapercibida al intendente Bertil Bentos, ni a la secretaria general Mónica Peralta, así como tampoco a la directora de Personal, Cristina Zeni” y subrayó que la misma es “absolutamente irregular y contraria a lo establecido por el artículo 29 del Estatuto del Funcionario, como ya advirtiéramos en un pedido de informes que no se nos ha contestado”. En ese pedido de informes, Oyanarte llamó la atención a lo que ocurre en el Municipio de Porvenir y en la Junta Local de Cerro Chato. En el caso de Porvenir, la alcaldesa Sylvia Scaboni tiene como capataz a su esposo (vínculo que legalmente no se ha roto aún), situación que de manera similar se verifica también en la Junta Local de Cerro Chato, pues el capataz es esposo de la coordinadora Beatriz Monzón.
Oyanarte dijo que además de violar eso el Estatuto del Funcionario Municipal, estas situaciones también son contrarias a lo que disponen las leyes 17.008 --que aprobó la convención interamericana contra la corrupción, suscrita en Caracas-- y la 17.060 --que dictó normas referidas al uso indebido del poder público-- y el decreto 30/2003 de la propia Intendencia de Paysandú. En su moción Oyanarte pide que el intendente Bentos determine que “cualquiera de los funcionarios implicados sean destinados a cumplir tareas fuera de la repartición señalada” y que observe a los funcionarios jerárquicos que le asesoran “al no haber advertido o previsto la situación jurídica planteada a la luz de los hechos denunciados”. La Dirección de Gestión para el Desarrollo tiene bajo su órbita a las unidades de Proyectos, Relaciones Internacionales y Capacitación. Ahora pasó a la órbita del intendente, del que dependen ya (de acuerdo al organigrama municipal), la Secretaría General, su secretaría privada, la Dirección de Secretaría, Asesoría Letrada, Escribanía, Recursos Humanos, la Unidad de Control de Consumo, Administración de Personal, la Secretaría de Información y Difusión, Relaciones Públicas, Atención al Público, Registro Civil, Tribunal de Quita y Espera y Salud Ocupacional.