Opinion | 15 Oct El escaso centenar de personas que respondió a la convocatoria de los activistas de Gualeguaychú para concentrarse en Arroyo Verde en el fin de semana, por lo menos revela que hay un clima distinto entre los seudoambientalistas de la vecina orilla respecto al que tuvieron unos años antes, en el largo conflicto que desembocó en la Corte Internacional de La Haya, plagado de posturas extremistas que llevó a que resultara imposible una negociación como tal y mucho menos aún un entendimiento.
La irracional postura del gobierno de Cristina Fernández, expresada por su inefable canciller Héctor Timerman con el ultimátum de dos días a Uruguay intimándolo a cambiar su postura respecto a la ampliación de la producción de UPM Botnia, so pena de llevar nuevamente el tema a La Haya, ha tenido por lo menos un eco menor en los activistas, que evidentemente ya han saturado a propios y extraños durante este largo proceso en el que tratan de convencer que UPM tiene que contaminar, pese a lo que digan los análisis, y a la vez en su defecto abonarse a la tesis de Timerman de manipular los resultados para probar que efectivamente hay contaminación.
Pero aunque a esta altura deberíamos estar curados de espanto, nuestra capacidad de asombro e indignación con las salidas del gobierno argentino nunca está colmada, porque si hay una cosa en lo que no podría haber dos lecturas, es en la interpretación de datos científicos, que han sido relevados tanto por Uruguay como por Argentina y además por un laboratorio canadiense, de los que se desprende sin lugar a ninguna duda que la contaminación de de la planta de celulosa está muy por debajo de los límites máximos permitidos.
Ampulosamente, con documentos en la mano, y flanqueado por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri en plena campaña electoral, el canciller argentino sostuvo muy suelto de cuerpo que los muestreos de la aguas del en la zona UPM indican un alto contenido de fósforo, endosulfan (plaguicida que se usa en la agricultura pero no en la elaboración de celulosa), entre otros contenidos de alto impacto en la calidad de las aguas.
Pero lo que no dijo el canciller --y esta es la parte que realmente importa--, es que tomó los valores de la salida de los caños y los comparó con los estándares que se toman para determinar la calidad de las aguas en el cauce del río, es decir cuando ya opera el alto poder diluyente del curso de agua, que por supuesto son muy inferiores a los que se miden cuando se toman en el caño.
Es más o menos lo mismo que si se comparara el monóxido de carbono en la salida del escape de un automóvil y se dijera que supere abiertamente lo permitido en la medición del aire que nos rodea. Por supuesto, ese alto valor de salida de monóxido de carbono se pierde ya a los pocos centímetros y queda en una nada en el aire a unos metros, por lo que mal puede compararse uno y otro parámetro, y decir que el monóxido es muy alto, porque se compara el del escape con el máximo permitido en el aire.
Ahora, que un canciller distorsione, manipule y falsee esta información es muy grave, porque si bien no necesariamente debe ser un experto en polución ambiental, por lo menos debería contar con un asesoramiento técnico adecuado. Y como sabemos que lo debe tener, porque no es ningún tonto, se infiere que miente a sabiendas, y no solo vende una imagen falsa, sino que se burla de la capacidad de discernimiento de argentinos y uruguayos, entreverando zapallos con boniatos y tratando de presentarlos como si fueran lo mismo.
Pero una cosa es el ciudadano común, que no tiene por qué estar al tanto al dedillo de estas cosas, aunque si se lo explica con elementos sencillos puede entenderlo perfectamente, y otra cosa son los técnicos y la comunidad científica de su país, que con solo una lectura de los elementos debería darse cuenta de que las cifras están siendo manipuladas a sabiendas.
Solo el director del INTI, instituto argentino equivalente al LATU en el Uruguay, ha cuestionado estas comparaciones, y reveló que en su momento, cuando el instituto de referencia señaló por los datos relevados que UPM no contaminaba, el gobierno de Néstor Kirchner ordenó su silencio, porque estaba en proceso el fallo de La Haya y Argentina podía resultar perjudicada en su ponencia.
Pero, ¿el resto de la comunidad científica argentina, que tiene excelentes técnicos, no tiene nada para decir? ¿O es que como suponemos, están amenazados por un gobierno que no solo es capaz de manipular la opinión pública, en este tema, sino que también “controla” el índice inflación a través del Indec?
El punto es que Uruguay, a la luz de estos datos y como siempre se supuso, tiene todas las de ganar en La Haya, y lejos de “intimidarse” por un ultimátum, debería por su cuenta llevar el tema a este tribunal internacional, para desenmascarar tanta hipocresía pero también para denunciar eventuales nuevos bloqueos de los puentes y violaciones al derecho internacional.