Opinion | 13 Oct Siete millones de dólares costó el trabajo que dos consultoras internacionales realizaron para UTE durante cinco años, analizando una reestructura en el organismo que finalmente no se aplicará, por tanto, ese dinero ha sido gastado inútilmente.
Sin dejar de mencionar el presupuesto inicial, calculado por el ente de unos U$S 40 millones, de los cuales entregó a los funcionarios unas dos terceras partes desde el comienzo del proceso de cambios, según lo reconocen los jerarcas.
El denominado “Plan Bambú” fue suspendido luego que los trabajadores nucleados en AUTE y los mandos medios, integrados en Aprom, le ganaran la pulseada al directorio del organismo con paros distorsivos.
Tras confirmarse la oposición interna a la mencionada reestructura y ante la premura de los plazos constitucionales que establecen que a partir del 25 de octubre no se podrán efectuar modificaciones presupuestales, comenzaron gestiones a contrarreloj para arribar a un acuerdo.
Algunos aspectos generales de la reestructura refieren a la tarea específica de cada funcionario y la remuneración acorde a los resultados de su trabajo. En cuanto a los mandos medios, en algunos casos la reforma propone bajar la categoría dirigencial o subirla.
Mientras tanto, se impulsan medidas tales como el adelanto de la hora “para generar un ahorro de energía eléctrica” que termina siendo prácticamente el mismo dinero malgastado en consultorías externas, pero en este caso generando un perjuicio para el ámbito laboral y productivo.
O la afectación de las reservas de agua para el verano, porque no se pudo encender la sexta unidad de la Central Batlle y por tal razón, se gastó más de lo previsto.
Los usuarios de todos los servicios se deben hacer cargo de administraciones ineficientes y del malgasto de recursos, que cuando se solicitan para educación, salud o vivienda, se aplica el terrorismo verbal de decir que “son escasos”.
El 1º de marzo de 2005, el expresidente Tabaré Vázquez anunció que durante su gobierno se llevaría adelante a “la madre de todas las reformas”.
Este anuncio realizado hace ocho años no resiste un mínimo análisis de rigor, no solo porque no se pudo concretar, sino porque ha quedado demostrado que es prácticamente imposible hacerlo sin el visto bueno de los sindicatos. Y si en alguna oportunidad las autoridades insisten, vemos --como en este caso-- que “arde Troya”.
Sin embargo, los recursos del pueblo son usados con una discrecionalidad inconsulta que se repite en otros organismos, cuando es ese mismo pueblo el que paga una sobrefacturación para que los entes públicos contraten a consultoras internacionales que presentan esquemas impracticables en Uruguay o participar en la construcción de obras públicas.