Opinion | 17 Oct En una de sus recientes reflexiones filosóficas, y apuntando a promover mayor disposición para el estudio y capacitación de los jóvenes, el presidente José Mujica alertó que éstos van a tener que afrontar una mayor carga tributaria y dedicar una creciente porción de sus ingresos a pagar la jubilación y seguridad social de las siguientes generaciones, tal como viene la tendencia tanto nacional como mundial.
No dijo nada nuevo, por supuesto, desde que incluso como mandatario ha mencionado más de una vez el tema, pero esta apelación se da cuando ya falta poco más de un año para la culminación de su mandato, y a esta altura debería pasar raya sobre lo que se ha hecho al respecto y por lo menos evaluarse si se han encarado acciones para discutir seriamente esta realidad.
Por lo pronto, el envejecimiento poblacional mundial tiene una diversidad de grados que depende del país de que se trate, y por ejemplo, mientras en Europa y Japón, así como en otras naciones desarrolladas, ya es una problemática que tiene connotaciones no solo respecto al futuro cercano, sino que forma parte de una actualidad insoslayable, en el caso del Tercer Mundo se percibe como un escenario más lejano por la composición de sus franjas etarias.
De todas formas tiene proyección en una diversidad de áreas, y expresa un condicionamiento en las políticas de cada país, desde que este envejecimiento conlleva además sostener un esquema de prestaciones sociales muy bien estructurado para atender la calidad de vida de los grupos de mayor edad, y desafíos para sostener un esquema previsional cada vez más exigido.
En nuestro país el tema ha figurado en la agenda del denominado Diálogo Nacional de Seguridad Social y un aspecto que sin dudas será motivo de arduo debate es la sustentabilidad financiera de la seguridad social, en tiempos en que la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente y ya hay ejemplos de países europeos en los que funcionan sistemas de seguridad social muy generosos que han colapsado por resultar insostenibles cuando la burbuja económica estalló.
Así, con matices pero con la misma fundamentación y argumentos se está instrumentando un aumento de la edad mínima de retiro por encima de los 65 años, en tanto en el Uruguay se mantiene en 60, con estímulos para ir “estirando” el pasaje a la pasividad.
En tanto, previamente a su última apelación, el presidente José Mujica había alertado acerca de este escenario y consideró que “vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación y a nadie le va a gustar y todos van a patear, y no va a ser este gobierno, pero los futuros sí, no se escapan. No sé cuál será, porque va a caer tanto la capacidad de aportes que cada vez será mayor la demanda”.
El planteo presidencial se lanza justamente cuando la bonanza económica que vive el país ha permitido que haya mayores aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y ha mejorado la relación activo pasivo por un mayor empleo y formalización del trabajo, lo que implica mejorar la situación financiera del BPS, en tanto hay amplios sectores cubiertos por las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) que vierten ahorros a sus propias cuentas personales para asegurar un retiro en mejores condiciones.
En cuanto a la situación demográfica de Uruguay, según datos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social nuestro país se ubica entre las naciones con mayor proporción de personas por encima de los 60 años sobre la población total.
El envejecimiento de la población europea y la crisis fiscal de varios países empujaron a muchos gobiernos del viejo continente a retrasar la edad de jubilación mínima requerida, como es el caso de Italia, donde el gobierno aprobó --pese a la fuerte oposición de los sindicatos-- una reforma de la edad mínima, que para los hombres se eleva de 65 a 66 años en 2012 y a 67 en 2022, mientras que para las mujeres sube de 60 a 62 este año y se iguala a la masculina en 2022, en tanto algo similar ocurre en España y en menor medida en Francia y el Reino Unido.
Pero se trata de economías y tramados socioeconómicos que no son comparables, al fin de cuentas. En el Uruguay su sistema político, los actores directamente involucrados, más allá de las reflexiones filosóficas de Mujica, deben dejar de solo mencionar el tema y tenerlo presente para encarar decididamente respuestas en un futuro todavía más o menos lejano, y sentarse desde ya en torno a una mesa para contribuir a las soluciones que impliquen el menor trauma posible para enfrentar realidades muy complejas. Estamos consecuentemente ante fuertes condicionantes, porque la composición de los grupos etarios que componen nuestra población confirman este tendencia del envejecimiento poblacional y el sector de personas en edad pasiva no solo presionará el sistema de seguridad social, sino también toda la estructura de servicios en áreas tan vitales como la salud y la vivienda, lo que demandará a la vez recursos adicionales a los ya limitados con que contamos y en extremo condicionados.