Opinion | 17 Oct Un elemento crítico de la crisis mundial del trabajo es la dificultad que los jóvenes enfrentan para ingresar y permanecer en el mercado laboral. Los jóvenes son tres veces más propensos que los adultos, a quedarse sin trabajo. De acuerdo a las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del total de desempleados, aproximadamente 75 millones, es decir el 40 por ciento, son jóvenes.
Si al estimado de 152 millones de jóvenes viviendo con menos de 1,25 dólares al día se le agrega el número de jóvenes desempleados, se llega a un total de 227 millones de jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad en el mundo.
En Uruguay acaba de aprobarse la Ley 19.133 de Empleo Juvenil con el objetivo de promover el trabajo decente para los jóvenes. Apunta a estimular a las empresas privadas a la contratación de jóvenes para que tengan una primera experiencia laboral, prácticas laborales para estudiantes y beneficios tributarios para empresas que los contraten.
La iniciativa fomenta el trabajo decente y la promoción de los derechos laborales fundamentales, el empleo e ingresos justos, la no discriminación por raza, edad, género, orientación sexual, nivel socioeconómico o cualquier otro tipo. Además apuesta al tripartismo, la responsabilidad, participación y compromiso del sector público, empresas y organizaciones del sector privado, organizaciones de trabajadores y las personas jóvenes en general.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) elaborará y articulará las acciones y programas de promoción del trabajo decente juvenil en coordinación con los ministerios de Educación y Cultura y Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud, el INAU, ANEP, BPS y el Instituto de Empleo y Formación Profesional.
Según la ley, la promoción del trabajo decente juvenil deberá tener en consideración la situación de las personas jóvenes provenientes de los hogares de menores recursos, apuntando la continuidad educativa de los jóvenes y promoviendo las instancias de capacitación y pasantías que complementen la formación.
La ley viene acompañada por una importante expectativa social, en particular el grupo etario al que está dirigida, y es de esperar que su instrumentación prevea instrumentos ágiles y beneficiosos tanto para los jóvenes como las empresas contratistas porque es la única forma que una política pública de empleo juvenil funcione contribuyendo a abatir el desempleo en el sector y favorecer la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo.