Opinion | 18 Oct Lamentablemente, cuando desde el Interior se plantean y promueven desde hace ya muchos años argumentos serios para justificar --con creces-- la incorporación de un IMAE cardiológico en Salto y Tacuarembó, se supo que está “cocinada” a nivel gubernamental la instalación de un nuevo IMAE de estas características en Montevideo ya desde fines del año pasado, contrastando la celeridad en la respuesta respecto a las exigencias, demoras y requisito tras requisito que se exige al Interior.
Pese a las proclamadas virtudes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) sigue vigente como si tal cosa esta omisión hacia el Interior, y recientemente la ministra de Salud Pública hasta dijo que desconocía un planteo de Salto --que nos consta es formulado desde hace ya muchos años por sus fuerzas vivas y autoridades--; por lo tanto la única posibilidad vigente de un IMAE para el norte del río Negro rige para Tacuarembó, quizás el único hospital de la región que cuenta con la gracia del gobierno central --aun cuando es el peor ubicado para atender a la población del Litoral, que es la más numerosa--, al menos desde la asunción de Tabaré Vázquez a la presidencia hasta la fecha.
Una investigación periodística de El Observador arroja luz sobre el oscuro proceso que llevó a aprobar el último IMAE a fin de año para el Hospital Militar, promovido por dirigentes del Partido Comunista, al que el gobierno habría adjudicado este sector de la salud.
El matutino capitalino da cuenta de que el 26 de diciembre de 2012 “el presidente José Mujica firmó un decreto que marcó una historia teñida de intereses políticos y económicos: la del IMAE en el Hospital Militar”.
Indica que posiblemente confiado en los argumentos que el entonces ministro de Salud, el comunista Jorge Venegas, había plasmado en el decreto, “el presidente estampó su firma” para, con eje en el IMAE a crear en el Hospital Militar, concretar el Primer Programa Nacional de Asistencia Cardiológica Pública, “aportando cifras oficiales para justificar que mediante un convenio con ASSE se lograría reunir la cantidad de pacientes suficiente para garantizar el nivel mínimo de cirugías”.
El matutino subraya que el mandatario no consultó a nadie antes de firmar el decreto y “no imaginó el problema que se le vendría encima”, e indica que el cirujano comunista Mauricio Cassinelli “fue quien convenció al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, de la necesidad de crear un centro cardiológico en el sector público para absorber los millones de pesos que hoy quedan en los IMAE privados, tratándose de dinero del Fondo Nacional de Recursos (FNR), que proviene del Estado”.
Más allá de los manejos e intereses profesionales, económicos y de poder que subyacen, el cuestionamiento inmediato es que se está creando otro IMAE en Montevideo, cuando no hay ninguno al norte del río Negro, mientras Salto y Tacuarembó están esperando la habilitación desde hace años. La demanda de los departamentos lejanos de Montevideo, tanto del Litoral como del norte y el Este, va a dar a los IMAE capitalinos, ubicados todos en el entorno del obelisco de Montevideo, y el del Hospital Militar no va a modificar para nada esta arbitrariedad geográfica.
Pero una cosa es lo que se debería hacer para atender a los pacientes cardiológicos del Interior y otra muy distinta es como se atienden los intereses de todo tipo que convergen para hacer que la alta tecnología se concentre en Montevideo, que es la constante que el gobierno se resiste a cambiar, en omisión que han compartido tanto el Frente Amplio como los partidos tradicionales en el ejercicio del gobierno nacional.
Según El Observador “algunos creen que Mujica no sabía lo que hacía” cuando firmó el decreto que le puso en su mesa el exministro Venegas, pero otros sostienen que es una muestra más de su decisión de “regalar la salud al Partido Comunista”, pero “como sea, luego de escuchar otras voces amigas como la del vicepresidente de ASSE, Enrique Soto, (cardiólogo y expresidente del FNR) y la del director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, Mujica supo que el error ya se había cometido y que dar marcha atrás era ponerse a los comunistas en contra. Por eso se limitó a decir: ‘resuélvanlo’”.
Ocurre que no se trata de resolver una eventual crisis interna entre los sectores que pujan por parcelas de poder en el gobierno, sino en función del interés del país y sobre todo de los sufridos y postergados residentes en el Interior que deben viajar centenares de kilómetros para recibir atención cardiológica de urgencia, en viajes en que cada minuto que pasa conspira contra su posibilidad de recuperación e incluso peligra su vida.
Este es el elemento a “resolver” de una vez por todas, antes que seguir dándole vueltas y largas, sumando excusas y enunciados de buenas intenciones que hasta ahora no se han cumplido.