Paysandú, Martes 22 de Octubre de 2013
Nacionales | 21 Oct El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, anunció que el gobierno comenzó a trabajar en la implementación de la ley que libera la venta de marihuana bajo control estatal, puesto que su aprobación se considera un hecho, informó Subrayado. El texto, aprobado por la Cámara de Diputados en julio, recibiendo 50 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones (tres legisladores colorados no estuvieron presentes en sala), espera que en noviembre el Senado le otorgue la sanción definitiva.
El sistema de venta de marihuana regulado por el Poder Ejecutivo estará en funcionamiento en el segundo semestre de 2014, dijo el jerarca al diario El País. Tendrá un costo de un dólar por gramo; cada usuario deberá registrarse en un banco de datos que no se hará público y podrá comprar hasta 40 gramos al mes.
Calzada explicó que el precio se fijó de forma que “pueda competir” con los narcotraficantes, a quienes el gobierno espera arrebatar el mercado. “El mercado ilegal es de mucho riesgo y mala calidad”, contrariamente a lo que ofrecerá el Estado, aseguró.
“El costo de la marihuana en el momento del expendio se tiene que asimilar al rango en que se consigue la marihuana legal. Estamos hablando que el precio hoy del prensado paraguayo, que es lo que se suele vender acá, está en el entorno de un dólar el gramo. Por esto, vamos a poner la marihuana producida bajo control estatal también en el entorno de ese precio”, explicó.
Con un gramo de marihuana se puede armar un cigarrillo grueso o dos o tres más finos y se ofrecerá información a la población para que se conozcan otras formas de consumo, como la vaporización o la inclusión en comidas.
Según cifras de la JND, unas 120.000 personas consumen marihuana en nuestro país al menos una vez por año. De esa cantidad 75.000 lo hacen al menos una vez por mes y 20.000 todos los días.
REGASIFICADORA EN ROCHA, SEGÚN OPINÓ
PEDRO BORDABERRY
El líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, consideró que el mejor lugar para instalar la regasificadora es en el departamento de Rocha, donde se construirá además el puerto de aguas profundas. Entendió que Puntas de Sayago no es el mejor lugar, ya que es cuestionado por los vecinos por peligros ecológicos y de seguridad.
En su audición de Radio Rural, el legislador del Partido Colorado recordó que el puerto de aguas profundas era un deseo del ex presidente José Batlle y Ordóñez, quien desde hace un siglo hablaba de su importancia, y promovía su construcción en La Coronilla. Un puerto de aguas profundas “necesita tener muchas cargas, y eso significa que lleguen barcos, que haya movimiento”, agregó.
La regasificadora debería instalarse en Rocha, porque implicaría que el gasoducto Cruz del Sur llegara a Rocha, y “conectara el sur de Brasil con Argentina”, entendió Bordaberry, quien además manifestó que la boya petrolera de José Ignacio debería estar en las cercanías del puerto de aguas profundas.
Asimismo, el legislador colorado pretende lograr acuerdos con Bolivia y Paraguay para sacar su producción hacia el Atlántico desde la nueva terminal, lo cual haría “viable el sueño”, además de satisfacer la necesidad de cumplir con el incremento de la demanda de productos de la región.
EFECTIVOS URUGUAYOS EVACUARON MÁS
DE 300 REFUGIADOS EN CONGO
Efectivos uruguayos del Batallón Uruguay IV, que se encuentran en las cercanías de Pinga, en la República Democrática del Congo, debieron evacuar a más de 300 refugiados y personal del Hospital de la Villa, ante un ataque de las milicias rebeldes. Si bien los vehículos uruguayos recibieron fuego directo, no se registraron heridos entre los compatriotas.
Próximo a las 5.30, las Fuerzas Democráticas de la Liberación de Ruanda y Alianza Patriótica para la Liberación del Congo atacaron la villa de Pinga, en la zona de Kivu del norte, controlada por la guerrilla de los Mai Mai Cheka, informó el Ejército Nacional. Una patrulla de la Compañía Charly del Batallón Uruguay IV concurrió al hospital local para brindar seguridad, y personal de la misma adoptó un dispositivo defensivo en la base uruguaya, donde recibió a 300 desplazados.
Ante la situación que empeoraba se resolvió trasladar al personal del hospital y los refugiados hacia la base, lo cual se realizó bajo fuego, por lo que el personal uruguayo debió abrir fuego para lograr la evacuación.
Según el reporte del Ejército Nacional, el personal uruguayo atendió numerosos heridos entre civiles y combatientes de ambos grupos enfrentados, sin registrarse lesionados entre los compatriotas.
GASTOS EN VIVIENDA EN URUGUAY, LOS MÁS
ALTOS DE LA REGIÓN
Uruguay es el país de la región donde los consumidores realizan un mayor gasto en su vivienda, según los datos proporcionados al diario El País por la consultora Euromonitor International. Si se tiene en cuenta el dólar promedio del año pasado, el gasto de cada uruguayo equivalía a unos 4.816 pesos mensuales en 2012, cuya medición es per cápita, no por hogar.
“El gasto en alquileres de vivienda, alquileres imputados de vivienda, mantenimiento y reparación de la vivienda, agua y saneamiento y combustibles, electricidad, gas y otros”, son los factores que la consultora tiene en cuenta para su estudio.
El gasto promedio de los uruguayos duplica el de los chilenos, que ocupan el segundo puesto del ranking con 1.438 dólares gastados en el año. En tanto, con los países vecinos, la brecha es de 103% con Brasil y de 138% con Argentina. El resto de los países latinoamericanos registran valores por debajo del promedio regional, desde México con 993 dólares hasta Bolivia con 180 dólares.
VOTARÁN PROYECTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados votará mañana el proyecto de Ley sobre responsabilidad penal de los empresarios. La iniciativa fue presentado por el Frente Amplio (FA), y cuenta con el apoyo del Pit Cnt y el Sunca.
Asimismo, la Comisión citó para mañana al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, y representantes de la Cámara de la Construcción.
En declaraciones a Montevideo Portal, el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, dijo que está en desacuerdo con el proyecto y que no lo votará.
“No hay un vacío legal con relación a los accidentes de trabajo. Cuando un empresario actúa con deshonestidad es responsabilizado penalmente y hay antecedentes de empresarios condenados. Si el argumento es que no todos los casos llegan a la Justicia, a mi juicio no es solución hacer tabla rasa como se pretende responsabilizar a los empresarios por la presunción que no hay condiciones de trabajo. Eso generará desconfianza entre los empresarios y los trabajadores. Enturbia los buenos resultados que se concretaron en las negociaciones hasta ahora”, señaló el legislador nacionalista. “La solución es el diálogo y fortalecer la Inspección del Trabajo. Antes que aprobar el Proyecto deberíamos tener una Inspección de Trabajo más fuerte y con más recursos. No estamos dispuestos a votar el proyecto. Nos parece que esta solución establece un carácter peligroso”, sentenció.
UTE TIENE “PLAN B Y C” SI NO LLEGA A ACUERDO
El Directorio de UTE analizó el cronograma entregado por la empresa argentina Techint para finalizar la obra de interconexión eléctrica con Brasil.
El presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, dijo a Subrayado que UTE debe tener “la certeza de cómo va a evolucionar de aquí en más la obra”, pero destacó que todavía está pendiente “ponerse de acuerdo en el monto de un adicional de obra, en el cual hay diferencias de números y plazos”.
El jerarca no descarta rescindir el contrato si las diferencias continúan, agregando que existen tres escenarios posibles: uno de acuerdo, otro de rescisión acordada y otro de rescisión unilateral. “En cualquiera de los dos segundos escenarios ya tenemos preparados el plan b y el plan c”, aseguró Casaravilla.
El conflicto entre UTE y Techint es consecuencia de los errores de cálculo que obligarán a la empresa a cambiar más de 100 torres del tendido eléctrico en la obra de interconexión eléctrica con Brasil. Para UTE el error tiene un costo de 13 millones de dólares, pero la empresa reclama más de 30 millones. En tal sentido, la empresa constructora anunció el envío a seguro de paro unos 800 obreros, sobre una plantilla de 1.000, lo cual desató el conflicto en el sindicato de la construcción.
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