Paysandú, Miércoles 23 de Octubre de 2013

Sunca podría realizar paro generalizado y detener todas sus obras si no alcanza acuerdo con Techint

Nacionales | 18 Oct El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que desde ayer está realizando paros y cortes de trabajo, decidió otorgar un plazo de una semana a la empresa constructora Techint para que reintegre a los casi 800 trabajadores que envió al seguro por desempleo.
Si la empresa no alcanza un acuerdo con el gremio, los trabajadores realizarán un paro por tiempo indeterminado en las tres obras que la compañía tiene en el país.
“Estamos dando un plazo de una semana para que se reintegre a todos los trabajadores. Si en una semana los trabajadores no están reintegrados, vamos a convocar a un paro por tiempo indeterminado a todas las obras de Techint”, dijo a El Observador el dirigente del Sunca Richard Ferreira.
Explicó que la medida involucrará a los 1.700 trabajadores que la constructora tiene en las tres obras que realiza en nuestro país: en Cerro Largo, en Colonia (Montes del Plata) y en Maldonado. Asimismo, el Sunca resolvió también continuar con la asamblea generalizada que comenzó el pasado lunes. Los obreros de la construcción realizarán en los próximos días diferentes medidas progresivas en las tres obras de Techint, empresa que envió al seguro de desempleo a 800 trabajadores debido a que no logró llegar a un acuerdo con UTE respecto al sobrecosto que se generó con el tendido de alta tensión. Ferreira informó que en caso de que no se concrete la negociación, el sindicato resolverá la fecha del comienzo de la paralización el próximo 24 de octubre, cuando los trabajadores realicen una movilización nacional en el marco de los consejos de salarios.

JOSÉ MUJICA ACEPTÓ LA RENUNCIA DE SETELICH A AFE
El presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Jorge Setelich, finalmente abandonará su cargo, luego que el presidente José Mujica aceptara su renuncia.
El titular de AFE resolvió renunciar la semana pasada por ciertas diferencias con el director de la Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, acusando a las autoridades de esa cartera de manejarse con “mediocridad y soberbia”.
El sindicato del ferrocarril lo apoyó pero el Ejecutivo comunicó que el presidente José Mujica no aceptaba la renuncia y que había ordenado instrumentar inmediatamente la reforma de AFE.
Sin embargo, la postura no duró mucho tiempo, puesto que finalmente aceptó la renuncia, informó el semanario Búsqueda en base a fuentes del Poder Ejecutivo. Agregó también que si bien no fue anunciado quién será el sucesor de Setelich, se cree que será “una mujer sindicalista de mucho carácter”.
En tanto, en los pasillos de AFE se maneja que Setelich podría quedar como “asesor” de Presidencia.
“El presidente estaba estudiando la situación y tenía dos opciones, aceptar o no. Optó por la primera, está en todo su derecho y solo me corresponde actuar de acuerdo a lo que ha dispuesto”, señaló Setelich al portal 180.com.uy.
“Me quedo de acuerdo a lo dispuesto por el presidente, que representa la voluntad de la gente y que no es un actor secundario en la decisión”, enfatizó.

LLAVALLEJA: VOTACIÓN NO IMPEDIRÁ MINERÍA
El director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Martín Risso, declaró a El Espectador que los decretos departamentales u otras resoluciones similares como la votada el miércoles por los ediles de Lavalleja, no tendrán fuerza jurídica como para frenar un proyecto del gobierno nacional de minería.
Ademas se refirió a lo difundido por el semanario Búsqueda, sobre el que todavía no hay pronunciamiento de la intendencia de ese departamento.
“En parte que los gobiernos departamentales tienen una autonomía que está garantizada constitucionalmente”.
“En aquellas materias que está garantizada el legislador nacional no se puede meter, y ahí el gobierno departamental es amo y señor en la medida que solo está sometido a la Constitución. Justamente el tema del medio ambiente y de las explotaciones mineras no es algo que la Constitución reserve a la competencia de los gobiernos departamentales”.
“Por esto el legislador puede actuar en la materia y el gobierno departamental estará sometido a la Constitución y a la ley nacional”, explicó Risso.
Respecto a los efectos que puede tener la recolección de firmas que se hace en algunos departamentos sobre la minería, Risso indicó que “la iniciativa popular en materia departamental está prevista en la ley 9.515 de la década del 30, que es la ley orgánica de los gobiernos departamentales”.
“Se prevé que un grupo de ciudadanos puedan interponer una solicitud de que se dicte determinado acto jurídico frente a las autoridades departamentales”.
Destacó que estas resoluciones o recolección de firmas podrán tener efecto de tipo político, pero en lo jurídico no podrán evitar que el gobierno nacional continúe con el proyecto de minería.
“Desde el punto de vista jurídico puede generar algún tipo de dificultad pero a la larga si el gobierno nacional insiste será mediante las leyes vigentes o una nueva ley que se dicte que va a primar en la materia la voluntad del gobierno nacional”, concluyó.

BUSCAN CAMBIOS
EN LA JUBILACIÓN
El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou planteó modificar el sistema de seguridad con el objetivo de que cada persona pueda decidir en el momento de jubilarse por qué sistema quiere hacerlo.
El legislador entendió que el planteo del gobierno con el proyecto de ley que permitirá desafiliarse de las AFAP, puede perjudicar a más de 800 mil trabajadores. “Se les exige elegir su forma de jubilarse entre 40 o 50 años”, afirmó, agregando que en ese plazo no se les puede asegurar la mejor jubilación.
“Es como una lotería, es una timba para el que no pueda tener un asesoramiento real. Creemos que se generan perjuicios para el propio jubilado y para la sociedad que eventualmente va a tener que pagar más esa jubilación.
Hay problemas devenidos en caso de los herederos. Si una persona se pasa a BPS y fallece, no va a poder tener más el ahorro previo de las AFAPs con lo cual los herederos no van a poder tener ese ahorro”, afirmó Lacalle Pou, quien propondrá a la Comisión “que sea el propio Estado cuando una persona llega a la ventanilla, el día de jubilarse, que le asegure la mejor jubilación y cuál es la mejor forma de pagarle.
Con esto atamos las dos puntas, mejor jubilación para la persona y al Estado le cuesta menos esta jubilación”.
Añadió que “se tiene que ir directamente al sistema mixto, que se tenga mitad en el BPS, mitad en las AFAP y cuando se vaya a jubilar que se le diga ´mirá tu jubilación es mayor por el sistema mixto o por el BPS”.
Criticó que se le pida al trabajador elegir sin tener “la más mínima noción” de cuál va a ser el mejor sistema.


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