Opinion | 22 Oct El Parlamento nacional ingresó en un período de trabajo febril donde deberá tratar antes del 26 de octubre las iniciativas que posibilitan la desafiliación de las AFAP de los trabajadores de 40 a 50 años, la compatibilidad de las jubilaciones de Industria y Comercio con actividades artísticas, las jubilaciones parciales, la extensión de la licencia por maternidad, la iniciativa que otorga facilidades de pago de los adeudos del BPS, la creación de la Universidad de la Educación que eleva al rango universitario a la carrera docente, además de la regulación de la venta del cannabis y el proyecto que regula la venta de alcohol, cuyo tratamiento ha sido definido como prioritario para el Frente Amplio.
La fecha límite significa que el próximo sábado finalizará el plazo para votar normas que impliquen gastos o generen nuevos cargos públicos. El sistema bicameral uruguayo prácticamente no tendrá tiempo de debatir y aprovechando las mayorías --salvo para la creación de la Universidad de la Educación, donde deberá negociar los dos votos que faltan--, el Frente Amplio no se detendrá en escuchar al Partido Nacional que solicita, por ejemplo, postergar la aprobación de la nueva ley de AFAP. Incluso en la propia interna frenteamplista, cayeron tarde en la cuenta que el proyecto de ley de regulación del cannabis, se crea el cargo rentado de director del Instituto Nacional de Regulación del Cannabis (INRC), que debe aprobarse un año antes de las elecciones nacionales. Como no se incluyó en la Rendición de Cuentas, debería quedar para el próximo período de gobierno.
La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero los senadores debieron reunirse en la víspera para resolver sobre este pequeño inconveniente que marcaría la votación de una ley posterior que elimine el cargo para que el INCR quede en manos de otros jerarcas ministeriales o de Presidencia.
Con el apuro de comenzar a regir en el segundo semestre de 2014, el proyecto de ley deberá tener cualquier salida, por más desprolija que sea.
O la regulación del consumo del alcohol, también definida como prioritaria por el partido de gobierno, aunque la ministra de Turismo, Liliám Kechichián, reclame un debate profundo ante la advertencia de que afectaría a las actividades turísticas.
Estas maratónicas sesiones no son nuevas y siempre ocurre lo mismo a esta altura del año. Tal como se detalla más arriba, son iniciativas importantes, algunas de encomiable votación y otras discutibles, pero de todas dependerá el bienestar y la convivencia ciudadana. Por tanto, no merecen aprobaciones sin debates ni rápidas consideraciones, solo porque de ellas dependan los consabidos costos políticos. Aunque desde ya podemos asegurar una cosa: no importa lo que se vote, el resultado será “aprobado por la mayoría”.