Nacionales | 23 Oct En conferencia de prensa, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, anunció que el gobierno decidió adjudicar los dos nuevos canales de TV digital privada a Saomil SA (VTV) y al consorcio Giro (integrado por La Diaria y la cooperativa Demos).
Tras varios días de análisis, se resolvió otorgar un canal a Giro en lugar de Pop TV, puesto que el primero había apelado la decisión luego de haber sido el primer puntuado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), que encontró debilidades en la faz económica del proyecto cooperativo.
“El punto central es que Giro había presentado un buen proyecto comunicacional, que va a ser muy importante. Pero ese buen proyecto sobre la producción nacional, de ficción, de comunicación que se evaluara de forma muy positiva, tenía problemas de aspectos formales y económicos. En la resolución inicial hicimos hincapié en que los puntos sobre la capacidad económica debían ser aclarados. Esa es la palabra exacta, en el sentido de clarificar, porque así como se habían presentado la primera vez, no eran suficientes. Queremos proyectos de calidad, plural, y que sean sustentables, y que puedan iniciarse. El cambio es que la contestación de las vistas, tras el análisis jurídico, levantan esas objeciones y Giro retoma su lugar”, indicó Kreimerman.
Por su parte, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, agregó que los integrantes de Consorcio Giro “presentaron dos elementos que nos resultan fundamentales porque fundamentan el levantamiento de las objeciones”. Además se refirió a las “posibilidades que favorecen a los proyectos cooperativos por la ley de cooperativas, que reconoce y otorga posibilidades de capitalización y financiamiento distintas de las sociedades comerciales. Habilita a la capitalización de hasta un 50% de su patrimonio mediante emisión de participaciones de interesados en participar a su riesgo del proyecto”.
Consultado sobre por qué no estuvo presente en el anuncio el presidente Mujica, Kreimerman explicó que “con el presidente estuvimos reunidos hasta hace 15 minutos tomando la resolución, además antes estuvimos reunidos en su casa. Le corresponde al ministerio porque el presidente tenía otras actividades y explícitamente nos delegó la comunicación, entendiendo el procedimiento, que se hizo de forma ordenada y jurídica”.
“Acompaño la definición, está muy claro que el sistema era de otorgar vistas y evaluar en forma objetiva, adecuada a la ley, si eran levantados los descargos. Aquí se ha dado fiel cumplimento al proceso”, puntualizó el jerarca.

PROCESAN SIN PRISIÓN POR EL FOTOCOPIADO DE LIBROS DE ESTUDIO
La Justicia procesó sin prisión a 14 de los 32 detenidos por el fotocopiado “ilícito” de libros de textos de estudio, lo que derivó en diversos allanamientos de locales y el cierre de unos 15 comercios en Galería Montecarlo, ubicada frente a la Universidad de la República. Los procesados son los dueños de los locales. En tres de los casos los detenidos tenían “antecedentes penales”, pero los delitos fueron cometidos hace más de 10 años. La fiscal en tanto, solicitó que se donen los libros fotocopiados a la biblioteca de la Facultad de Derecho.
En el marco de una investigación por “delitos contra la propiedad intelectual”, el lunes se llevó a cabo un operativo, a partir del cual la Policía de Crimen Organizado e Interpol detuvieron a 32 personas que debieron declarar ante la jueza especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, y la fiscal Mónica Ferrero.
En el operativo se incautaron unas 80 máquinas industriales de fotocopiado, en un procedimiento que se realizó en 15 comercios que se dedicaban al fotocopiado de libros enteros, y no de capítulos o segmentos, además de 250 libros de autores reconocidos.
La denuncia fue presentada hace más de dos años por la Fundación de Cultura Universitaria. “En los centros allanados se realizan copias ilícitas de obras completas de varios autores nacionales”, expresaron los denunciantes.

TRES RECLUSOS FALLECIERON EN EL COMCAR
Dos reclusos fallecieron durante un incendio y motín en el centro penitenciario Comcar, ocurrido la madrugada de la víspera, mientras otro interno murió ayer luego de un entredicho entre “rancheros”. El último fallecido recibió una herida cortopunzante en el cuello, apenas fue realojado en uno de los patios del Módulo VIII.
El incendio y el motín comenzaron en la medianoche del martes en el módulo 1, donde participaron 60 reclusos y la situación recién logró ser controlada por la guardia y la Policía a las 3 de la madrugada. Si bien no se conocen oficialmente las razones del motín, los reclusos estaban realizando una serie de protestas por el maltrato a familiares que concurren a la visita. Los dos presos fallecidos tenían 28 y 40 años, respectivamente, siendo el más joven procesado por un delito de hurto especialmente agravado, mientras el otro lo había sido por un delito de violación de domicilio.
En tanto, cuatro reclusos permanecen internados, mientras un efectivo policial presentó lesiones con posible fractura de clavícula. Varias celdas sufrieron daños y quedaron inhabilitadas por el momento. Los reclusos fueron realojados en uno de los patios del Módulo VIII del Comcar.

PROYECTO DE LEY PARA RECUPERAR LOS DOCUMENTOS
El diputado del Partido Independiente (PI) Daniel Radío presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley para que las víctimas de un robo puedan volver a sacar los documentos robados en forma gratuita.
En declaraciones a Montevideo Portal, el legislador informó que proyecto surgió en el marco de una serie de iniciativas que ponen el foco en las víctimas, como ser la ley 19.039, que establece una pensión a las víctimas de delitos violentos. Agregó que generalmente las víctimas de un robo son “castigados en segundas nupcias” cuando tienen que volver a pagar el costo de los documentos públicos. Dijo también que en muchas ocasiones el dinero que se utiliza en su recuperación es mayor que el monto robado.
Radío dijo que se otorgará el mismo documento manteniendo la fecha de vencimiento, de manera que el mecanismo no sea utilizado para evitar los costos de la renovación. Añadió que siempre se reclamará la denuncia policial.
Asimismo, solicitará a la Comisión de Constitución y Código que la iniciativa sea tratada rápidamente y adelantó que seguramente contará con el apoyo de todos los partidos políticos. “Hay altas chances de que se le dé un trámite rápido”, afirmó Radío, asegurando que será aprobada por la Cámara Baja antes de fin de año.