Opinion | 21 Oct El marcado déficit habitacional que se ha generado desde hace décadas en nuestro país se ha traducido inevitablemente en grandes dificultades para el acceso a la vivienda por familias de menores recursos, a partir de una brecha excesiva entre el poder adquisitivo en los salarios e ingresos medios de un núcleo familiar, y el costo de la construcción, sumado al problemático y costoso acceso a terrenos adecuados para edificar.
Como regla general debemos tener presente que cada gobierno ha traído su propia receta para solucionar el problema habitacional de los uruguayos, pero la realidad indica que siempre los recursos volcados han sido escasos ante las necesidades de financiación a través del Estado, y en el caso de los privados no se ha contado con créditos ágiles y en plazos realmente adecuados a los desafíos que plantea el costo de construir respecto a los ingresos de la familia.
En suma, el traer cada uno su receta ha obstado para que se lleven adelante políticas de Estado en la materia, que evite por ejemplo las reticencias a asumir el costo político de exigir el repago en tiempo y forma de muchos de quienes se han beneficiado con estos créditos y sin embargo a la hora del repago no suelen cumplir con sus compromisos, y por ende contribuyendo a que escaseen los recursos para las siguientes generaciones que aspiran a solucionar su problema habitacional por la misma vía.
En el caso de la Administración Mujica, el mandatario se apresuró a querer “soplar y hacer botella”, cuando pocos días después de asumir proclamó que “en quince días estaremos construyendo viviendas”, cuando ni siquiera había planes para llevarlos adelante ni se habían dispuesto los recursos correspondientes, que tampoco han aparecido hoy en la magnitud esperada.
Estudios de gremiales que reúnen a quienes atienden la problemática de la vivienda, indican que más del 40% de la población tiene actualmente dificultades para el acceso y la permanencia en viviendas.
De acuerdo a esta información, solo el 54,2 de los uruguayos es propietario, en tanto el 28,1 por ciento es ocupante y el 17,8 por ciento es inquilino o arrendatario, aunque existe heterogeneidad de situaciones en el marco de la vivienda, pero con una máxima que siempre debe tenerse presente: por más vuelta que se le de: solo construyendo o lanzando viviendas al mercado se puede combatir el déficit habitacional, poniendo el alcance de los grupos de menores ingresos unidades habitacionales para la compra o alquilar, como elemento primario.
Igualmente, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), se hacen “intervenciones” que permiten atacar otras realidades inherentes al déficit habitacional, y que pese a no incorporar unidades habitacionales para atender la demanda, conllevan restaurar, reconvertir, refaccionar, ampliar o mejorar construcciones que por problemas de mantenimiento y recursos de sus propietarios han quedado postergadas.
El punto es que la mayoría de estas construcciones a recuperar y mejorar cuentan con servicios y por lo general con buena ubicación en la planta urbana, y por lo tanto no sufren el costoso problema de tener que extender servicios a las zonas donde se adquieren terrenos para viviendas de interés social.
Por lo tanto estas intervenciones, que se hacen frecuentemente por convenio del ministerio con otros organismos, como es el caso de las intendencias departamentales, resultan relevantes para atender sectores de la población que requieren de un crédito blando” para recuperar o rehabilitar sus viviendas. En el caso de los convenios para rehabilitación y ampliación entre el Mvotma y la Intendencia Sanducera, por ejemplo, ya cientos de familias han accedido a este tipo de créditos, a un plazo de cinco años, sin interés, pagaderos en unidades indexadas (UI) y con un componente de subsidio del orden del 30 por ciento, que han resultado un aporte sustancial para quienes han reunido los requisitos para ingresar en estos programas. Es decir que se están gradualmente incorporando respuestas a medida para las necesidades de sectores de la población con dificultades para acceder a viviendas de interés social, aunque naturalmente, todavía hay numerosos grupos, decenas de miles de familias de todo el país, que por una razón u otra no califican para acceder a programas de vivienda que atiendan su situación, y ello explica que pese a que se esté más o menos avanzando en la problemática habitacional, el déficit subsista.
En diálogo con EL TELEGRAFO, el ministro de Vivienda Francisco Beltrame hizo referencia a la importancia de los planes de rehabilitación de vivienda, que a su juicio “son clave para atender el stock existente que presenta dificultades”, y reconoció que “si pensamos que el problema de la vivienda lo podemos resolver pura y exclusivamente con la construcción de vivienda nueva, claramente que no dan los recursos y vamos a demorar mucho más”, por lo que consideró que es preciso atacar el problema “a dos puntas”, es decir por un lado recuperando y manteniendo lo que ya se tiene y, por otro lado, construyendo.
Lo que es muy cierto, pero sin dudas que este ataque a dos puntas, como gusta decir el secretario de Estado, y dentro de una gama de opciones que también incluyen por ejemplo el cooperativismo de vivienda y otras intervenciones, requiere más recursos y respuestas integrales con mayor poder de fuego, para que realmente la brecha entre la oferta y la demanda pueda reducirse dentro de un plazo más o menos razonable, y no seguir corriendo de atrás, como lo seguimos haciendo, por mejores intenciones que se tengan.