EN EL ESTADO URUGUAYO

Nacionales | 27 Oct Desde la víspera quedaron habilitadas las reestructuras funcionales en todos los ministerios, permitiendo –entre otras cosas-- la presupuestación de 2.000 funcionarios. Los sindicatos podrían presentar recursos, pero no se movilizarán.
El director de Secretaría del Ministerio de Economía (MEF), Pedro Apezteguía, dijo a El País que las reestructuras fueron diseñadas por cada uno de los ministerios y tendrá como consecuencia la presupuestación de 2.000 funcionarios que hasta ahora tenían un contrato precario.
Está previsto que ingresen en un régimen de provisoriato por un período de entre 6 y 15 meses. Cumplido el plazo pasarán a gozar del estatus de funcionario público con plenos derechos y mantendrán las obligaciones del contrato anterior.
El costo que fijó el Presupuesto Nacional para las reestructuras ministeriales es de unos US$ 17 millones por año. “Todos los incisos hicieron una evaluación de la cantidad de contratos temporales y crearon la cantidad de cargos presupuestados que les pareció adecuada en los últimos lugares de los escalafones respectivos”, aseveró Apezteguía.
El jerarca entiende que las reestructuras no implican un aumento en la plantilla del Estado sino un cambio en la modalidad de vinculación laboral.
Los sindicatos de la Administración Central nucleados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) no tienen previsto realizar movilizaciones contra las reestructuras, puesto que los cambios van en línea con algunos de sus reclamos.
No obstante, ya hay un recurso administrativo contra la reestructura. Fue presentado por el sindicato del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. También se maneja que el Sindicato de Loterías y Quinielas podría hacer lo mismo. Este tipo de recursos no tiene efecto suspensivo.
Desde el mes de agosto pasado rige el nuevo estatuto del funcionario público, que establece ocho horas diarias y alcanza a los 2.000 presupuestados, a partir de las reestructuras que comenzaron a regir ayer.

FIRMA DE LORENZO CONDONA DEUDA
Para dejar sin efecto la deuda que la DGI le reclama al empresario Francisco Paco Casal, Mujica necesita que Lorenzo firme la resolución presidencial y si accede, revocará el acto de determinación tributaria por US$ 10 millones que él mismo avaló.
En 2008, Astori firmó el primer acto de determinación tributaria por más de US$ 100 millones contra el Grupo Casal y fue Lorenzo quien, tras el fallo de la Justicia Penal que desestimó la defraudación tributaria, firmó en 2009 un nuevo acto de determinación tributaria, aunque esta vez por casi US$ 10 millones.
Ahora, Mujica le pide a Lorenzo que revoque lo que él y Astori no solo avalaron tiempo atrás sino que aún defienden. Con los informes de los fiscales de gobierno Miguel Angel Toma y Daniel Borrelli, el primero detectó irregularidades en el proceso iniciado por la DGI y el segundo concluyó que Casal no debe nada, el Ejecutivo quiere apurar la negociación con Casal antes de que se pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el expediente con más de 7.000 fojas, donde está casi seguro que cosechará un fallo adverso.
Si Casal gana en esa instancia, el Ejecutivo se quedará sin margen de negociación y la posibilidad de una demanda millonaria fue puesta sobre la mesa por la propia defensa del contratista.
Mujica propone revocar los actos de la DGI y el Ministerio de Economía mediante una resolución presidencial por la vía de acuerdo con Lorenzo. Es el instrumento jurídico más idóneo --aunque no el único-- y para este tipo de casos requiere la firma del ministro.
Fuentes allegadas a Astori consultadas por El País indicaron que sería una “pésima señal” política condonarle la deuda a Casal, con consecuencias institucionales sobre un organismo “fundamental” para el Estado como la Dirección General Impositiva.

UTE ADELANTA PAGO Y TECHINT RETOMA OBRA
Mañana la empresa Techint retomará las obras de interconexión eléctrica con Brasil. UTE le adelantará US$ 2 millones por mes del costo total, condicionado al avance de obra y en cuanto al sobrecosto, el ente pagará un máximo de US$ 15,5 millones.
Diez días después de resolver el despido o envío al seguro de paro de 750 obreros y paralizar las obras de interconexión eléctrica con Brasil, Techint firmó un acuerdo con UTE para retomar los trabajos. La empresa argentina y el ente firmaron un acuerdo que pone fin al diferendo y establece el compromiso de entregar la obra finalizada en mayo.
El acuerdo que había sido avalado por unanimidad en el directorio de UTE implica que Techint retoma las obras con todos los trabajadores que tenía en su plantilla antes de resolver su envío al seguro de paro o despido, mientras que el ente le adelantará US$ 2 millones por mes a Techint para solucionar así los problemas financieros que le impedían hacer frente a los costos del día a día.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, explicó que el compromiso incluye que “mes a mes UTE hará un adelanto por US$ 2 millones que se vincula con el compromiso de ejecución de ese mes y que se entrega con un contravalor, es decir, contra una garantía bancaria por el valor de ese adelanto. Además, cada mes se hace el pago del avance de obra, por lo tanto se descuenta el adelanto entregado”.
El compromiso también puso fin al diferendo por el pago del sobrecosto de la obra. Un error de cálculo sobre el terreno donde se colocarán las torres para el tendido eléctrico llevó a que se debieran modificar las características de unas 100 de las 800 torres que incluye la totalidad de la obra.
Casaravilla explicó a El País que el acuerdo firmado ayer estipuló que UTE pagará US$ 14,5 millones si la Fundación Ricaldoni estima un monto inferior, pero no pagará más de US$ 15,5 millones si el sobrecosto supera ese monto.

CORTE RECHAZÓ PLEBISCITO
La Corte Electoral desató el enojo de la denominada Comisión Tacuarembó por la vida y el agua al rechazar las pretensiones de ese grupo de ciudadanos de someter a plebiscito la explotación de la minería a cielo abierto.
Pese a que ese grupo presentó la cantidad de firmas necesarias para habilitar la consulta --unas 13 mil rúbricas-- la mayoría de la Corte consideró, por distintas razones, que el plebiscito no correspondía. Los representantes del Frente Amplio señalaron que si bien el mecanismo de la iniciativa popular departamental está vigente, la explotación de la minería a cielo abierto excede los atributos de los gobiernos municipales.
En tanto, representantes de la oposición sostuvieron que, además, el sistema del plebiscito departamental fue derogado en la reforma constitucional de 1942.
La mayoría de la corporación entendió que para evitar la explotación minera, toda la extensión del departamento de Tacuarembó debería ser declarado “reserva natural”, lo que impediría incluso la actividad agropecuaria.