Locales | 27 Oct Con “ánimo optimista de tener un tercer gobierno del Frente Amplio”, Constanza Moreira, senadora y precandidata a la Presidencia de la República, mantuvo contactos en Paysandú en su primera visita como aspirante a este cargo.
Consideró que “es positivo para el Frente Amplio ir a las elecciones con dos candidaturas” pero que esto aún debe ser aprobado en la interna de los órganos de decisión partidarios y, en caso de resultar así, su sector solicitará “igualdad de condiciones en trato, uso de infraestructura y recursos”.
Con una campaña que ya está comenzando a tener “mucho impacto en las redes sociales” y con características “más inorgánicas” --ya que cada vez hay más gente que se expresa a favor de la candidatura pero que está vinculada a sectores que han tomado decisiones orgánicas de apoyo a la candidatura de Tabaré Vázquez--, se presenta la alternativa a la candidatura del ex presidente.
“Con miras a un tercer gobierno del Frente Amplio, el Uruguay enfrenta dos ecuaciones importantes: la primera es política y refiere a que el Partido Nacional y el Partido Colorado van a tender a aliarse entre sí, por lo que el Frente Amplio va a tener que desarrollar tanto para la elección nacional como las departamentales una estrategia política de ser el 50% más uno, lo cual a nivel departamental genera otros desafíos”, dijo a EL TELEGRAFO, acompañada por el presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Ricardo Fleitas, y el diputado Carlos Coitiño (PDP).
“En segundo lugar, para profundizar los cambios y profundizar lo que se tiene, necesitamos conseguir una mayoría parlamentaria propia en 2014”, sostuvo. Explicó que “sin mayoría parlamentaria propia al Frente Amplio se le complica mucho en aspectos programáticos” y a modo de ejemplo, señaló que “la Universidad de la Educación está prácticamente trancada porque el Partido Colorado no da sus votos para la votación en el Senado y lo que está en juego es la autonomía y el cogobierno de la próxima Universidad”.

VARIOS DESAFIOS
Sostuvo la precandidata que con una tasa de crecimiento promedio que se ubica entre el 4% y 5% anual en los últimos diez años, Uruguay “enfrenta el desafío de un incremento de la actividad económica que no tiene sustento energético ni de infraestructura”; a la vez que debe atenderse también al cambio registrado en la matriz productiva de la ganadería a la agricultura extensiva.
Dijo también que hay que atender “la ecuación distributiva”, es decir, “cómo hacemos para que ese crecimiento haga que 3.200.000 personas de un país que terminará teniendo un producto de 50.000 millones de dólares --y que se triplicó a partir de la crisis en adelante--, se transforme en una triplicación del bienestar de los hogares”.
En este sentido, indicó que “es necesario aprovechar el gran crecimiento de la exportación de productos primarios para generar cadenas industriales con valor agregado a nivel nacional, en interrelación con Brasil y Argentina. Eso requiere integración regional y políticas sectoriales activas para no vernos conducidos a una reprimarización de la economía, como la que está provocando la demanda china en Brasil”.
También se manifestó a favor de “ir desgravando al trabajo y aumentar los gravámenes al capital”, por lo que se debe discutir “una política partidaria para corregir la desigualdad”.
“El otro gran correctivo de la desigualdad es el gasto público y para eso tenemos que mejorar la calidad de los servicios de educación y salud y el mejoramiento de los precios de la canasta básica --incluidos los alquileres-- , ya no solo para los más pobres sino para la clase media. Se hizo un gran esfuerzo en atender a los más pobres --aún hay 200.000 personas que viven en condiciones paupérrimas-- pero también debemos universalizar servicios de calidad para los sectores medios”, afirmó.
En cuanto a la educación, dijo que si bien “fue la política más universal e igualitaria que tuvo el país en su tránsito a la modernidad desde la reforma valeriana del siglo XIX y la educación históricamente ha sido orgullo de los uruguayos”, hoy está con problemas, los cuales vienen desde mediados de los 60, extendiéndose hasta fines de los 90 y se vinculan a que “la educación adoleció de contar con recursos humanos y financieros suficientes y, a su vez, la dictadura representó la expulsión de miles de docentes del sistema educativo”.
Consideró que hay que seguir aumentando el gasto en educación y realizar también cambios en la redistribución de los recursos asignados a los diferentes niveles educativos. “Argentina destina el 6% del PBI a la educación, Finlandia el 8% y nosotros asignamos un 4,5%. En la Educación Media debería haber una inversión más masiva de recursos porque es donde tenemos problemas mayores y una gran deserción docente porque los profesores desertan hacia áreas de mayor remuneración relativa”.
“Con una tasa de desempleo baja los recursos humanos calificados migran al que les paga mejor. A su vez, también hay una caída de los egresos de docentes en los centros que los forman, incluso de maestros. Un maestro recién egresado tiene un sueldo de aproximadamente 17.000 pesos y cualquier empleado del Estado entra ganando más o menos eso. Hay que tener en cuenta que los incentivos para encontrar trabajo en otro lado y para estudiar otras cosas son importantes”, dijo.
En consecuencia, opina que “hay que remunerar mejor y procesar algunas transformaciones en los niveles de exigencia del currículum” porque la tasa de repetición en Secundaria “es disparatada”. “Hay que bajarla y si para eso hay que reducir los niveles de exigencia y adecuarlos al que pueden llegar los alumnos, habrá que hacerlo”, pero además se necesitan “docentes bien pagos y con dedicación exclusiva en una comunidad educativa”. “Eso no es un tema solo de recursos sino de gestión de los recursos humanos. En definitiva, se requiere más asignación global de recursos a la educación y más priorización a Secundaria”, puntualizó.