Paysandú, Viernes 01 de Noviembre de 2013
Locales | 01 Nov El codirector del semanario El Eco de Colonia, Daniel Roselli, enfrenta un juicio por difamación e injurias por publicar que el jefe de Inspectores de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez Torterolo (cargo de confianza del intendente Walter Zimmer) tenía centenares de boletas de contravenciones (multas) mal archivadas (cajoneadas). Dos audiencias se han cumplido en el Juzgado Letrado de Carmelo, a raíz de la denuncia presentada por Sánchez Torterolo contra periodistas de El Eco, afirmando que es totalmente falsa la información aparecida y que se sintió atacado en su persona. El medio sostiene que existe una investigación administrativa en la referida Intendencia sobre el manejo del tema multas e incluso que la Junta Departamental se está ocupando del tema.
En la audiencia del pasado martes, se reconoció que hay más de 300 multas “mal archivadas” --como publicó el semanario-- y deberán ser presentadas a la Justicia en la próxima audiencia penal.
“Estamos esperando que la Intendencia envíe al Juzgado las boletas que tenía mal archivadas” dijo a EL TELEGRAFO el codirector de El Eco, Daniel Roselli, que fue también el redactor de la nota periodística donde se denunció la irregularidad.
La justicia Letrada de Carmelo, representada por la jueza Ana Claudia Aberastegui y la fiscal Alicia Ghione, dieron cabida al juicio, en lo que juzgan como “un claro y contundente acto de castigo al derecho de informar”.
DENUNCIA CONFIRMADA
Establecen los periodistas de El Eco que “se confirmó que al menos existen 330 contravenciones (multas) archivadas. ¿Cómo surgió ese dato en la audiencia? Fue la funcionaria de Tránsito de la Intendencia de Colonia, Gladys Calderón, quien lo dijo cuando declaró en el caso”.
Además, señalan que “en la audiencia del viernes 18, el propio secretario general de la Intendencia de Colonia, Pablo Manitto, dijo que en esa dependencia de Tránsito había muchas desprolijidades.
El juicio sigue. Sánchez Torterolo es defendido por la Dra. Giovana Mello, y Daniel Roselli por el Dr. Enrique Erramouspe.
En la próxima audiencia deberán declarar --que están citados y no acudieron-- el director de Tránsito, Mario Leiva, y el secretario general de Adeom, Angel Long. Por su parte, la jueza Ana Claudia Aberastegui solicitó un informe de por qué se archivaron esas boletas y además se tendrán que presentar los originales de las 330 multas archivadas incorrectamente.
PREOCUPACIÓN
El caso despertó preocupación a varios niveles de quienes ejercen el periodismo, y el Grupo Medios y Sociedad (GMS) recuerda que en el año 2009 el país aprobó la ley 18.515 que despenalizó los delitos de comunicación.
La reforma estableció que no tiene responsabilidad aquella persona que difunda información de interés público, sobre funcionarios públicos, sin mediar real malicia. Este concepto es muy estricto, puesto que se incurre en real malicia actuando con absoluto desprecio por la verdad o con negligencia periodística, pero todo aquello que es polémico o incluso imprecisiones propias de una información difícil de corroborar, no ingresan en este concepto.
Asimismo, GMS recuerda a jueces y fiscales que la ley 18.515 obliga a los operadores de Justicia a interpretar los conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del sistema universal de protección de los derechos humanos.
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