Opinion | 01 Nov En las últimas horas han saltado nuevamente al debate político dos temas controvertidos, a dilucidar en el ámbito del gobierno central, que es precisamente el que tiene competencias en su problemática, pero el eje del debate al respecto se ha desplazado de la real esencia en juego, a nuestro juicio.
Por un lado, la decisión del Poder Ejecutivo de autorizar la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en el Hospital Militar provocó un revuelo entre los médicos, que lanzaron acusaciones sobre afinidades políticas en el proyecto, mientras el hospital habla de “estigmatización” de su personal y repudia el ataque de los gremios médicos.
En las últimas horas la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas reivindicó su derecho a completar la instalación de un centro de cirugía cardíaca de alto nivel en el Hospital Militar para atender a sus 170.000 afiliados y complementar el centro que funciona en el Hospital de Clínicas, según indica El País. Se trata de un nuevo eslabón en la cadena de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y las gremiales de médicos y anestésico quirúrgicos, luego que el Ministerio de Salud Pública (MSP) autorizara a Sanidad Militar a completar ese centro especializado. En conferencia de prensa, el director de Sanidad Militar, general Guido Manini Ríos, denunció la existencia de una “campaña periodística” en contra de la instalación de este centro y a favor de abrir un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en el interior del país, y una “estigmatización” de médicos por sus afiliaciones políticas. A su vez el polémico ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ante las críticas de médicos a la decisión de abrir un IMAE en el Hospital Militar, acusó a esos profesionales de integrar una supuesta “mafia blanca”, lo que generó la reacción del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y de la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ).
Pero más allá de la controversia por conflicto de intereses, el punto es que en Montevideo hay cinco IMAE privados y uno en el hospital universitario que funciona en el ámbito público desde hace unas tres décadas, mientras en el Interior no se ha creado ninguno. Y por ejemplo, un instituto de este tipo en Salto asistiría a una población de más de 300.000 habitantes de ese departamento, Artigas y Paysandú, cuando menos, que están conectados por buenas carreteras pero que están a al menos a 6 horas de viaje de cualquier IMAE montevideano.
En otro orden, los cinco estudios ganadores del concurso de ideas del Antel Arena a erigirse en Montevideo en lugar del derruido Cilindro Municipal presentaron sus anteproyectos avanzados en un evento en la Torre de las Telecomunicaciones. En cuanto al proyecto, la presidenta de la empresa, Carolina Cosse, comentó que el costo será de 40 millones de dólares y que la construcción durará dos años. Para Rafael Alanis, del equipo de Héctor Berio Lucas y Arturo Silva Montero, “los costos van a depender” de diversos factores --como por ejemplo el ordenamiento del predio-- y estima que la obra durará 3 años.
Hasta acá algunos aspectos esquemáticos de las líneas del debate en los dos temas y que por un lado refiere a un debate entre políticos y médicos por celos profesionales y “mafias blancas”, como dijera el ministro, porque se quiere contar con un IMAE de carácter público, aparentemente, cuando hay varios IMAE privados instalados a pocos centenares de metros.
Por otro lado, en el caso del Antel Arena, se subraya por los opositores --con alto grado de razón-- que el hacer estadios no está entre los cometidos del ente, y que este tipo de inversiones --más bien, gastos-- por fuera de sus funciones específicas, sin siquiera mejorar un ápice los servicios ni abaratarlos, se genera mediante recursos por la aplicación de sobrecostos a los miles de usuarios del organismo en todo el país.
¿Y qué tienen de común ambas discusiones en que se han enfrascado los profesionales y políticos en el poder? Pues que está ausente el verdadero eje de la discusión, que es una vez más la demostración de una práctica del más rancio centralismo, porque a nadie se le ocurre siquiera pensar en lo que le pasa o lo que piense el Interior en todo esto, que no solo no lo beneficia en absoluto sino que hasta paga la fiesta.
Por un lado, se generó con particular agilidad la gestión de los trámites para instalar el IMAE en el Hospital Militar, superándose en poco tiempo los problemas, cuando todo el Litoral Norte, sigue sometido a los vaivenes del Ministerio de Salud Pública y no ha podido concretar todavía la instalación de un IMAE Cardiológico en Salto y Tacuarembó.
A la vez, en el caso del Antel Arena, el organismo vuelca más de cuarenta millones de dólares que aportan los usuarios de todo el país, solo porque la Intendencia de Montevideo no tiene dinero para levantar su malogrado “Cilindro”, un nuevo estadio que servirá solo a los montevideanos, mientras emprendimientos culturales de todo el Interior, incluyendo el teatro Florencio Sánchez de Paysandú o la Basílica siguen huérfanos de apoyo del gobierno central, lo que habla a las claras de que sigue habiendo hijos y entenados en el Uruguay, con el Interior siempre postergado en las prioridades.
Y la pregunta que cabe formularse es ¿dónde están los diputados que fueron elegidos por los ciudadanos del Interior, sobre todo los del partido de gobierno, cuando una y otra vez se atropella los legítimos derechos de sus ciudadanos?