Nacionales | 30 Oct La Dirección nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas salió al cruce a las críticas por la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en el Hospital Militar y reivindicó su derecho a completar la instalación de un centro de cirugía cardíaca de alto nivel para atender a sus 170.000 afiliados y con recursos propios por aproximadamente U$S 1 millón, que serán recuperados en un año.
En conferencia de prensa, el director de Sanidad Militar General, Guido Manini Ríos, denunció la existencia de una “campaña” periodística en contra de la instalación de este centro y a favor de abrir un IMAE en el Interior.
El médico Mauricio Cassinelli, asesor técnico del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro para este proyecto en el Hospital Militar, afirmó que en el Interior no se registra la cantidad mínima de intervenciones quirúrgicas de complejidad que aconseje implementar un IMAE y recordó que en el sanatorio Americano hay un IMAE coordinador específico para las mutualistas del Interior del país.

DIEZ PROCESADOS POR ESTAFA Y ROBO A CONAPROLE
La jueza Adriana de los Santos procesó a 10 personas por el delito de estafa y estafa con hurto porque robaban combustible a empresas de transporte y ponían agua en la leche de Conaprole para hacerla “rendir” más.
La investigación llevaba varios meses de desarrollo y había concluido el lunes con la detención de 23 sospechosos, entre los que había camioneros y productores de leche. Los procesados, todos primarios, echaban el agua a la leche en los camiones cisterna y le extraían combustible a los vehículos para venderlo, en la localidad de San Ramón.

FUERTE DESPLIEGUE MILITAR EN FRONTERA
En las últimas horas 120 soldados, una decena de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y seis policías del Ministerio del Interior se desplegaron en la frontera con Brasil.
“Hay tres puestos de control de ruta en coordinación con la Aduana”, dijo a El País el Jefe de la Brigada de Caballería Número 2 de Melo, coronel Héctor Rovira, que explicó que se están realizando severos controles para combatir el contrabando.
Los puestos fijos se ubicaron en Ruta 8, en el tramo Melo-Aceguá, en el paraje “Buena Vista”, en Ruta 7, Melo-Centurión, a la altura del arroyo Chuy y el otro en la Ruta 26, tramo Melo-Río Branco, en el empalme con la 18.
El fuerte operativo del ejército abarca “controles a los vehículos pidiendo documentación” del mismo y de las personas, además de una revisión del auto “para detectar posibles mercaderías de contrabando”.
El jerarca aclaró que “no es el ejército que realiza las fiscalizaciones ni los efectivos policiales”, sino la Aduana.

REGULARIZAN A 60.000 TRABAJADORES DOMÉSTICOS
El gobierno regularizará a los alrededor de 60.000 trabajadores domésticos que calcula que no están inscriptos en el Banco de Previsión Social, anunció el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta.
Durante el “Primer Congreso de Redes de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos”, el ministro mencionó que este sector de asalariados ha incrementado 300% sus remuneraciones desde 2005.
Brenta recordó que en el país hay 120.000 trabajadores domésticos, de los cuales algo más de la mitad tiene cobertura de la seguridad social. Señaló que el doméstico es un trabajo “con todas las normas que establece la Ley, con la cobertura social que ésta obliga a tener para cualquier trabajador”.

POLICLÍNICA, JUZGADO Y POLICÍA
Un juez de Paz del poblado Villa del Carmen notificó por escrito a una periodista local que no podía recibir denuncias acerca de Policlínica Local, Juzgado y Policía, “so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e injurias”, según denunció el programa Alternativa Durazno de aquel departamento a través de su cuenta de Twitter. La noticia causó sorpresa, por constituir una censura previa de parte de la Justicia, y una amenaza a la libertad de expresión.
El cedulón fue redactado por la comisaría de la cuarta sección de Durazno, a pedido del juez de paz de cuarta sección Santiago Lorenzo, y firmado por el suboficial Héctor Ruiz y por la periodista involucrada, Estela Maris Apollonio.
El juez Lorenzo expresó a El Observador que “en realidad fue sobre un caso puntual” y agregó que se intentó evitar que se recibieran al aire denuncias de una mujer contra una médica local, y que hubo “un mal entendimiento por la Policía”.
“Era respecto a una persona que le están haciendo chequeos en la Policlínica, que tuvo un problema hoy. Ya una vez había salido a hablar mal de una médica. Lo que se quiso hacer es una notificación, una advertencia si se quiere, desde el derecho penal”, expresó.
Según el juez, “obviamente la periodista tiene libertad de expresión, ella que haga lo que quiera. Pero muchas veces no se sabe la responsabilidad que se tiene frente a un micrófono. Lo que se trató fue de manifestarle a la periodista que en lo posible no leyera denuncias al voleo, que pudieran exponer al odio y al desprecio público a determinadas personas. Después la que va a decidir es la persona”.
Lorenzo también indicó que “no es una resolución sino una advertencia de que se le puede complicar luego. Si sale diciendo cosas contra la Policlínica, la que puede ir presa por coautoría de difamación e injurias es la periodista. Fue lo que se trató de explicarle o advertirle”.
En cuanto a las razones por las cuales se advertía de no informar sobre el Juzgado local y la Policía, el juez agregó que “seguramente entendió mal la Policía. Fue por el tema de la Policlínica puntualmente, que no reprodujera las denuncias de una persona en particular”.
Lorenzo puntualizó que “lo que se quiso hacer fue una advertencia para proteger a la periodista. Lejos está la intención de cercenar libertad de expresión, simplemente ponerla en conocimiento que se puede comer un procedimiento penal al santo botón. Que supiera y estuviera al tanto de la normativa”.
Consultado sobre si no habría sido mejor llamar a la periodista para advertirle el riesgo que corría, en lugar de enviarle un cedulón policial impidiéndole informar, aseguró que “esa podría haber sido una opción, pero estaba con bastantes cosas, por eso recurrí a la Policía. Si no, se lo explicaba personalmente”.

CERCADO ENTORNO DE SOSPECHOSOS
La Policía tiene rodeado el entorno de los dos hombres que habrían participado en el crimen del coracero Henry Rodríguez, de 32 años de edad, con el menor que ya fue internado en el INAU. Una persona cercana a los hombres declaró que se fueron del país, sin embargo, la Policía lo ve poco probable y creen que están escondidos en la zona del crimen. “Si lograron sacarlos tendremos que hacer un pedido internacional, pero la veo difícil”, comentó a El País una fuente de la investigación.
El menor que ya está en el INAU había robado a punta de pistola la camioneta a un hombre en la ciudad de Canelones, que volvía con su hija de ocho años de la escuela. Si bien el hombre en principio se resistió, el delincuente amenazó con matar a su hija, por lo que decidió entregar el vehículo. Este hecho, según trascendió en filas policiales, ocurrió unas cuatro horas antes del homicidio.
Ante la Justicia de menores, el delincuente declaró que desconocía lo que sus cómplices iban a hacer con la camioneta.

HERMETISMO POR ANTEL ARENA
Los estudios ganadores del concurso de ideas presentaron sus anteproyectos avanzados en un evento realizado en la Torre de las Telecomunicaciones.
Sin embargo, los responsables se negaron a dar detalles al respecto en base a un acuerdo con Antel. De hecho, la presidenta de la empresa estatal, Carolina Cosse, informó a El País que no se mostrará nada hasta que se seleccione un ganador y que ella no había visto los avances debido a que los equipos acababan de presentar sus maquetas.
Cosse destacó la incorporación en el jurado de Mariano Arana, como representante de la Intendencia de Montevideo, y del ingeniero estructuralista Soubié, que se suma al arquitecto Rafael Viñoly representando a Antel. El jurado se reunirá el 11 y 12 de noviembre, día en que dará el fallo.
Días atrás la Junta Departamental de Montevideo archivó el informe del Tribunal de Cuentas (TCR) sobre el Antel Arena. Pese al planteo conjunto de las bancadas de ediles del Partido Nacional y Partido Colorado, que pretendían elevar dicho informe a la administración departamental, la mayoría oficialista terminó laudando el tema.