Paysandú, Sábado 09 de Noviembre de 2013
Nacionales | 07 Nov Tras una extensa jornada en la sede judicial, la jueza penal María Mainard anunció que hoy comunicará la decisión sobre el destino de los cuatro policías involucrados en el fallecimiento del joven Sergio Lemos de 19 años, muerto de varios disparos el lunes en el barrio Santa Catalina, informó Montevideo Portal. Reconoció que “lo tenemos medio resuelto”, aunque aclaró que todavía restaban algunas pruebas.
A la salida del juzgado, la abogada de la familia de Sergio Lemos, Mariel Fajián, declaró a la prensa que el plazo de 48 horas para tomar una decisión vence en la tarde de hoy, aunque afirmó que “hay avances” en la investigación. “Hay un reconocimiento por parte de la Policía”, aseguró. Sin embargo, aclaró que todavía existen pruebas que no han sido aportadas, puesto que hay testigos del barrio que no pudieron ser citados.
Por su parte, el abogado defensor de los policías, Diego Pérez, indicó que de las pericias “no surge de ningún lado que se haya plantado el arma”. Agregó que los policías “actuaron en el marco de la Ley de Procedimiento Policial”, en lo que refiere a que “ante una situación extrema, los policías deben actuar en base a la personalidad y la proporcionalidad”.
Asimismo, declaró Susana Acuña, propietaria del almacén asaltado en la noche del lunes, que desencadenó los incidentes. Además entregó a la Justicia las filmaciones de la cámara de seguridad del almacén, explicando que las imágenes no involucraban al joven fallecido. “Él no tenía nada que ver, al muchacho yo lo conozco desde que está en el barrio y no tiene nada que ver”, aseguró.
Acuña, quien recibió amenazas de vecinos por haber realizado la denuncia policial, explicó que “lo que la gente no entiende es que yo llevo loterías y quinielas y necesitaba el papel de la denuncia para explicarle al banco por qué no iba a depositar al otro día”.
Por su parte, el ministro del Interior Eduardo Bonomi entendió que “acá lo que hay no es una actitud de la Policía hacia los vecinos, sino que hubo un hecho de algunos policías. Hay una base de indignación de los vecinos que es legítima”, asegurando que los policías plantaron un arma en la escena.
Marcha por sergio
Unas 300 personas con velas se concentraron en el barrio Santa Catalina para recordar al fallecido Sergio Lemos, informó El País.
“Trae velas y rindamos un sentido homenaje a Sergio y a su familia en absoluta paz y amor. Demostremos que estamos unidos y apoyamos a la familia. Todos juntos y con un gran sentimiento común”, expresó la convocatoria a la marcha pacífica publicada en la página de Facebook “Barrio Santa Catalina”.
En la concentración, el padre del joven pidió que mañana se permita ingresar a la Policía al barrio para que se pueda realizar la reconstrucción del caso.
AUDIENCIA SOBRE
LA LEY DE PLUNA
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizó ayer una audiencia pública en que las dos partes involucradas en el juicio, los acreedores y el Estado, manifestaron su posición sobre la legitimidad de la ley aprobada el año pasado por el Parlamento.
Una de las abogadas que representó a los acreedores en la audiencia, Gisleine Barboza, declaró a Montevideo Portal que mantiene “toda la certeza de que la Suprema Corte va a fallar a favor de la inconstitucionalidad de la ley”. Además argumentaron Raúl Rodríguez, el síndico que interviene en el proceso concursal y el abogado contratado por el Estado para el caso, Ricardo Olivera, quien también redactó la ley cuestionada.
Barboza señaló que “llama la atención que el síndico concuerda totalmente con nosotros en que la ley es inconstitucional”. Dijo también Olivera que tomaría “acciones legales” contra Rodríguez por los cuestionamientos que recibió durante la audiencia. Agregó que Olivera “se sintió ofendido” por las expresiones utilizadas por el también abogado de los acreedores en relación a su papel como redactor de la ley. Explicó que no existe un plazo determinado para que la SCJ se expida sobre el caso, aunque aclaró que el fallo estará “en los próximos días”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difundió un documento en el que defiende el carácter constitucional de la norma, asegurando que “una declaración de inconstitucionalidad de la Ley 18.931 solamente puede hacer más compleja la definición de la cuestión”. Los planteos de inconstitucionalidad “son formulados por tres grupos de acreedores de menor importancia económica relativa, de cuya legitimación no existe certeza, ya que no han logrado verificar sus créditos en el concurso”, explicó el MEF.
ASAMBLEA URUGUAY
NEGÓ DENUNCIA CONTRA INTENDENTA DE ARTIGAS
De acuerdo a El Espectador, a través de un comunicado, Asamblea Uruguay, sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori, negó la supuesta denuncia del sector contra la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, del Movimiento de Participación Popular (MPP), su tío Eugenio “Pachi” Ayala (Partido por la Victoria del Pueblo, PVP), la directora de Recursos Humanos de la Intendencia, María Moraes (de la Vertiente Artiguista) y al funcionario municipal, Marcelo Bonilla (Partido Socialista).
“No se promovió al pasaje al tribunal de conducta política del Frente Amplio de ningún compañero ni compañera del departamento de Artigas, y así se lo transmitió su presidente Danilo Astori a la intendenta Patricia Ayala, y también a la mesa política del FA”, indicó el texto. Añadió que “el planteo fue realizado ante la Mesa Departamental de Artigas por compañeros de Bella Unión, y que responden a iniciativas individuales, por lo que no son pertinentes ni estaban en conocimiento de la Dirección Nacional ni de la Dirección Departamental del sector Asamblea Uruguay”.
Por su parte, el presidente de la Mesa Política del Frente Amplio en Artigas, Silvio Ríos, dijo a El Espectador que la denuncia se desarrolló en medio de duros dichos entre dirigentes de la coalición y que será el tribunal el que establezca las responsabilidades del caso, tanto de la intendenta como de los otros denunciados.
ENVIARON PROYECTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que promueve la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos, con el objetivo de ampliar el acceso al sistema financiero, procurar su competitividad, difundir el uso de medios de pago electrónicos, estimular el ahorro y asegurar que la rebaja del IVA se traslade a la población, informó Montevideo Portal. La iniciativa pretende la búsqueda de la universalización de derechos, avanzar en la democratización del sistema financiero y fomentar la competencia en el sistema, incorporando nuevos actores financieros.
En caso que la ley se apruebe se implementará los nuevas formas de pago de manera gradual, además prohibirá la venta cruzada de productos financieros y no financieros y equiparará el pago efectivo al pago con tarjeta de débito.
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL
EN DIPUTADOS
Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados estaba considerando la ley que sanciona con penas de prisión a los empresarios que no garanticen la seguridad de sus empleados en el trabajo. La iniciativa fue impulsada por el Frente Amplio (FA), el Pit Cnt y el gremio de trabajadores de la construcción y afines (Sunca). La oposición y las cámaras empresariales no están de acuerdo con el proyecto.
El secretario general del Sunca, Oscar Andrade, ocupó una banca en la Cámara como suplente de Doreen Ibarra (Frente Izquierda de Liberación).
Asimismo, el Sunca se movilizó en los alrededores del Palacio Legislativo y el debate en el Parlamento fue seguido en vivo en pantallas gigantes ubicadas en varias ciudades del país.
El proyecto que aprobará el FA y que apoyan los sindicatos propone sancionar a los empresarios aún si no hubo accidentes, y basta con que se confirme que no adoptó las medidas de seguridad adecuadas para cuidar a sus trabajadores, informó Subrayado.
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