Opinion | 07 Nov Por el delito de “asonada” fueron procesados sin prisión siete integrantes del grupo de activistas que invadieron la sede de la Suprema Corte de Justicia para tratar de evitar por la fuerza que fuera relevada de su cargo la jueza Mariana Mota, considerada por estos grupos radicales como abanderada de la cruzada para enjuiciar a los acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.
Y no encontraron entonces mejor manera que incurrir en delito ante la “traición” de la Suprema Corte de Justicia, la que en cumplimiento de sus funciones dispuso el traslado de jueces y en este caso de una magistrada considerada “intocable” por los ahora procesados y los seguidores. Estas acciones de por sí ponen de manifiesto la poca imparcialidad que se puede esperar de la jueza en cuestión, y por lo tanto, lo correcta de la decisión de la Corte cuando decidió su traslado.
Como consecuencia, en las últimas horas la jueza penal Gabriela Merialdo comunicó a los procesados la resolución correspondiente, luego que el fiscal Gustavo Zubía había pedido en setiembre los procesamientos de los indagados por el delito de “atentado” y la adopción para cuatro de ellos de medidas privativas de libertad, al considerar que fueron los principales instigadores de los incidentes del 15 de febrero en la sede de ese poder del Estado.
Para la juez, según explicó, “todos ellos participaron en una reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado, menoscabando por la estruendosa e ilícita ocupación del edificio público donde tiene asiento la Suprema Corte de Justicia el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas del máximo órgano del Poder Judicial”.
Es evidente que estamos ante personas que no creen en la justicia --que tildan de “burguesa”-- y abanderados de la tesitura de que el fin justifica los medios, y que por lo tanto se abrazan a las leyes cuando les sirven, y pisotean hasta la propia Constitución reivindicando derechos en los cuales no creen.
Debe tenerse presente en este contexto que a partir de una serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia que no fueron del agrado de sectores de izquierda de nuestro país, increíblemente ha generado una serie de reacciones promovidas no solo por grupos radicales, sino también apoyados por algunos otros sectores de la fuerza de gobierno, del Pit Cnt --que una vez más actúa como brazo político de la izquierda, alejándose de la representación del conjunto de trabajadores que nuclea y que debería orientar sus acciones-- y organizaciones de “derechos humanos” que apuntan a presionar y socavar el prestigio del máximo órgano de Justicia del Uruguay.
No es una estrategia nueva, desde que en todo el mundo, y desde el fondo de los tiempos, los sectores extremistas y los que tienen la venda de la ceguera ideológica no aceptan fallos que no sean en su propio beneficio, y apuntan a poner en tela de juicio la integridad de los magistrados que actúan en la aplicación de las leyes vigentes, incluso subrayando que están al servicio de la derecha y los explotadores.
Así, el traslado de la jueza Mariana Mota a otra área de la Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad y posteriormente del ICIR, Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales, son fallos que estos grupos han considerado como contrarios a su ideología, dejando como si fuera una cosa sin importancia el fondo de la cuestión, que es si la normativa se encuadra en las normas constitucionales.
Estas presiones y cuestionamientos que se han sucedido ya han sido determinantes para que el presidente de la Suprema Corte, Dr. Jorge Rubial Pino, decidiera abstenerse de participar en decisiones relacionadas con los derechos humanos por este órgano.
Y este modo de actuar, de pretender imponer sus puntos de vista por sobre los de los demás, de descreer absolutamente en las instituciones y en la democracia, coincide con su ideología de menospreciar el estado de derecho.
Y sin más, abusan de la libertad que es intrínseca a la democracia formal que cuestionan y atacan un poder del Estado sin ningún prurito, convirtiendo en rutina la protesta e intentando torcer los hechos por la vía de la presión y los eslóganes, burlándose del buen juicio y sentido común de los uruguayos.