Opinion | 06 Nov En los últimos días hechos de violencia protagonizados por menores --en algún caso gozando de horas libres de su internación en el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)-- han puesto nuevamente sobre el tapete con énfasis la fuerte incidencia de los menores en el esquema delictivo del Uruguay, ya de por sí alentado o tolerado por una normativa en extremo benigna como por omisiones o gestión sin compromiso de los organismos del Estado que tienen que ver directamente con esta problemática.
La semana anterior tres adolescentes de 17 y uno de 18 rapiñaron una estación de servicio en Rocha y luego secuestraron a una cajera, dándose a la fuga. Al hecho le siguió una persecución con operativo de cierre de Maldonado y Rocha, hasta que los delincuentes fueron capturados a la mañana siguiente, encontrándose a la joven sin lesiones, tras haber sido liberada, porque constituía ya una carga para los delincuentes.
Tres de ellos precisamente eran menores alojados en el Hogar Cimarrones del INAU, y uno incluso estaba en su “día libre”, cuando la Justicia había establecido que solo podía salir a trabajar. Cuando éste salió, se reunió con otros dos internos y comenzaron una ronda de delitos en “vacaciones”, con antecedentes de hurtos, rapiñas y secuestros, nada menos.
Horas antes un coracero que trabajaba de custodia de una remesa fue brutalmente asesinado en una rapiña en el barrio Lavalleja en una emboscada que contó con la participación de un menor de edad, que fue enviado al INAU y al que no se pudo comprobar que empuñara el arma asesina.
Estos y muchos otros hechos de triste notoriedad ponen de relieve, por si alguien lo dudara, la ferocidad y la impunidad con que actúan los menores infractores en nuestro país, los que a la vez conocen y aprovechan muy bien su condición de inimputables y abusan de esta prerrogativa que equivocadamente se les dio por los legisladores que apoyaron una normativa delirante, que no toma en cuenta que los jóvenes de hoy tienen parámetros muy distintos a los del Uruguay de hace medio siglo.
Por cierto que no solo la población asediada por estos delincuentes, sino gran parte del sistema político ha razonado ya que se necesitan otras respuestas, pero en el gobierno se sigue desestimando toda propuesta que tienda a combatir con eficacia este flagelo, y solo se hace hincapié en que estos delincuentes son consecuencia de “políticas neoliberales” de la década de 1990; un argumento tan delirante como la ley que ampara en extremo a los menores, aunque sean ya connotados delincuentes y asesinos.
Por supuesto, esta ideología fundamentalista encuentra cada vez más dificultades para justificarse y proclamar que solo hay que esperar que den resultado las políticas sociales que ha puesto en marcha el Frente Amplio, las que como es notorio no representan solución a la marginación sino que tienen en líneas generales carácter asistencialista y no rescatan de la pobreza o la indigencia.
Pese a que el ministro del Interior Eduardo Bonomi aparece alguna que otra vez como dispuesto a dar mejores instrumentos a la Policía para combatir la ola delictiva, hasta ahora las acciones han sido muy tibias por falta de voluntad política para imponer la autoridad y proteger a los ciudadanos indefensos, como así también para desplegar recursos humanos y materiales, con mayor vigilancia policial en las calles, a la vez que se promuevan leyes que impliquen otro escenario que la extrema benignidad con que se responde a los agresores, especialmente en el caso de menores.
Y si bien hay sectores del partido de gobierno que han asumido como un error la política desarrollada durante la Administración del expresidente Tabaré Vázquez, que derivó en la Ley de Humanización del sistema carcelario, por la que durante la gestión del exministro José Díaz se liberó a mil presos, la mayoría sigue apostando a que las “políticas sociales” permitirán combatir por sí solas la marginación y la delincuencia.
Ridículo y delirante, pero este es un pensamiento extendido en la izquierda y lamentablemente enmarcado en una visión político-ideológica que tiende a defender lo hecho --o mejor dicho lo que no se ha hecho en esta materia-- y por lo tanto para seguir tirando hasta que supuestamente den resultado políticas de reinserción que no han derivado en que se haya abatido la delincuencia, que naturalmente tiene muchos orígenes, de los que la marginación no es el principal y menos aún el único.