Opinion | 09 Nov Gradualmente y en forma sucesiva se suceden las medidas derivadas de la “rabieta” del gobierno argentino por la “desobediencia” uruguaya a los verticalazos que ha pretendido imponernos el gobierno de Cristina Kirchner a partir de su inefable canciller Héctor Timerman, con el detonante de la autorización al aumento en un diez por ciento de la producción de la planta de celulosa de Botnia.
Es así que a la prohibición de que las cargas argentinas sean transbordadas en puertos del Mercosur que no han suscripto el acuerdo regional sobre transporte marítimo, que fue ratificado por todo el bloque menos por Uruguay, le sucede una más reciente respecto a las cargas que se transportan por la Hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay. Ello conlleva clara afectación del movimiento de cargas en el puerto de Nueva Palmira, pero seguramente la mayor contundencia negativa de estas medidas tiene que ver con el enclave logístico del Uruguay en el esquema de puertos de la región.
Es que desde el jueves ha comenzado a regir la medida sobre los puertos, y según se ha informado desde el Centro de Navegación del Uruguay, ya quince buques de tráfico regional que se encuentran al servicio de las principales líneas oceánicas y que hasta ahora tomaban cargas en el sur argentino para llevarlas a Montevideo comunicaron que desde el jueves pasan a hacerlo con destino al puerto de Río Grande, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
Según informaron desde la gremial, la mayoría de los barcos son de bandera liberiana o panameña, por lo que no están contemplados en las excepciones previstas por la medida argentina, que indudablemente beneficiará en la enorme mayoría de los casos a la terminal brasileña, en desmedro del puerto de Montevideo.
Paralelamente, comenzará a regir en unos días la resolución que incrementa los costos para los exportadores paraguayos generando un “golpe” al puerto de Nueva Palmira.
“Los convoyes que bajan por la hidrovía hasta Rosario pueden venir en una sola unidad con hasta 30 barcazas, pero a partir de allí por razones de seguridad de la navegación en el Paraná pueden continuar de a 16 barcazas. Ahora se está poniendo una nueva disposición que hasta Nueva Palmira se reduce a ocho barcazas, con lo que los exportadores van a tener que dividir el convoy y van a tener que hacer aduanas, usar remolcadores argentinos, y hacer otros gastos portuarios que afectarán a Nueva Palmira”, dijo Mario Baubeta, presidente del Centro de Navegación.
Si bien a Nueva Palmira llegarían ocho barcazas y luego las otras ocho, en el ínterin, según Baubeta, el problema es que se da un “golpe en costos” porque “obliga a los paraguayos a dejar la carga en puertos argentinos”, aunque evaluó que Prefectura argentina tomó la medida por “razones de seguridad de navegabilidad del Paraná”.
En la misma línea, el empresario sanducero Miguel Fraschini, operador del puerto de Ontur de Nueva Palmira, indicó a EL TELEGRAFO que si bien hay cierto riesgo por los grandes convoyes de barcazas por el tráfico en el Paraná, “en realidad creemos que es una medida de castigo hacia la competitividad que tiene Nueva Palmira con las terminales argentinas”.
Por aquí pasa sin dudas el eje de la cuestión, porque nunca en tan poco tiempo, a partir del sonado diferendo por el aumento de la cuota de producción de UPM Botnia, se han sucedido tantas medidas coincidentes unilaterales desde Buenos Aires que afectan sensiblemente al Uruguay.
La atención de los navieros está puesta en que la cámara de exportadores argentinos pueda obtener alguna revisión de la medida por el subsecretario de Transporte Marítimo de Argentina, Horacio Tettamanti, quien fue el que firmó la resolución que no permite los transbordos en puertos uruguayos, y paralelamente el presidente de la República, José Mujica, se reunirá con su par brasileña, Dilma Rousseff, con quien se podría negociar para, según Baubeta, “ver si se puede dar vuelta una medida irracional”.
Por su lado el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, afirmó que el presidente Mujica y todo el gabinete debe analizar la posibilidad de plantear en los tribunales del Mercosur las dificultades que enfrentan varios sectores para poder vender sus productos en Argentina, debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Cristina Fernández, que es un aspecto paralelo a las medidas mencionadas pero coincidente en cuanto a los perjuicios que se causan al Uruguay.
En la misma línea el canciller Luis Almagro confirmó en las últimas horas en comisión legislativa que la idea es acudir a los tribunales del Mercosur, donde seguramente no habrá consecuencias, desde que la orgánica del acuerdo regional jamás ha funcionado ni ha solucionado alguno de los planteos de los socios menores que se han trasladado para su dilucidación.
Es decir que los lazos “solidarios” de gobierno a gobierno con su par de la otra orilla no solo han resultado un rotundo fracaso, sino que en toda esta sucesión de solidaridades ideológicas el país ha dejado prendas del apero por el camino.
De todas formas, Uruguay debe hacer oír su voz, llevando sus reclamos a cuanto tribunal internacional esté a su alcance, y de una vez por todas, jugarse por su lado sin pensar en caerle bien a la Argentina. Al fin y al cabo, fueron nuestros “hermanos del Plata” los que promovieron en la OCDE el llamado de atención por el cual nos pusieron injustamente en la “lista gris” de países considerados “paraísos fiscales”.