Nacionales | 09 Nov Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República hicieron entrega del anteproyecto de Ley junto con las 10.000 firmas recolectadas, a favor de su campaña por mantener el uso de fotocopias, al vicepresidente de la República, Danilo Astori.
En diálogo con El País, la estudiante Florencia Ualde dijo que le explicaron al presidente de la Asamblea General “cuáles eran los fundamentos y motivos. Le comentamos el desarrollo de la campaña en las últimas tres semanas. Quedó que lo iba a presentar a las cámaras y nos propuso visitar la Comisión de Educación”.
En la reunión, los estudiantes sintetizaron estas semanas, desde el incidente en Galería Montecarlo hasta el desarrollo de la campaña al explicar “la situación particular que se vivió en la facultad, después la extensión a todo el país de la campaña nacional. La coordinación que tuvimos con CGU (Corriente Gremial Universitaria) central y con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y finalmente la elaboración junto con los docentes de la facultad de un proyecto de ley”.
Tras los incidentes con las fotocopias, los estudiantes realizaron una campaña nacional. Recorrieron todo el país y coordinaron con todos los servicios de la Udelar, el Pit Cnt y organizaciones barriales y sociales. “Tenemos previsto que sigan llegando varias firmas más en el correr de esta semana y la que viene”, añadió.
Sobre el anteproyecto de ley, Ualde dijo que lo que hicieron fue “presentar excepciones para dos artículos en los derechos de autor y de propiedad intelectual. Significa que las reproducciones que tengan fines académicos y educativos en lugares institucionales se puedan fotocopiar y reproducir su uso sin ningún inconveniente”. Según Ualde, Astori se manifestó a favor y muy preocupado por la situación de los estudiantes y del acceso al material de estudio y se comprometió a presentar el proyecto.

GOBIERNO “MANIOBRA” CON LOS SALARIOS
El plan de rebaja de UTE, que se prevé que incida en los precios de diciembre con una deflación de 0,95%, no cayó bien entre los funcionarios públicos agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). El dirigente Joselo López dijo que la medida es “muy preocupante” y remarcó que se trata de una “maniobra” que “no compartimos”. Además dijo que si bien la gran mayoría de los funcionarios públicos ajusta su salario en base al 100% de la inflación, en esta oportunidad se había llegado a un acuerdo “para que algunos salarios tuvieran un punto o dos adicionales de recuperación”, pero con la medida el gobierno “al final juega a la mosqueta, porque por un lado te lo da y por otro lado te lo saca”.
El año pasado, la bonificación de UTE hizo que se registrara una deflación de 0,73% en el Índice de Precios del Consumo (IPC) de diciembre, con lo que la inflación en 2012 se ubicó en 7,48%. Algunos analistas estimaron que sin su aplicación la inflación anual se habría ubicado levemente por debajo de 8,5% aproximadamente; esto es, 1 punto porcentual.
“Nos parecerían justas si se hicieran durante todo el año, pero no al final para controlar la inflación y limitar los aumentos salariales de los públicos”, dijo López.
El funcionario afirmó que tras el impacto que vieron el año pasado le propusieron al equipo económico una fórmula alternativa para no hacer un ajuste salarial por la inflación del año calendario sino del promedio del año. “Fue a Andrés Masoller y a Martín Valcorba y les pareció interesante; pero tan interesante fue que no contestaron”, dijo López.
En este sentido, el representante de los trabajadores estatales afirmó que el próximo martes realizarán un planteo “con mucha fuerza” en el secretariado del Pit Cnt para ver cómo se plantan sobre este tema.

DEUDORES ASEGURAN QUE NO RECLAMAN QUITAS
Los deudores del Banco Hipotecario en Unidades Reajustables (UR) rechazan los argumentos de la presidenta de la institución para no darles una opción que les permita pagar sus deudas a un costo menor.
El reclamo de los deudores en UR del Banco Hipotecario de que se les realice un ajuste en sus créditos llevaría a que la institución “en breve plazo deje de prestar y en última instancia vuelva a quebrar”, dijo a El País su presidenta, Ana Salveraglio. Para Salveraglio pasar las deudas en UR a UI es un “riesgo controlado”.
Enrique Piretti, uno de los deudores agrupados dijo a El País que “hay que tener en cuenta que no pedimos quitas. Lo que le pedimos es que se ajuste una UR a una cantidad lógica para los deudores que somos del banco de acuerdo a las condiciones económicas”.
“En el banco hay 23.000 deudores en UR que no nos podemos cambiar a ninguna situación, entonces tenemos que pagar una cantidad que está muy por encima de nuestro poder adquisitivo por lo que pedimos que se haga un reajuste de la UR por un 75% del Índice Medio de Salarios porque la mayoría de los casos de los que estamos allí no hemos tenido una suba de 11,8% sueldos, que fue más o menos lo que subió el índice”, explicó.
“No pedimos dejar de pagar ni que haya quitas pero sí que haya un ajuste por el 75% del IMS y que se llegue a un interés igual para todos de 3,7%. Una quita es cuando uno pide 100.000 y pedís pagar la mitad. Nosotros no pedimos eso, pedimos pagar lo justo por un reajuste lógico de acuerdo a nuestros ingresos”, remarcó Piretti.

“DESAMPARO LEGAL”
Organizaciones de derechos humanos emitieron una declaración contraria a los siete procesamientos sin prisión por la asonada en la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero pasado. En ella aseguran que les parece “un disparate desde el punto de vista jurídico, ahí no hubo delito alguno. La mayoría de los que están procesados estaban sentados”, expresó a El País Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos del Pit Cnt.
Además aseguran sentir “una sensación de desprotección como ciudadanos ante una Suprema Corte de Justicia que es la que instala la denuncia; dicen que se sintieron secuestrados y la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ha violado la jurisprudencia internacional, no ha reconocido el carácter de delitos de lesa humanidad a los delitos cometidos durante el período de la dictadura para que queden impunes y sigan en la calle hoy quienes han efectivamente secuestrado, asesinado, violado. Sentimos una sensación de desamparo legal”, afirmó Oyenart.

“MÁS BIENES PÚBLICOS Y MENOS MERCADO”
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, sostuvo que Uruguay debe pasar a reformas de “segunda generación” de modelos en temas impositivos y políticas sociales.
“Yo creo que necesitamos pasar a reformas de segunda generación de modelos, por ejemplo, en temas impositivos, en políticas sociales, bienes públicos y educativos”, sostuvo el jerarca. “Muchos bienes públicos y menos sociedad de mercado, eso es hablar de modelo de desarrollo sustentable”, afirmó.
Frugoni participó en la segunda edición del Foro Regional sobre “Perspectivas para el Desarrollo Sustentable e Inclusión Social en América Latina” que se celebró en la Torre Ejecutiva y que tuvo como objetivo ahondar en el análisis de los desafíos ambientales y territoriales de la planificación del desarrollo en la región, con especial atención en la inclusión social. Durante su intervención, el jerarca indicó que si bien Uruguay no va a modificar la matriz productiva y seguirá siendo un país agroexportador, debe apostar a complementar esa matriz de “forma más integral” y para eso es necesario tener una “buena planificación”.
“Tenemos la ventaja de contar con un plan quinquenal que contiene presupuestos por programas de forma transversal lo que nos obliga a planificar de forma correcta”, indicó. “El rol de Estado es fundamental por el fuerte énfasis que tenemos en la inversión pública e inversión en la Administración Central, porque los bienes públicos los genera el Estado, no el mercado”, afirmó Frugoni, según el portal de Presidencia.
El director de la OPP agregó que América Latina tiene realidades nuevas que llevan a que la discusión “sea más rica”.
A modo de ejemplo, dijo que antes se hablaba de cohesión social y ahora se discute sobre cómo lograr inclusión social con desarrollo sustentable y sostenible. “Uruguay en 2004 tenía un promedio de pobreza que alcanzaba al 40%; hoy ese promedio disminuyó en forma significativa (12,4%), eso es tener una planificación”, afirmó.
Desde su punto de vista, los resultados alcanzados en el área social responden fundamentalmente a los cambios implementados en los modelos de las políticas aplicadas “y no a un goteo de la bonanza”.