Opinion | 10 Nov La judicialización de asuntos políticos y la politización de temas judiciales demuestra debilidades no superadas y complejos de alto impacto hacia una sociedad que toma partido con escasos elementos reflexivos debido a un sistemático cruce de discursos, donde nunca falta algún improperio.
Esta suerte de presión instalada en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial bajo el manto del ejercicio democrático, lleva a algunos ejemplos de antología.
El presidente José Mujica reconoció que recibió presiones “por la derecha, la izquierda y el centro, como nunca se ha hecho en la historia del país”, al explicar la asignación de canales de televisión digital. O cuando terminó cerrando el caso del empresario Francisco Casal, para no exponer al Estado a un juicio de U$S 100 millones, luego que tres informes le dieran la razón al contratista que no evadió impuestos, a pesar de las diferencias que mantuvo con el vicepresidente Astori. Incluso cuando señaló que durante el actual gobierno “este asunto no tiene salida” en referencia al juicio que --por U$S 1.040 millones-- inició al Estado Fernando Barboni. El empresario reclama por la no entrega en la fecha establecida de la ex estación central y la explaya de maniobras de AFE, que se encuentra en estado de abandono. Los operadores judiciales rechazan las declaraciones presidenciales antes del fallo de la Justicia.
O la advertencia del Ministerio de Economía (MEF) ante la posibilidad que la Suprema Corte (SCJ) declarase inconstitucional a la ley de liquidación de Pluna.
Según el MEF, el fideicomiso “se transformaría en el acreedor más importante” porque había pagado el pasivo de la aerolínea y el mantenimiento de las naves. Finalmente, la SCJ declaró inconstitucional a los artículos que crearon y regularon el fideicomiso al que fueron transferidas las aeronaves.
O las presiones del Sunca que instaló una pantalla gigante fuera del Palacio Legislativo, donde se consideraba la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial para observar (en realidad, “señalar”) quién votaba y quién no. En tanto, dentro se escuchaban declaraciones tales como “enano fascista” o “malas noticias para la derecha”.
Y un capítulo aparte, sin dudas, merecen las presiones ejercidas por el gobierno argentino sobre Botnia, el turismo, la política portuaria, los barcos de Malvinas que no se surten en los puertos uruguayos pero lo hacen en los brasileños sin las consecuencias de la ira argentina que recae sobre Uruguay, las trabas comerciales, la resolución de conflictos en La Haya porque el mecanismo de solución de controversias del Mercosur no funciona y la decisión de echar a Paraguay del bloque, bajo una explicación que no la creen ni los presidentes. La lista es extensa, sin embargo, cada tanto aparece alguna cortina de humo que desvía la mirada hacia otros asuntos con menos “presiones”.