Opinion | 12 Nov Era de esperar que de un momento a otro el “novelón” de la liquidación y remate de los aviones de la ex Pluna --creación de otra empresa de trabajadores, reclamos de indemnización, con desprolijidades y horrores como el episodio de “el caballero de la derecha” en el remate, con una garantía autorizada por el Banco de la República fuera de toda norma y posterior pago de la garantía por el empresario López Mena--, tuviera a la vez el desenlace, cual frutilla del postre, de la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de Pluna.
Esta firme posibilidad les fue planteada en oportunidad del tratamiento de la norma en el Parlamento a los legisladores oficialistas, que fueron los únicos que la votaron, y que sin embargo siguieron adelante hasta su aprobación.
La reciente declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia involucra una operación que determinaría pérdidas no inferiores a los 300 millones de dólares, confirmando lo que ya todo el mundo sabía: un manejo absolutamente desprolijo y poco profesional del gobierno y sobre todo del equipo económico, que en el mejor de los casos ha mostrado una extrema “ingenuidad” en el sonado episodio, sin olvidar posibles irregularidades.
El pronunciamiento del máximo órgano de justicia es el corolario de un año y medio de un proceso que resultará muy caro para el país, pero con un déficit que se arrastra desde hace ya muchos años, hasta el cierre de Pluna por deficitaria en junio de 2012.
Entre otros aspectos, el escenario debe ser evaluado a la luz de la forma en que ha sido dilucidado hasta ahora el tema, poniendo en sus reales términos cuales son los intereses del país, los que precisamente pasan por un eje distinto que el que han manejado algunos actores que han puesto hincapié en la reactivación, recomposición o reparación de la ex Pluna para mantener la “bandera nacional”, sus empleados y de paso seguir metiendo al Estado en negocios más que delicados cuando está de por medio nada menos que la deficiente gestión estatal, con las consecuencias por todos conocidas.
En realidad al Uruguay no le va ni le viene que exista Pluna como tal, porque en primer lugar, como hemos señalado, menos del 0,5 por ciento de los uruguayos ha volado alguna vez en su vida, y la mentada conexión aérea del país puede lograrse perfectamente a través de una aerolínea nacional o de la bandera que sea, siempre que ésta sea eficiente y preste el mejor servicio posible, y mucho mejor aún si existe competencia.
Es decir que nunca hubo o hay de por medio ningún tema vital para el país ni nada que se le parezca, aunque sí puede serlo para los funcionarios involucrados y su fuente de trabajo, y para muchos defensores acérrimos del estatismo. Lo real es que durante demasiado tiempo Pluna le ha costado a todos los uruguayos grandes pérdidas.
Lamentablemente, como en tantas otras oportunidades, se han vivido aventuras a las que se le han ido agregando capítulos, uno tras otro, primero en la asociación con Varig y luego con Leadgate, arrastrando déficit tras déficit para nada que valga la pena, como si el hecho de que un avión comprado en el extranjero que tenga la banderita uruguaya pintada en la cola sea un tema vital para la soberanía.
Estos entuertos son producto de una larga cadena de errores en el manejo de la cosa pública, que se transfieren a los ciudadanos, los que siempre hacen las veces del pato de la boda. En este caso particular de la liquidación de la ex Pluna y el remate de los siete aviones, es indudable que el gobierno ha dado muestras de una impericia tal que incluso ha puesto la cabeza en el picadero de integrantes de un equipo económico que hasta ahora habían surgido como la piedra angular de las dos sucesivas administraciones del Frente Amplio.
Lamentablemente, ha prevalecido desde el principio una obstinación del gobierno, que siguió adelante con una ley que la mayoría de los juristas consultados había tildado de inconstitucional, y se llegó incluso a la etapa de respaldar financieramente a Alas Uruguay, aerolínea proyectada por la cooperativa formada por ex funcionarios de Pluna, que todavía no se ha puesto en funcionamiento.
Ya tiene atrasos de varios meses en los planes de negocios por falta de recursos ante la incertidumbre sobre recuperación de las rutas de Pluna y por el riesgo de que los aviones le fueran embargados por acreedores, lo que se complica mucho más ahora por el fallo de la Suprema Corte.
El escenario que se abre a partir del rosario de desprolijidades, marchas, contramarchas, manejos entre bambalinas, es realmente incierto en cuanto a la solución final que pueda surgir una vez se despeje la espuma, pero lo cierto es que las pérdidas van a quedar, los acreedores pretenderán cobrarse y el Estado quedaría último para el cobro.
Todo indica que difícilmente muchos acreedores puedan recuperar siquiera un peso de la deuda, y todo esto por nada que le sirva a los uruguayos, los que ven que una vez más se les ha metido las manos en sus bolsillos para arrojar dinero a un barril sin fondo.