OPINIÓN

Locales | 10 Nov Merde!
Sin duda que en el asunto de la barométrica que OSE le sacó a la Intendencia, hay muchas aristas para analizar, desde el aspecto netamente político de la decisión, la parte legal, la reacción que suscitó en las redes sociales y hasta la propia actitud del municipio.
Por otra parte, haga lo que haga el organismo del Estado siempre dejará descontentos a muchos, porque es evidente que en esta decisión hubo mucho de presiones partidarias para que la máquina sea retirada, como “castigo” a la comuna… blanca. No debemos olvidar que el propio Frente Amplio local ya había solicitado al gobierno central que no se le “diera” tanto a Paysandú, porque todo lo que se hacía con la plata que se le daba era presentado como “obras municipales” para ganar votos con recursos ajenos.
Con un antecedente de este calibre --que pone de manifiesto hasta dónde está dispuesta a llegar la izquierda sanducera--, cabe suponer que la infortunada decisión de privar a mucho más que un pueblo del interior departamental de su servicio de barométrica, responde a alguna “mojada de oreja” desde la oposición local.
Sin embargo, desde el punto de vista legal no hay nada que se pueda decir de tal procedimiento: la “culpa” es de la Intendencia por incumplir un contrato. Este especificaba claramente que el equipo debía usarse únicamente para atender la demanda de Piedras Coloradas, aunque más tarde se autorizó su uso en otros pueblos cercanos del Este del departamento. Pero como había una “emergencia” en la ciudad, comenzó a usarse también en Paysandú, Lorenzo Geyres, etcétera, como si se tratase de un bien municipal de libre disposición. Se puede argumentar que el saneamiento corresponde a OSE, y que por lo tanto el ente del agua debería encargarse del sistema de barométricas. Pero como lo indica la ley, la responsabilidad del vaciado de pozos negros donde no existe red cloacal recae sobre las intendencias.
Objetivamente, no es un “asunto político” sino legal. Por el contrario, OSE podría esgrimir que Paysandú “se benefició” de un programa del cual sólo formaron parte cuatro intendencias en todo el Uruguay y que se abusó de este privilegio que se le otorgó.
Pero el real problema es cómo llegamos a esta situación. Y la respuesta es que, una vez más, la Intendencia no tiene los equipos mínimos necesarios para brindar los servicios que le debe a la población. La “emergencia” de los pozos negros continúa y se arrastra desde hace años, porque no hay suficientes barométricas para cubrir la demanda. Esa es la realidad. Si estuviesen los recursos para hacer lo que se tiene que hacer, este papelón --tanto para OSE como para el Frente Amplio o para la IdP-- no hubiese sucedido.
Ahora, tampoco hay plata para revertir la crisis, al extremo que le pedimos al gobierno de Japón y al de Estados Unidos que nos donen una. De ser cierto, el problema no es menor y desnuda la verdadera crisis en la que estamos inmersos. Tenemos más de 2.000 empleados en la Intendencia, pero no pudimos en --al menos-- tres años “juntar” 160.000 dólares para comprar una barométrica. Considerando que cada funcionario cuesta al municipio al menos unos 700 dólares por mes, podría estimarse que si reducimos en 200 la plantilla municipal, cada mes se podría comprar una barométrica nueva, o lo que es lo mismo ¡ya podríamos haber comprado más de 36 en este período de gobierno! Entonces, como es imposible que la Intendencia “se achique”, la otra posibilidad que cabe proponerse es destinar unos 200 funcionarios a hacer el trabajo de la máquina que falta; o sea, a vaciar pozos negros a balde.
Renegado