OPINIÓN

Locales | 10 Nov De acuerdo al criterio de Suprema Corte
se reestablecerá la guerra de patentes
Al lector más desprevenido y menos informado no le puede pasar inadvertido que todas las leyes trascendentes dictadas por el gobierno nacional son sistemáticamente declaradas inconstitucionales por el Poder Judicial, produciéndose un “trancazo institucional” insólito para los uruguayos, que ven como las iniciativas, luego de años de debates, de planificación y de consultas, fracasan una tras otra.
Por tres votos a dos los Ministros de la Suprema Corte, a quienes respeto como corresponde a un Estado de Derecho, sujetan su decisión a aristas cuasi matemáticas, de abordaje exegético y eluden --con excelentes y correctos fundamentos de Derecho-- los problemas de fondo que tratan las normas jurídicas dictadas.
Al respecto de la Ley de “Pluna sociedad anónima”, que es la última víctima de la actual ola de inconstitucionalidades, mucho podría señalarse y desde ya se anuncian juicios contra el Estado para resarcirse por la quiebra de una empresa privada comercial (se trataría de un recurso inédito para el Derecho Comercial Uruguayo), empresa de la cual el Uruguay es socio minoritario y de la cual es garante por la compra de los aviones que --para mayores datos-- se encuentran hipotecados y que para más datos el Estado no podía permitir que fuesen embargados y secuestrados por juicios iniciados en el extranjero contra la compañía y quedarse mirando el espectáculo con cara de tonto.
Y que para mayores datos aún, estos aviones ya fueron vendidos y se encuentran en el patrimonio de una cooperativa, que para nada tiene, ni tuvo que ver con el juicio de inconstitucionalidad. Entonces, varias son las puntas que quedan sueltas con Pluna, pero aquí y ahora me gustaría aclarar el problema del título, aunque no pretendo que ningún jerarca me responda y demasiado bien sé que ello no va a ocurrir.
Pues como este “juego político” se verifica fuera de los ámbitos políticos y sí en el seno de un órgano judicial, la atención debe centrarse ahora en la guerra de patentes, problema que tenía cincuenta años sin resolución y que con impugnaciones en su contra, la Ley de Suscive podría caer si se sigue la lógica pura de la Suprema Corte de Justicia.
Y si ello ocurre se implantaría nuevamente, para quienes impugnaron la ley (no para quienes no impugnaron y ello genera un problema adicional) la controversia entre Intendencias que cobraban 10% (si, un diez por ciento) de lo que debía pagarse en otras y de Intendencias que tenían tres veces más vehículos que pobladores, de modo que todos y cada uno de los bebitos que nacían en el Hospital de Trinidad, por ese solo hecho, tenían que ser dueños, de al menos, tres automotores empadronados en Flores.
De hacerse lugar a la inconstitucionalidad del Suscive se volverá a tener la curiosa situación de Departamentos que colocando todos los vehículos allí empadronados, uno tras otro, no lograrían que todos pudieran estacionarse en el plano urbano de la ciudad y deberían estacionarse arriba de los campos y chacras aledañas, problemas todos que la Corte de Justicia seguramente no abordará ya que colmará su inquietud jurídica con excelentes postulados de autores italianos, germanos y en algún caso, uruguayos, alejándose del origen del entuerto en sí mismo. Estimado lector, créame que no son muchas las cosas de las que puedo hablar con propiedad, pero de esta estoy convencido: en cualquier país que pretenda un mínimo de progresismo debe cambiarse la Constitución, deben cambiarse las causales y la forma de juzgar el ajuste constitucional de las leyes y debe cambiarse sobre todo y en forma urgente la forma de designación de los Señores Ministros de la Corte de Justicia, que mediante sus sentencias no pueden considerarse habilitados para desconocer los hechos por los que transcurre la vida diaria de esta República.
Doctor Enrique Malel, edil del Frente Amplio