Opinion | 18 Nov El senador frenteamplista, Luis Gallo, dijo que existe un compromiso político de votar en la presente legislatura la creación de un Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes. En la iniciativa confluyen los aspectos de orden público y de atención sanitaria, donde se explica el procedimiento a desplegar en el momento en que se encuentra a un adicto consumiendo en la vía pública.
Según el articulado, equipos multidisciplinarios resolverán el tratamiento adecuado y luego darán pase al juez. Si el adicto cometió una falta, la sanción no será económica o trabajo comunitario, sino la internación. Y esta es una de las principales modificaciones efectuadas al proyecto inicial, donde la actuación judicial contaba con un mayor protagonismo.
En tanto, ante la imposibilidad de dotarlo de presupuesto, se creó un consorcio entre la Junta Nacional de Drogas, el INAU, Ministerios de Salud e Interior, además de un fideicomiso que llevará adelante la red de asistencia.
Sin embargo, el tratamiento de la drogadicción con patologías psiquiátricas asociadas, implica la complementariedad de varios servicios del Estado, donde se deberán coordinar los diagnósticos adecuados con las derivaciones oportunas y esto no es algo simple ni fácil.
Para empezar, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría viene alertando sobre la falta de lugar para atender a los adictos que en forma voluntaria desean rehabilitarse al día de hoy. Habrá que imaginarse otras dificultades en la infraestructura, cuando se ponga en práctica la internación compulsiva a través de medidas judiciales.
O la falta de recursos humanos para impedir que un paciente se retire, porque los centros de habilitación existentes en manos de organizaciones civiles o sanitarias son abiertos.
Para seguir, según el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, los centros de rehabilitación deberán estar reconocidos para otorgar mayores garantías en cuanto al servicio sanitario, al considerar al drogadicto como un paciente que tiene un problema de salud.
Es decir que para ambas situaciones la ley va por un lado y la realidad por otro. Hace falta infraestructura, asignación de recursos técnicos y económicos y el convencimiento que con la internación compulsiva no se logrará un resultado mejor.
Finalmente, cuando la legislación aterrice, no serán diputados o senadores quienes tendrán que lidiar con un problema mayor, sino el personal afectado a la tarea que deberá dar la cara ante los familiares que reclamarán por sus derechos. Y sin embargo, uno y otro tendrán razón.
Como en todos los casos, los referentes en cada una de las áreas sanitarias alertaron sobre estos aspectos a la Comisión de Salud del parlamento, pero --como en otras oportunidades-- se legislará igual, porque el “compromiso político” es urgente.