Locales | 17 Nov ESPECIAL (Por Horacio R. Brum). Roxana Miranda llegó a las primeras planas de los medios por desesperación: junto a un grupo de mujeres de los barrios populares de la capital chilena se encadenó a las ventanas del palacio de gobierno, increpó a políticos y funcionarios en actos públicos y se colgó de los arcos que soportan las señales del tránsito en la avenida principal de Santiago tantas veces, que las autoridades tuvieron que soldar al pie de ellos unas defensas de chapa metálica, para evitar que subieran.
Todo, para llamar la atención al predicamento de miles de familias de la clase trabajadora que creyeron en el sueño de la casa propia, y terminaron asfixiadas por las deudas de los créditos dados por las propias autoridades que deben financiar la vivienda para los sectores de menos recursos.
Roxana y sus compañeras formaron la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha) y pese a que sus acciones generaron mucha publicidad para los problemas del endeudamiento, las soluciones llegaron con cuentagotas, tanto bajo los gobiernos pasados de la centro-izquierda como durante el de la derecha, que termina este año. Por eso, la señora Miranda con su gente decidió soñar lo imposible en un país clasista como Chile, y presentarse de candidata a la presidencia en las elecciones del próximo domingo.
Por su parte, Marcel Claude es un economista especializado en temas del medio ambiente, que en 1995 fue obligado a renunciar a su cargo en el Banco Central de Chile, por haber redactado un informe que predecía el agotamiento del bosque nativo, si continuaban las prácticas destructivas de las empresas forestales. Crítico implacable del neoliberalismo y partidario de que la minería del cobre vuelva a quedar totalmente en manos del Estado, Claude suele demostrar, cifras en mano (fue apodado “el terrorista de las cifras” por el conservador diario El Mercurio), que la inversión extranjera no crea tantos empleos como se suele afirmar y en cambio, subordina al país a los intereses de las empresas transnacionales. Con su estilo directo y sin compromisos, logró encolumnar detrás de su candidatura presidencial a muchos sectores que rechazan el modelo económico imperante, desde algunos grupos anarquistas hasta una parte del movimiento estudiantil.
Otro economista-candidato es Alfredo Sfeir, un exfuncionario del Banco Mundial, cuyo discurso de toques esotéricos propone fortalecer la defensa del medio ambiente, proteger los valores de la convivencia social y prestar más atención a la tercera edad, la cual va en rápido aumento en Chile, sin que progresen a igual ritmo las políticas y medidas oficiales para atenderla.
Las nueve candidaturas presidenciales son un récord en los últimos 75 años de la historia del país. Sin embargo, la mayoría de los aspirantes proviene del mismo ambiente político que ha administrado el sistema económico impuesto por la dictadura militar, y ofrecen cambios cosméticos, con variaciones hacia la izquierda o la derecha. Solamente Miranda, Claude y Sfeir parecen responder a una sensación de disconformidad de la gente, que ha hecho que en los últimos años aumenten las movilizaciones sociales.
Según la encuesta Latinobarómetro, que mide en toda la región unos índices de la vida en democracia, apenas el 38% de los chilenos manifiesta su satisfacción con el funcionamiento de ese sistema de gobierno en su país, cifra que dista mucho del 82% que se registra en Uruguay y más cercana al mínimo 18% de Honduras.
Además, a por lo menos un 26% le da lo mismo la democracia que el autoritarismo y no más del 55% expresa un compromiso firme con el sistema democrático. Por otra parte, la confianza en los políticos y los partidos tradicionales no alcanza ni a la quinta parte de los ciudadanos y una gran mayoría cree poco probable que el gobierno resuelva los principales problemas del país en los próximos cinco años.
Tal vez sean otras las cifras que explican el surgimiento de las candidaturas presidenciales “por fuera del sistema”. De acuerdo a un informe reciente del sistema nacional de salud Fonasa, 8.138.000 personas deben ser atendidas gratuitamente por estar en la indigencia o tener ingresos irregulares; comparando esa cifra con la población total, casi la mitad de los chilenos serían pobres, y no el 15% de las estadísticas oficiales. Tal condición explica a su vez la tendencia generalizada a vivir a crédito, que obliga a las familias a destinar casi la quinta parte de sus ingresos mensuales al pago de las deudas.
Y si de créditos se trata, ya sea que estudien en el sistema público o en el privado, enviar a los hijos a la universidad implica que, una vez recibidos, los nuevos profesionales estarán pagando durante 10 a 20 años los préstamos con que financiaron la carrera.
Pagar tres veces menos un medicamento está llevando a los chilenos con más frecuencia a Mendoza: Euthyrox, de uso común para el tratamiento de los problemas de la tiroides, cuesta 300% más en una farmacia de Santiago, y si se trata de los medicamentos para controlar el colesterol, lo que se obtiene por tres o cuatro dólares en Argentina puede tener un precio de 30 o más a este lado de la frontera. Hasta el sexo seguro cuesta más en Chile, porque por la misma caja de tres preservativos que en Argentina se consigue por un dólar y medio, hay que pagar el equivalente de cinco dólares.
La explicación oficial, según el director del Instituto de Salud Pública chileno, es que “en Chile esto no pasa porque hay libertad de precios y la industria farmacéutica define los costos”. Una industria controlada por tres cadenas de farmacias, que incluso han llegado a ponerse de acuerdo para aumentar los precios, como ocurrió un sonado caso de 2008, que todavía se arrastra por los pasillos de los tribunales.
La sensación de desprotección, de que nadie hace nada por ellos cuando son víctimas de los abusos de las empresas, de la arbitrariedad de los empleadores o de las inequidades e injusticias de los sistemas de salud y educación convertidos en negocio, bien podría llevar a los votantes a tratar de llamar la atención de Michelle Bachelet, la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, dando los sufragios suficientes a los candidatos alternativos para forzar una segunda vuelta.