Opinion | 17 Nov El próximo año electoral será igual que las instancias anteriores. Los referentes de cada uno de los sectores llevarán adelante un verdadero raíd, con la meta de visitar la mayor cantidad posible de localidades, concretar innumerables entrevistas y propagandas en diversos estilos.
Sin embargo, seguirán faltando los debates. Volverá a estar ausente la necesaria confrontación de ideas, a través de la cual se disponga de una amplitud de temas, con énfasis en las preocupaciones ciudadanas. El diputado del Partido Colorado, Fernado Amado, presentó un proyecto de ley que obliga a debatir a los candidatos presidenciales “como forma de dotar al elector de las mayores herramientas a la hora de emitir el sufragio”, no obstante, “no está entre las prioridades” de la Comisión de Constitución y Códigos, según el legislador frenteamplista Jorge Orrico.
Es que nuevamente las encuestas ejercen presión sobre las decisiones de la dirigencia y sumado a que el Frente Amplio cuenta con las mayorías necesarias en el Parlamento, el resultado da que esta iniciativa será encajonada.
Algunas empresas consultoras aseguran que los debates no cambiarán esencialmente el panorama de las preferencias de los electores, en tanto, la bancada frenteamplista sostiene que “no es un factor determinante” porque el ciudadano no elige un candidato por una instancia puntual de debate.
Entonces, dadas estas importantes ventajas, cabe la pregunta: ¿por qué no se debate, si es verdad que no ejercen tanta influencia?
Parece que aquí hay un punto que cuesta entender. Los debates no deberían verse como “un factor determinante” por el cual un ciudadano cambia su voto o no, sino mostrarse como un ejercicio imprescindible de la democracia.
Y en este ejercicio se encuentran involucradas la tolerancia, el respeto, altitud de miras, confrontación de ideas y presentación de propuestas programáticas para que el debate sea una herramienta y no un espacio mal entendido que suma o resta votos. Porque esa es la visión que se observa acerca de los debates. Al menos en Uruguay.
Es difícil encontrar una línea argumentativa que lleve a los referentes a valorar estas instancias. La falta de debates no solamente se practica en ambas cámaras, donde llegan leyes desprolijas y mal redactadas que se votan sin discusión porque hay mayorías aseguradas, sino en la sociedad.
Y la clase política es el reflejo de esa sociedad intolerante, con cruce de acusaciones y adjetivaciones de todo calibre. El problema es que después pretenden emitir un mensaje de tolerancia que no llega y la razón es porque no se practica.
La clase política deberá entender que las sociedades modernas tienen un termómetro muy sensible para medir la hipocresía, cuyo resultado es la falta de referentes. O peor aún, de la escasez de recambio.