Locales | 21 Nov El Congreso de Intendentes envió a los legisladores y al presidente de la República José Mujica una carta en la que urge la aprobación del proyecto de ley que crea la Policía Nacional de Tránsito, “porque es imprescindible para poder mínimamente hacer cumplir la ley de tránsito y seguridad vial”, dijo a EL TELEGRAFO el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.
Los intendentes resisten partes claves de la ley 19.061, porque “pone en un aprieto a las intendencias departamentales, a las que les asigna la tarea de fiscalización en la medida que establece una serie de elementos técnicos en la reglamentación redactada por la Unasev, que hace imposible el control adecuado, con la realidad que se vive en las intendencias”.
Encomendaron a los directores de tránsito de todo el país estudiar el proyecto de reglamentación de la ley -aprobada y en vigencia, pero que no se aplica porque no está reglamentada, es decir no tiene los elementos prácticos (como monto de multas) imprescindibles- que fuera redactado por la Unasev, y que ya está en manos del Poder Ejecutivo. El Congreso, de todas formas, ha pedido que no se apruebe sin escuchar la voz de los intendentes.
Los directores de Tránsito “han señalado la imposibilidad de aplicar varias disposiciones”, dijo Lafluf. Además, rechazaron que la Unasev cobre un porcentaje por cada multa porque no está en el texto de la ley y en consecuencia no puede agregarse en su reglamentación. El Congreso, que se reúne el venidero jueves 28, deberá considerar si acepta lo definido por los directores de tránsito y lo hace suyo.
“La Policía Nacional es imprescindible porque los inspectores de tránsito no están en condiciones de aplicar la ley, en un marco de creciente inseguridad”, aseguró el intendente de Río Negro, refiriéndose a un proyecto de ley conexo con la discutida 19.061. En lo que refiere a este texto legal, las principales críticas tienen que ver con “las especificaciones demasiado técnicas del uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), que hace prácticamente inviable su aplicación”, dijo por su lado Jorge Bartaburu, encargado de Movilidad Urbana, presente en la reunión de directores de Tránsito.
El proyecto de reglamentación establece diferentes SRI y ubicaciones de las sillas según el peso de los niños menores de 12 años. Lo que se pretende es que se tome en cuenta la edad, un dato más simple de controlar. Tampoco se acepta que adolescentes de hasta 18 años que midan hasta 1,50 metros, deban viajar en la parte trasera y en una silla SRI.
No obstante, hay coincidencias en que “será muy difícil hacer cambios profundos porque la ley está aprobada y vigente, pero es claro que no se consultó apropiadamente a las intendencias, que son precisamente las que mejor conocimiento del tema tienen”, aseguró Lafluf.