Opinion | 30 Nov Tras la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la denominada Ley de Pluna, por la que el gobierno dio una “solución” al grave problema de la exempresa estatal Pluna fundida, y con pretensiones de recrearla en alguna medida, con los exfuncionarios de la aerolínea, en Alas-U, se han intensificado las presiones del Pit Cnt y sectores de la fuerza de gobierno para “inventar” una salida alternativa con el mismo objetivo.A lo largo de su historia la aerolínea estatal ha costado a los uruguayos centenares de millones de dólares, tanto cuando el ente era puramente estatal como cuando se buscaron asociaciones y figuras jurídicas que han terminado invariablemente peor que lo que se había intentado antes.
La última aventura de Pluna, que fue la asociación con el empresario Matías Campiani, ha costado al Estado uruguayo no menos de doscientos millones de dólares; mejor dicho, a todos los uruguayos, incluyendo a la enorme mayoría, el 99 por ciento de los ciudadanos que jamás ha subido a un avión de Pluna, y que sin embargo ha seguido poniendo plata para seguir sosteniendo de la aerolínea de bandera, como si en ello nos fuera la vida.
Y más allá de las idas y venidas sobre el tema, los gruesos errores cometidos por el Gobierno en los últimos tiempos --tanto durante la presidencia de Tabaré Vázquez como en la actual de Mujica-- y de las vergonzosas explicaciones sobre las “buenas intenciones” que guían a los actuales gobernantes --a diferencia de los que estaban antes, que obviamente eran todos “piratas” como mínimo--, el tema es que ahora se intenta otra vez reflotar al costo que sea a la “hija” del desastre; o sea, Alas-U.
La historia de pérdidas en que nos ha embarcado el salvataje de Pluna es interminable, y por lo tanto los trabajadores que integran la cooperativa Alas-U, que saben muy bien como viene la mano, se cuidan de arriesgar su dinero, pese a que se trata de su fuente de trabajo. En cambio, confían en que sí lo hará el Estado uruguayo una vez más.
Sin embargo, para el Pit Cnt el embarcarse en una nueva aventura con dinero ajeno parece una cosa trivial, dado lo “crucial” de contar con una aerolínea de bandera, y es así que en las últimas horas la central sindical fue a pedirle al presidente José Mujica que el Estado sea nuevamente garante de los aviones de Pluna para que la compañía Alas Uruguay se los pueda comprar al síndico que administra el concurso al que pasarán las aeronaves tras el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.
Para ello ponen como “garantía” tres autos del Pit Cnt, que valen un total de 45.000 dólares, y las obras en su sede --que la usufructúan en comodato-- para hacer un total de poco más de 300.000 dólares, frente a los 46 millones que se necesitan. Obviamente se trata de una garantía simbólica, porque más allá que no cubre absolutamente nada, está claro que ningún gobierno ejecutará jamás un bien de la central sindical.Pero aparentemente el mandatario les dijo que sí, por más que en el ámbito del gobierno se ha reconocido que la solución es inviable, y sobre todo porque poco antes el propio Mujica había manifestado que no debía recaerse en el error de que se saliera nuevamente de garantía en el caso Pluna, e indicó en cambio que el Pit Cnt si quería asumir el riesgo, que pusiera su sede como garantía en la operación.
Pero como la palabra presidencial está bastante devaluada últimamente, no puede llamar a sorpresa que ahora el mandatario esté dispuesto a encontrar una excusa para que el Estado vuelva a garantizar una empresa aérea condenada al fracaso, o al menos, a dar millonarias pérdidas de por vida.
Por lo pronto todas las razones que se esgrimieron para sostener a Pluna y luego justificar a Alas-U fueron demolidas por la propia realidad, que demostró que la tan manoseada “conectividad” nunca se perdió, y hoy el Uruguay está a punto de superar los excelentes números de 2011 en turismo, al tiempo que ya hemos recibido más turistas que en 2010. Por otra parte, es evidente que en la situación actual de la Argentina, cuyo gobierno con el apoyo de su brazo patoteril “la Cámpora” está dispuesto a llegar a lo inimaginable para eliminar cualquier competencia a la también fundida Aerolíneas Argentinas, resultará imposible para cualquier empresa uruguaya obtener en condiciones razonables los destinos interesantes del otro lado del charco.
Por lo tanto, Alas-U sólo se explica en el interés de sus empleados, pero es y será inviable, y el Estado uruguayo parece dispuesto una vez más a salir de garantía a una empresa privada –aunque se trate de una cooperativa--, condenada a dar millonarias pérdidas que tendremos que asumir todos los uruguayos, sin ninguna razón de interés nacional.