Opinion | 25 Nov Comenzaron los cálculos y el panorama se vuelve obvio. Tan obvio como observar que las presidenciales están al alcance de la mano, luego del largo receso veraniego que se aproxima.
Y el cálculo deberá ser certero, más allá del necesario discurso para la tribuna que movilice y caliente las almas. Salvo que el cálculo se haga tarde y mal, como está ocurriendo ahora.
Sucede que para llevar adelante campañas electorales de honda presencia mediática y callejera hace falta dinero, por supuesto. Y esos recursos eran solicitados a empresas que colaboraban en algunos casos “sin pedir nada a cambio” y en otros, no tanto. Sin embargo, a las consultadas hasta el momento les afecta un asunto que con gran bullicio y vocinglería marketinera se terminó aprobando en la Cámara de Diputados: la responsabilidad penal empresarial por accidentes laborales.
El asunto es bastante complicado porque la tirantez viene desde dos sectores. Por un lado, un sindicato fuerte como el Sunca que hasta logró que asumiera un dirigente como diputado para votar la iniciativa que fue seguida por grandes pantallas ubicadas en plazas del país para señalar a quién votaba y quién no. Por otro, el teléfono que suena en un escritorio empresarial para solicitar apoyo y recursos, sin suponer que la memoria es larga y el bolsillo resulta corto, cuando se ven afectados determinados intereses.
Y ahí llega la gran pregunta: ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Qué hacer ahora ante un proyecto que no convence a los senadores oficialistas y sobre el que se deberá resolver justo en tiempos electorales?
¡Caramba! Allí se vuelve imprescindible nuevamente el silencio, la ausencia de declaraciones a la prensa, el discurso en torno a la “sensibilidad” del problema, la necesidad de “estudiarlo en profundidad”, no aprobarlo “con liviandad” aunque se encuentra desde hace algunos días en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Alta.
El Poder Ejecutivo, en tanto, sabe que tiene un hierro caliente en sus manos. De lo contrario, el subsecretario de la cartera, Nelson Loustaunau, no hubiera dicho que el gobierno “no aprueba ni desaprueba” tal iniciativa, ni tampoco aclarar que su redacción no salió del Ejecutivo, a pesar de brindar su opinión para mejorarla.
Por otro lado, si el sector de la construcción ha mantenido altas cifras de accidentes fatales y si en realidad existen leyes que establecen sanciones penales, el cuestionamiento debe plantearse en torno a la falta de aplicación de la normativa vigente.
Sin embargo, el discurso estuvo orientado todo el tiempo hacia una tribuna caliente. Ahora que las “papas queman” habrá que atenuar la arenga y fogonear las palabras para no quedarse sin votos y sin recursos que solventen las campañas. Es una misión de alto riesgo que requiere más cintura que alma.