Paysandú, Lunes 02 de Diciembre de 2013
Locales | 25 Nov Mientras la Junta Departamental de Tacuarembó también tratará esta semana la posibilidad de declarar al territorio de ese departamento como “libre de fracking”, los grupos Paysandú Nuestro, Gensa y Paysandú Libre de Fracking, impulsores desde la sociedad civil de la resolución adoptada por la Junta Departamental de Paysandú en el mismo sentido, expresaron a EL TELEGRAFO su satisfacción ante la resolución tomada.
Expresaron que “ante la multitud de dudas, decidimos recorrer todos los caminos que pudieran conducirnos a una información clara y confiable. En una primera instancia, recurrimos a contactos con la fuerza política en el gobierno nacional con la pretensión de obtener información fidedigna sobre la cuestión. Como las respuestas a estas iniciativas fueron difusas y evasivas, decidimos tomar una actitud proactiva tratando de generar eventos académicos y sociales que contribuyeran a generar una opinión pública al respecto”. “En este marco, luego de varias actividades, recibimos la visita del gerente de Exploración y Desarrollo de Ancap, doctor Héctor De Santa Ana, en una reunión pública. Pero el panorama no se aclaró sino que nos dejó más preocupados aún por la forma como se manejan las decisiones sobre estos temas. En esa oportunidad, le preguntamos si considerando que Ancap ha firmado un contrato de exploración y explotación con la empresa estadounidense Shuepbach Energy, teniendo en cuenta que la sociedad formada entre Ancap y la misma es a partes iguales, por lo que ninguna de las partes puede por sí sola decidir tópicos como qué se explota y cómo, ¿qué sucedería si en unos años (el contrato es a 30 años) la empresa decide que de acuerdo a los hidrocarburos encontrados y a los precios de los mismos le resulta económicamente viable su explotación y que por la formación geológica en que éstos se encuentran solo puede hacerlo mediante fracking? ¿Qué pasa si en esa hipótesis el Uruguay decide no usar esa técnica porque entiende es muy contaminante? ¿Dónde se dirime esa controversia? La pregunta no fue respondida”.
NECESIDAD DE
ESTAR INFORMADOS
“Nos preocupan la tecnología empleada, que es el fracking, una técnica experimental, aplicada sin estudios suficientes, muy controvertida y que por sus impactos ambientales y sociales ha sido prohibida en varios países y regiones; y, por otro lado, las decisiones del gobierno uruguayo, que hasta el momento carecen de transparencia para los ciudadanos interesados en saber de qué se trata”, afirmaron los grupos ambientalistas impulsores de declarar a Paysandú libre de esta técnica para la extracción de petróleo.
Como muestra de esto, dijeron que para acceder al contenido del contrato firmado entre Ancap y la empresa concesionaria Schuepbach Energy, un periodista invocó el derecho de acceso a la información pública (garantizado por la Ley N° 18.381) y ante la negativa del Ministerio de Industrias a hacerlo público, fue necesario recurrir a la Justicia que, finalmente, obligó al ente estatal a aportar la información.
“En dicho contrato se establece claramente que se están estudiando posibles yacimientos de hidrocarburos no convencionales y que los mismos serán explotados una vez confirmada la viabilidad comercial. Entendemos entonces que, una vez determinado el interés económico en el recurso, irán a buscarse las licencias ambientales y sociales requeridas, pero bajo las reglas consentidas en el contrato. Las autoridades de Ancap negaban que existiera la posibilidad de emplear la técnica de fracking, aunque el contrato firmado no lo excluye. Recién ahora, ante la posible prohibición de esta tecnología en nuestro departamento, en una entrevista sostenida días atrás por la Comisión de Higiene de la Junta Departamental con autoridades de Ancap, el señor Santiago Ferro y la doctora Ethel Morales admitieron que de encontrarse yacimientos comercialmente viables, se estudiaría caso a caso la posible utilización delfracking. Como vemos, un año de tesón en la búsqueda de información nos ha llevado a lo que sospechábamos. Se admite la posibilidad de usar el fracking y esto ha sido negado sistemáticamente a la población. Ante esta forma de manejar la situación creemos que podemos permitirnos especular sobre los por qué de estos procedimientos”. “Como sociedad civil, entendemos que los procesos para obtener el consentimiento de la población, deben ser, antes que nada, de generación de confianza, brindando todos los elementos e informaciones requeridos. Las intenciones pueden ser legítimas, pero se invalidan cuando se invierte el orden de los procedimientos adecuados. No se puede firmar, en nombre del Estado uruguayo, un contrato por 30 años con una empresa que admite la posibilidad de usar el ‘fracking’ sobre el Acuífero Guaraní”.
“Tampoco se puede ceder la soberanía nacional pasando la resolución de posibles controversias con esa empresa a tribunales internacionales del tipo que Philip Morris está usando contra Uruguay. Esto ha sido manejado por muy pocas personas, a espaldas de la población”, sostuvieron.
Consideraron que “la decisión de la Junta Departamental marca un hito de gran importancia en esta lucha, pero es también una invitación a realizar nuevos esfuerzos. Para consolidar este logro, debemos avanzar en la generación de una mayor conciencia en la población sanducera y en reforzar los lazos de solidaridad con otros departamentos del litoral uruguayo y también con los vecinos de la Provincia de Entre Ríos, en defensa de nuestros suelos, nuestros ríos y nuestro Acuífero Guaraní”.
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