Opinion | 29 Nov “En el medio del boom económico más importante que tuvo el país desde la Segunda Guerra Mundial, la pobreza y la desigualdad educativa no mejoraron en absoluto. Estamos remando contra la corriente con políticas sociales asistencialistas que mejoran circunstancialmente la desigualdad de ingresos que estructuralmente tiende a deteriorarse por la acentuación de las desigualdades educativas”, advirtió el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), economista Ernesto Talvi, en una charla realizada en el hotel Sheraton denominada “Ante la incertidumbre económica global y regional ¿Cómo impactará en Uruguay y cuán vulnerables estamos”. De acuerdo a lo expresado por el economista, en los últimos diez años aumentó la desigualdad de los niveles educativos entre los distintos estratos sociales y eso ha llevado a que Uruguay no haya diversificado su producción ni incrementado la sofisticación de su oferta exportable.
Sostuvo además que la salida a esta situación pasa por asegurar el acceso universal a la educación de calidad, lo que será “una inversión que se paga sola. Estamos en donde estamos porque no hicimos los deberes. La buena noticia, aunque parezca irónico, es que queda todo por hacer. O sea que el destino está en nuestras manos”, según indicó El País.
Podrá resultar en principio chocante, tal vez, lo drástico de las apreciaciones de Talvi, ante lo tajante de sus afirmaciones, pero no puede obviarse que el economista parte de elementos que reflejan la realidad de un país que hasta ahora está lejos de tener resueltos sus problemas en una serie de aspectos del área social y económica, a partir sobre todo de enfoques desacertados de las dos últimas administraciones en cuanto a priorizar la mirada ideológica por sobre la realidad.
Es cierto, como señala el economista, que el Uruguay ha vivido una década excepcional, con una gran valorización de las materias primas que exportamos, caso de los granos y la carne, a la vez que en el aspecto financiero el costo del dinero se redujo drásticamente y la situación en el mundo desarrollado ha sido determinante para que aterrizaran en la región capitales encaminados a concretar inversiones en áreas en las que nuestro país cuenta con ventajas comparativas.
Estas condiciones han determinado ingresos adicionales que se han traducido a la vez en un aumento de la recaudación del Estado, y precisamente gran parte de estos recursos agregados se han volcado a financiar programas sociales que se han diversificado, pero por regla general poniendo énfasis en el aspecto asistencial, con algunas excepciones que se han traducido en líneas de apoyo a pequeños emprendimientos y creación por ejemplo de cooperativas sociales que con suerte variada luchan por ser una fuente de trabajo firme para sus integrantes.
Estos elementos, aunque insuficientes, son plausibles, por cuanto tienen como línea de orientación la capacitación y el apoyo a personas con escasas oportunidades para que puedan autosustentarse, que es precisamente la única posibilidad de reinserción y combate de la marginación, así como mejora de la calidad de vida para salir de la indigencia y la pobreza.
Pero a la vez, coexisten con estos programas planes de neto corte asistencialista, que consisten incluso en el pago de mensualidad a familias a las que no se exige la contrapartida en trabajo y ni siquiera se cumple con exigirles que envíen sus hijos a la escuela y secundaria. Por lo demás, al haberse sostenido esta situación en el tiempo, la gran mayoría de los beneficiarios opta por ni siquiera buscar trabajo, teniendo ingresos asegurados, y en el mejor de los casos, cuando lo hacen, procuran hacerlo en negro o sencillamente descartan ofertas, para no perder el beneficio asistencial.
Por lo demás, si bien las estadísticas reflejan mejoras en ingresos que han permitido que miles de uruguayos hayan salido de la indigencia y la pobreza, en los hechos estamos ante una situación falseada, porque los ingresos señalados se basan en la asistencia del Estado, es decir en el dinero que aportamos todos los uruguayos, y muchos de los que hoy han salido de la pobreza en las estadísticas en realidad volverán a caer nuevamente en esta franja si se suspende la asistencia dispuesta por el gobierno.
Ello indica que estamos lejos, como bien señala Talvi, de que se haya estrechado la brecha y las desigualdades sociales, aunque se refleje una mejora de la economía que a la vez se ha derramado por vasos comunicantes a todos los sectores. Es que los recursos adicionales no han tenido el destino de la infraestructura y la sustentabilidad de la inclusión, sino que en gran medida se afectaron para atender situaciones de emergencia pero sin soluciones definitivas, y por tanto sin retorno --más allá del voto seguro de miles de ciudadanos para las próximas elecciones, beneficiarios de este sistema--. Esto asegura que tan pronto cambie la pisada de la economía mundial, tendremos nuevamente encima los problemas que se dice haber solucionado, y peor aún, con una buena parte de la población que hoy está acostumbrada a subsistir con lo poco o mucho que se les da, exigiendo del Estado más recursos para “atender la crisis”.