Opinion | 30 Nov Se supo en las últimas horas que el informe de la División de Estudios Legislativos del Parlamento advirtió a los senadores que la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, así como el cargo rentado de director, se encuadran en las restricciones que establece la Constitución para el año electoral, teniendo en cuenta que esa unidad parlamentaria tiene por función asesorar a los legisladores con una visión técnica.
Según da cuenta El Observador, las conclusiones de ese trabajo están en línea con un informe solicitado por el senador colorado Alfredo Solari al constitucionalista Jaime Sapolinsky, pero a la vez esos documentos han sido controvertidos por otro informe que presentó Presidencia de la República.
La advertencia del servicio jurídico del Parlamento y del constitucionalista indica la imposibilidad de la creación de un organismo en año electoral y crear un cargo de director ejecutivo rentado. El punto controvertido no obstará, sin embargo, para que el Frente Amplio sancione con mayoría propia el proyecto sobre regulación y legalización de la marihuana tal como vino de la Cámara de Diputados, en tanto otro aspecto que roza la inconstitucionalidad es el artículo 10 del proyecto que se aprobó en la Comisión de Salud del Senado. La norma establece que “el Sistema Nacional de Educación Pública deberá disponer de políticas educativas para la promoción de la salud y la prevención del uso problemático de Cannabis”, y también se propone que el tema se incluya en la currícula de Primaria, Secundaria y en los cursos de UTU.
Surge de este artículo que el Parlamento está invadiendo competencias, en este caso de la ANEP, al obligar a tener una materia, incluso determinando el nombre y bajo qué paradigma discutirlo.
Pese a ello, los legisladores oficialistas señalaron que igualmente votarán la ley, sin incorporarle correcciones, porque de así hacerlo el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados y ya resultaría imposible su aprobación este año, como se pretende.
De esta forma estamos frente a otra ley expuesta a caer por gruesos vicios cometidos en su redacción, y que de ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, a juzgar por hechos similares habrá nuevamente voces que reclamarán un “cambio en la Constitución”.
Sin embargo está claro que a esta situación se llega porque se ha considerado por los promotores de la ley que lo que importa es la decisión política y no el acogerse a lo que establece el cuerpo legal y la Carta Magna, que para muchos aparece como un simple formalismo y no como la garantía de que debe rodearse el Estado de Derecho en defensa de la institucionalidad, el orden y la ley.
Y cuando se está avisado de antemano, suena a una burla trágica que los protagonistas de estos entuertos, a través de grupos radicales de izquierda, salgan a “escrachar” a la Suprema Corte de Justicia y protagonizar asonadas, porque dicen que la Suprema Corte le hace “el juego a la derecha”, cuando son ellos quienes se llevan por delante el estado de Derecho y luego pretenden ensuciar la cancha, haciéndose las víctimas.