Locales | 02 Dic Antes de dictar una ley que involucre los derechos de los niños y los adolescentes, el legislador tiene que evaluar de qué manera esa ley está beneficiando algunos derechos o perjudicando otros, y debe hacer el balance adecuado para que la legislación sea lo más respetuosa posible de los derechos del niño, indicó a EL TELEGRAFO el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien analizó los alcances de la Observación General 14/2013, aprobada por Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), en el marco de las Jornadas Académicas de Actualización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia que se celebraron en el Centro Universitario y el Instituto de Formación Docente de Paysandú. “Es un documento que da pautas concretas y prácticas sobre el interés superior del niño, determinando que cuando ese derecho está en controversia con otros intereses, como de familiares u otros adultos, deben mantener una prominencia ya que los derechos del niño serán los que deban salvaguardarse de manera prioritaria”, precisó el Dr. Pérez Manrique.
El ministro de la Suprema Corte consideró que “es un documento nuevo, de gran utilidad desde el punto de vista de los aplicadores del derecho, que también deben considerar el interés del superior en un plano general y no de un niño en concreto; o sea las clases y los grupos de niños”.

TOBILLERAS PARA EL INTERIOR
Previamente, el ministro Pérez Manrique se refirió durante las Jornadas al Programa Integral de Lucha Contra la Violencia de Género. “Hicimos una puesta al día acerca de todo lo que ha hecho la Suprema Corte en el período 2012-2013 en materia de prevención de violencia de género, con una participación muy activa en el Programa Integral de Lucha Contra la Violencia de Género”, dijo.
En este marco, puntualizó que “hemos enviado a 60 personas desde Uruguay a realizar cursos de sensibilización respecto al tema en Argentina, y hemos trabajado activamente la puesta en funcionamiento de los dispositivos de seguimiento electrónico, denominados tobilleras. Se han colocado 70 tobilleras, 62 por parte de juzgados de familia y ocho por juzgados penales: solo en tres casos los presuntos agresores se resistieron a la colocación del dipositivo, y en cinco se constató incumplimiento de lo que los dispositivos estaban controlando”.
Además, valoró positivamente la implementación de las tobilleras electrónicas, ya que “han permitido solucionar problemas graves”, en tanto anunció que “aspiramos a que, con el tiempo y el perfeccionamiento de la tecnología de los dispositivos de apoyo, pueda también contarse con dispositivos electrónicos en el interior del país”.