Paysandú, Miércoles 04 de Diciembre de 2013
Nacionales | 04 Dic Unos 5.000 abortos se han realizado en Uruguay en el año transcurrido desde su despenalización, pero aún hay “dificultades” para la interrupción del embarazo, de acuerdo a estimaciones oficiales y estudios de la organización Mujer y Salud de Uruguay (MYSU).
En la víspera se cumplió un año desde la entrada en vigor de la nueva ley que no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Según El Observador, el Gobierno anunció que recién en los primeros meses de 2014 se podrá tener una “cifra oficial” sobre el número de abortos realizados en instituciones médicas en el primer año de aplicación de la ley.
Sin embargo, el viceministro de Salud Pública, Lionel Briozzo, estimó en la víspera que “se mantiene la tendencia” del primer semestre de la nueva legislación. El pasado julio Briozzo informó que se registraron 2.550 abortos en los primeros seis meses desde la despenalización con una media de 456 mensuales y que no se reportó en ese tiempo ninguna muerte materna por interrupciones del embarazo practicadas en situaciones de riesgo.
Destacó, además, que estos datos suponen unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada 1.000 que se estima se produjeron en el país entre los años 1995 y 2002, cuando el aborto era ilegal y no existían políticas educativas sobre sexualidad.
La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, destacó a Efe que los abortos en Uruguay eran unos 16.000 anuales en 1978 y hubo una “explosión” hasta los 33.000 en 2003 “en plena crisis económica”.
Si las autoridades estiman que en la actualidad son unos 5.000 los abortos anuales en el país “hay un desfasaje importante con las cifras históricas y habrá que estudiar los motivos”, señaló. La organización advirtió también sobre un “número importante” de abortos que “por diferentes razones” se “siguen realizando en el circuito clandestino”.
Con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se materializaron “progresos” en la defensa de los derechos de la mujer pero al mismo tiempo se “mantienen dificultades” para “poder concretar” los abortos, agregó. Abracinskas destacó que “sigue habiendo mucha desinformación” entre las uruguayas sobre sus derechos y reclamó a las autoridades sanitarias “una campaña amplia y clara” para que los conozcan. Además, el pasaje de las mujeres que desean interrumpir su embarazo por los consultorios de los integrantes de esa comisión “es un verdadero cuello de botella” por la falta de horas disponibles.
En ciudades o pueblos pequeños del medio rural “no se pueden atender y deben viajar a capitales departamentales o a Montevideo, lo que incrementa las trabas” para la interrupción del embarazo, destacó.
MYSU reclama además una campaña de información para “evitar embarazos no deseados” tras señalar que según una reciente encuesta el 25 % de las uruguayas entre 15 y 49 años “no utiliza ningún método anticonceptivo”.
MAYOR APROBACIÓN A GESTIÓN POLICIAL
La mayoría de la población aprueba el desempeño de la Policía y desaprueba la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, según se desprende de una encuesta de Cifra. A su vez, las preferencias no varían de acuerdo al partido político al que votan, en tanto, dentro del Frente Amplio también se desaprueba a Bonomi.
Según la empresa encuestadora, el 55% de la población desaprueba la gestión que ha tenido el Ministerio del Interior entre 2009 y 2013 y un 25% la aprueba. En contraposición el 47% de la población aprueba el desempeño de la Policía y un 32% la desaprueba. Al evaluar la aprobación según la intención de voto se observa que dentro del Frente Amplio, el 52% aprueba la gestión de la Policía y 44% la del ministro.
Dentro del Partido Nacional la aprobación de la Policía alcanza al 46% mientras que la de Bonomi agrada al 11%. En el Partido Colorado el 49% aprueba la gestión de la Policía mientras que el 9% ve con buenos ojos la del ministro del Interior.
PROPONEN CREAR UN DÓLAR TURÍSTICO
El presidente del Centro de Hoteles, Fernando Massa, propuso crear un dólar turístico para contrarrestar las medidas adoptadas por Argentina y aseguró que “si no se abre algún flanco en el Ministerio de Economía, es poco lo que en el ministerio de Turismo pueden hacer. En entrevista con FM Gente, el empresario aludió a la caída constante de la rentabilidad de su sector y subrayó que “el tema es que hace un buen tiempo, aún en temporadas con mayor afluencia de público, estábamos con esta problemática”, la caída de la rentabilidad.
“Claramente nosotros tenemos nuestras tarifas en dólares, los costos de este país se han incrementado muchísimo en todos los rubros, con lo cual nuestros márgenes de rentabilidad cada vez son menores, con este dólar planchado y con nuestros costos en pesos”, explicó. Massa dijo que “esos efectos en sí ya con una buena afluencia de público los teníamos y si empiezan a mermar los niveles de ocupación el panorama pasa a ser gravísimo”.
“A esta altura del año respecto al año pasado estamos en el orden de un 10% por debajo” en el nivel de reservas y negocios concretados, estimó.
Matizó que “hay una tendencia de que la gente cada vez toma sus reservas más sobre la fecha, pero aun así el nivel de reservas para fin de año es muy bueno, y hay un buen movimiento de reservas para la primera quincena de enero”.
Massa dijo que ven la medida adoptada por Argentina “con gran preocupación, es una medida que están tomando muy encima de la temporada, y que agrava la situación; nos sitúa un 15% más caro de lo que ya estábamos”.
“Si el panorama de por sí ya era complicado previo a esta medida, y la expectativa era a la baja para esta temporada, con más razón esta medida atenta aún más; habrá que ver las repercusiones que tenga hacia adelante, y ni siquiera los que han concretado tienen seguro que van a pagar ese precio o que van a zafar de esta nueva medida; algo insólito, medida retroactiva”, señaló.
RECHAZARON CONCLUSIONES DEL CONGRESO DE EDUCACIÓN
El Partido Colorado rechazó las conclusiones del Congreso Nacional de Educación Maestra Reina Reyes “por no representar las mejores tradiciones nacionales en la materia y por carecer de representatividad”. La resolución colorada además expresa que “la consolidación de espacios de entendimiento y no de enfrentamiento son los que se consideran imprescindibles para encontrar”.
“Las soluciones que la educación nacional requiere son en el marco del más estricto respeto a los principios generales establecidos en la ley y en la Constitución de la República”, indicaron.
“Considerar en lo pertinente, las diversas propuestas presentadas en este ámbito por las comunidades departamentales que participaron a lo largo y ancho del país y que no han sido tenidas en cuenta, las que serán incluidas, además, en el programa de gobierno que oportunamente se apruebe”, señaló el Partido Colorado.
OPOSICIÓN ADVIRTIÓ CAMBIO DE FECHA DE INTERPELACIÓN
Luego de que se anunciara que la fecha de interpelación de los ministros de Transporte y Economía por la situación de Pluna sería el 20 de diciembre, desde la oposición manifestaron que esa fecha excede los plazos parlamentarios y que por tal motivo llamarán a una sesión extraordinaria para fijar una nueva fecha.
El pedido de interpelación al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al de Transporte, Enrique Pintado, fue aprobado en la sesión del martes por 15 votos en 28 presentes.
La polémica en la sesión se relacionó con la fecha de la instancia parlamentaria, la cual desde el Poder Ejecutivo se había anunciado que sería el 20 del mes corriente.
Ante esta realidad, el senador nacionalista Francisco Gallinal señaló que esta es una “pésima fecha” e indicó que los plazos reglamentarios establecen que el plazo máximo para la interpelación es el 17 de diciembre.
Por su parte, el también nacionalista Luis Alberto Heber señaló que fijar el 20 como fecha es “tapar el tema con las fiestas”. Estos reclamos fueron compartidos por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien recordó que acompaña el pedido de interpelación y que el mismo no puede darse por fuera de los plazos reglamentarios.
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