Nacionales | 05 Dic El Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional ubicó a Uruguay en el puesto 19, la misma ubicación que Estados Unidos. De esta forma nuestro país ascendió del puesto 20, donde con 72 puntos sobre 100 se había colocado el año pasado, compartiendo el lugar con Chile. Es el tercer año consecutivo que Uruguay asciende en la gráfica, puesto que en 2011 se ubicó en la posición 25, en 2012 en el puesto 20 y este año ascendió al 19, informó La República.
Nuestro país está primero en Latinoamérica, y tercero en el resto del contexto americano junto con Estados Unidos, detrás de Canadá (primer americano con 81 puntos en el 9º lugar mundial) y de Barbados (tiene 75 puntos y está 15º en el mundo).
El informe de Transparencia Internacional, evalúa a 177 países del mundo, de los cuales solo la tercera parte ha logrado este año superar los 50 puntos sobre el total de 100 posibles. Nuevamente Dinamarca y Nueva Zelanda son los países con menor índice de percepción de corrupción, con 91 puntos. En tanto, el índice de Latinoamérica es preocupante en general, dado que solo Uruguay, Chile y Costa Rica superan la media de 50 puntos. La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, dijo que “el Índice de Percepción de la Corrupción demuestra que todos los países se enfrentan todavía a la amenaza de corrupción en todos los niveles de gobierno, desde el otorgamiento de permisos locales hasta la implementación de normas y reglamentaciones”. En tal sentido, destacó que “los países en el extremo superior del índice muestran claramente que la transparencia contribuye a la rendición de cuentas y puede frenar la corrupción. Sin embargo, estos países de mejor desempeño enfrentan desafíos en aspectos como captura del Estado, financiamiento de campañas y la supervisión de grandes contratos públicos, que continúan representando importantes riesgos de corrupción”.

HUELGA DE HAMBRE POR CASO DE RAMÍREZ
En conversación con Montevideo Portal, Alba, madre de una de las jóvenes procesada con prisión por la agresión que sufrió Tania Ramírez, explicó que lleva adelante una huelga de hambre junto con su hermana y permanece encadenada frente a la Suprema Corte de Justicia. “Pensamos que ya pasaron 10 meses, yo sé que le pegó y que estuvo mal; pero 10 meses ya es demasiado, porque racismo no hubo, se comprobó que no”, afirmó la madre de la joven de 18 años que se encuentra en prisión en Piedra de los Indios. Agregó que en casos similares se ha determinado el procesamiento sin prisión.
“Los de Peñarol, a mí no me interesa que vayan presos, pero ninguno fue procesado con prisión. Yo pienso que es un tema político, porque (Ramírez) era funcionaria del Mides. Si ella quiere ser lo que sea a mí no me importa, que haga lo que quiera, pero que no lo haga a través de mi hija, que lo haga limpiamente como tiene que ser”, señaló la mujer, quien comentó que no se enteró el mismo día en que ocurrieron los hechos.
“Después, cuando pasaron en la tele el video me dijo, ‘yo fui una de las que estaba ahí’. Y me dice ‘¿Qué hago?’, yo me puse re mal. Me dijo ‘paso las fiestas y después me entrego’ y después se entregó, no va a estar escondida toda una vida; pero de saber que iba a pasar esto, no se hubiera entregado, porque realmente esto es algo injusto y nadie piensa en ella. Más allá de que le pegaron, ella no empezó el problema. Ella lloraba y decía maldita sea la hora en que me bajé del taxi, porque estaba adentro del taxi. Ella no fue a pegarle a nadie, ella fue a bailar nomás, pero surgió ese problema”, relató Alba.
DESEMPLEO FUE DE 6,4% EN OCTUBRE
El Instituto Nacional de Estadística difundió los datos de octubre correspondientes a las tasas de Actividad, Empleo y Desempleo para el mes de octubre de 2013. En tal sentido, el desempleo se ubicó en el 6,4%, tres décimas de punto porcentual por encima del registro de setiembre (6,1%). El desempleo se estimó en el 5,6% en Montevideo, y en 6,9% en el interior del país. En tanto, la tasa de empleo se incrementó un punto porcentual respecto a la medición anterior, y se situó en el 60,4% (59,4% en setiembre). La tasa de empleo se estimó en 61,4% en la capital y 59,7% en el interior del país.
Entre los que trabajan, un 7,6% tiene subempleo, un 25,9% no tiene registro en la seguridad social, y el 71,4% tiene empleo sin restricciones. La tasa de actividad creció en octubre, ubicándose en 64,5%, 1,3 punto porcentual más alta que en setiembre, cuando el guarismo fue de 63,2%. En Montevideo, la tasa de actividad se situó en 65%, y en el Interior en 64,1%.

MÁS DE MIL PERSONAS
POR LA LEY DE FALTAS
El Ministerio del Interior (MI) informó que en los primeros 70 días de aplicación de la Ley de Faltas, la Policía condujo a 1.036 personas. El 69,7% fue conducida una vez, un 18% dos veces, un 7% tres veces y un 4,8% más de cuatro veces.
Un 52% de las personas tiene antecedentes penales y han sido procesados por diversos delitos. Más de la mitad de ellos (53%), fue procesado por hurto, un 21,8% por hurto y rapiña y un 5,4% por rapiña. Un total de 56 personas estaban requeridas por la Justicia por diversas situaciones. La mayoría de la población es fundamentalmente joven: 6 de cada 10 es menor de 35 años y un 20% menor de 25 años, unas 18 personas menores de edad se encontraron durmiendo o acampando en los espacios públicos. Solo siete de los conducidos tienen de nacionalidad extranjera: tres argentinos, un brasilero, un chileno, una hondureña y un peruano. Las actuaciones policiales se han concentrado en estos primeros 70 días en 12 de las veinticinco seccionales de la Jefatura de Montevideo, correspondientes al 40% del área urbana de Montevideo. El MI capacitó especialmente a un equipo de la Policía Nacional para llevar adelante esta tarea, el cual está integrado por 15 efectivos.
Un equipo policial recorre las calles de la ciudad desalojando espacios públicos ocupados. Las personas son identificadas y notificadas de que están infringiendo una norma y de acuerdo a lo establecido en la ley son trasladadas a dependencias del Mides, para que se les ofrezca una alternativa a la vida en la calle.
Las personas son atendidas por un equipo médico especialmente destinado para esta tarea por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que les practican un chequeo médico general a cada uno. Del conjunto de las 1.036 personas, cuatro tuvieron que ser derivadas a clínicas psiquiátricas.