Locales | 05 Dic “Consideramos que por el interés general de la población debemos estar atentos a lo que resulte de estos expedientes que hoy tiene la Justicia, y si en su momento se evalúa que, al arrojar más luz, estemos en condiciones de hacerlo, no se descarta un nuevo llamado a responsabilidad política”, aseguró la edil Patricia Volpe, coordinadora de la bancada del Frente Amplio y miembro interpelante cuando fue llamado a sala el intendente Bertil Bentos el 25 de julio pasado.
“Creemos que los elementos jurídicos no fueron analizados con la profundidad debida, ni se tomó en cuenta la posición de una eminencia en Derecho Constitucional, Grado 5, José Korzeniak. De hacerlo, sin dudas el resultado hubiera sido otro. Si se escuchan los alegatos del debate, había mucha confusión y hasta parecía que no se sabía qué es lo que se estaba haciendo. La realidad es que se recibió un informe de la Comisión de Constitución y Legislación que no daba lugar a que se estudiara el juicio político”, explicó la coordinadora de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental.
“Las cosas en la historia política de un país la juzga el tiempo, que será fundamental en este proceso, para determinar finalmente y con claridad las responsabilidades políticas que hoy no aparecen claras”, dijo también y destacó que “a segundos de haber finalizado la sesión en el Senado recibimos llamados de representantes de nuestro partido para felicitarnos por la actuación de la bancada, con seriedad y responsabilidad, lo que nos deja muy conformes pero que además confirma y reafirma que hemos actuado como debíamos hacerlo, en el momento que debíamos”.
Por otra parte la edila del Frente Amplio hizo hincapié en que “al iniciar este proceso desde la bancada de ediles del Frente Amplio, logramos sensibilizar a quien es el soberano, el pueblo de Paysandú, y también a toda la comunidad nacional, sobre la grave situación que vive Paysandú en referencia a la explotación sexual de sus adolescentes, fundamentalmente de las capas más pobres de la sociedad”.
Avanzando en la misma línea, Patricia Volpe subrayó que “lo que más conmovió, y en eso estaba afectada claramente la institucionalidad de la Intendencia de Paysandú, era la violación de los derechos de los niños y adolescentes de nuestro departamento. En especial con lo que tiene que ver con la protección del niño, en cuanto a que no sea expuesto a peligros que ya sea afecten su integridad física, moral o síquica; o no sea sometido a abuso y explotación sexual”.
“Este llamado a responsabilidad continúa en sede judicial, en el expediente original, pero ahora también desde el propio INAU, con una demanda penal sobre la muerte de esta muchacha que integraba la lista de testigos del caso”, concluyó Volpe.