Paysandú, Domingo 08 de Diciembre de 2013
Locales | 06 Dic Un grupo de instituciones y ciudadanos que se oponen a la minería metalífera a cielo abierto iniciaron una campaña de recolección de firmas para la realización de un plebiscito nacional por medio del cual decidir la inclusión de una enmienda en la Constitución de la República que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional.
“El Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) es un agrupamiento sin fines político-partidarios de ciudadanos y grupos sociales provenientes en la actualidad de once departamentos que estamos muy preocupados por la introducción de una actividad con graves impactos sobre la sociedad y los bienes naturales del país”, explicaron los impulsores de la iniciativa en un comunicado firmado por Ana Filippini, Carol Aviaga, Gonzalo García Lagos, Juan José Porta, Miguel Piñeyro, Nicolás Porta, Rosina Mascheroni y Víctor L. Baccheta.
El movimiento cuenta con un sitio web (http://uruguayciudadanossinmegamineria.org/) e invitó a los ciudadanos a que se informen a través de él y del correo electrónico uruguaylibredemegamineria@gmail.com, así como de los teléfonos 098407572 y 099844407
Asimismo, recordó que Uruguay posee “una dotación natural excepcional de tierras y aguas aptas para la producción de alimentos, mientras sus riquezas minerales son escasas y de pobre contenido. Solo por una coyuntura pasajera de altos precios, algunas empresas extranjeras ven un negocio de ocasión en la extracción y exportación en gran escala del hierro y el oro de nuestro subsuelo”, dijeron. En este sentido, los integrantes del movimiento consideraron que la extracción de metales a cielo abierto es la actividad económica “de mayor efecto destructivo sobre los suelos y las aguas superficiales y subterráneas del planeta. Países ricos en minerales como Chile y Perú la practican en zonas desérticas o semidesérticas. En el Uruguay, esta minería destruiría un ecosistema fértil y perdurable y solo sería una actividad de corta duración”, añadieron.
“El proyecto de Aratirí, presentado como la mayor inversión de capital en la historia del Uruguay, se inscribe en esa categoría. Se propone la extracción de 18 millones de toneladas anuales de hierro con vistas a la exportación, sin ningún procesamiento industrial en el país, trayendo como consecuencia el desplazamiento definitivo de población rural, la devastación ambiental y el desempleo. A esa propuesta están asociados un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, para cargar el mineral en barcos gigantes, y una regasificadora en la Bahía de Montevideo, para suministrar energía eléctrica a Aratirí. A pesar de implicar inversiones públicas significativas y generar serios impactos ambientales y sociales, ambos proyectos no tienen viabilidad fuera del proyecto minero”.
“En cuanto al oro, la explotación de Minas de Corrales en Rivera está llegando a su fin. Para prolongar la vida útil de sus instalaciones y obtener mayores ganancias, la minera Orosur busca expandirse en ocho departamentos más. Algunas de las minas son de 14 meses de duración, lo que significa una devastación territorial a cambio de efímeros niveles de empleo e ínfimos aportes al erario público”, agregaron.
DERECHO A DECIDIR
El Movimiento Uruguay Libre expresó además que “desde la aparición de estos proyectos reclamamos una amplia discusión en la sociedad, ya que los consideramos lesivos para los intereses y la soberanía nacionales. Ninguno de los partidos presentes hoy en el Parlamento incluyó estas acciones en su plataforma electoral. No fuimos atendidos y, en su lugar, la Ley de Minería de Gran Porte fue aprobada solo con los votos del oficialismo”.
Agregaron sus representantes que “en los últimos tres años, decenas de miles de ciudadanos nos hemos movilizado, hemos solicitado audiencias al presidente de la República y apoyado iniciativas para que la población decida si quiere o no esta minería. Últimamente, varias juntas departamentales están tomando decisiones al respecto, pero el gobierno nacional pretende desconocerlas y seguir adelante a toda costa. Por estas razones, promovemos un plebiscito en donde los uruguayos podamos ejercer el derecho inalienable a participar en las decisiones sobre nuestro futuro y el del país”.
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