Opinion | 10 Dic Sin dudas que hasta hace una década era prácticamente impensable que en Uruguay se pudiera contar en pocos años con un proceso significativo en marcha para la reconversión gradual de la matriz energética en lo que refiere a la generación de electricidad con impulsores renovables, sobre todo porque faltaban reglas de juego claras y no aparecían los estímulos indispensables para la inversión privada.
Tras un período algo contradictorio de UTE en cuanto a promover la inversión en plantas de biomasa, eólica y solares, que son las posibilidades claras de Uruguay, más allá de algunos pequeños emprendimientos hidroeléctricos que requieren inversiones de mucho monto para implementarse, y a la vez en la mayoría de los casos generan inundación de tierras y eventuales problemas medioambientales, puede decirse que se han despejado determinadas dudas en lo que refiere a la política del ente, en base a directivas del Poder Ejecutivo para hacer posible este cambio de matriz.
Es claro que en Uruguay no estamos descubriendo la pólvora ni mucho menos, sino que todo lo que se está haciendo, con alguna variante, ya ha sido probado o encarado directamente en otras latitudes, sobre todo en los países desarrollados, que cuentan con tecnología y recursos, aunque en nuestro país disponemos de recursos naturales y condiciones en algunos casos excepcionales para estos fines.
Es así que los parques eólicos con sus grandes molinos son recientes en Uruguay, aunque no en el mundo, tanto que desde que comenzaron a implementarse a gran escala en el primer mundo hace ya varias décadas, los valores de estos sistemas se han reducido exponencialmente. Ahora Uruguay guarda muchas esperanzas en esta fuente de poder actualmente al alcance de nuestra economía tercermundista, donde hasta se instalan equipos que ya se han descartado en el hemisferio norte, pero que aún tienen mucho para dar.
Tanto las familias como las empresas utilizan cada vez más aparatos electrodomésticos o industriales, y la demanda por electricidad en el país crece significativamente, al punto que llega al 6% anual en la última década. Esta demanda incorpora exigencias a la generación, actualmente de fuente hidráulica en mayor proporción, pero con un respaldo térmico insuficiente y caro. Por otra parte existe la posibilidad de importación desde los países vecinos, una opción que resulta cara. Por tales razones evidentemente es mucho mejor disponer de la energía dentro de fronteras por fuentes renovables, por ejemplo a través de la compra en el mercado spot, que importarla desde Brasil o Argentina.
Actualmente, a casi siete años de los tímidos inicios de instalación de los primeros aerogeneradores en el Uruguay, se han conectado 59,3 megavatios (MW) de potencia en base a viento al sistema de distribución nacional: 20 MW propiedad de UTE y 39,3 de empresas privadas, los que resultan suficientes para abastecer casi 30.000 hogares, el 2,5% del total del país.
Pero la verdadera piedra fundamental de la incorporación de granjas eólicas se concretó a partir del momento en que UTE cambió radicalmente su política y ofreció mejores precios y contratos de largo plazo a las empresas privadas que instalasen los molinos, a la vez de bonificar el precio por MW hora a quienes lo efectivizaran antes de marzo de 2015.
Con sólo esta revisión de procedimientos, al finalizar 2013 habrá más de 150 MW instalados, y sobre todo se inicia la era de los grandes parques, de 50 a 150 MW cada uno, para aprovechar las regiones de mayor viento, que se dan en el sur del país, en particular en las sierras de Maldonado y en Montevideo, sierras de Lavalleja y en torno a Paso de los Toros, a la inversa de lo que ocurre con la disponibilidad de energía solar.
Es así que a fines del año que viene, de acuerdo al esquema de inversiones, habrá en Uruguay por lo menos 700 MW de potencia instalada de energía eólica, en 2015-2016 serán unos 1.000 MW de potencia en base a viento, 22,5% de propiedad pública y el resto privada, y en 2017 podría alcanzarse unos 1.350 MW, por lo que el petróleo, básicamente para uso en vehículos e industria, representará sólo el 40% de la matriz energética nacional.
La producción de energía eléctrica, en tanto, se hará entonces en un 90% por fuentes renovables: 45% de hidroeléctrica, 30% de eólica y 15% de biomasa, lo que habla de un proceso alentador, que debe ser parte de una política de Estado en la materia, teniendo en cuenta su enorme valor estratégico.