Opinion | 06 Dic La actual Administración municipal está signada por acontecimientos bien dispares. No se puede ocultar que ha logrado, sea por el crecimiento de la economía, sea por la necesidad de los capitales de expandirse hacia otros rumbos, sea por la buena “venta” que del departamento ha hecho la Intendencia, inversiones francamente significativas. Un hotel 4 estrellas (que está en construcción) en Almirón y un spa en pleno funcionamiento en el mismo centro termal; inversiones en energía fotovoltaica; una nueva terminal de ómnibus; un hotel en la ciudad con casino (anunciado como inminente); y más.
El capital privado, que es el que genuinamente debe mover la economía, se ha volcado con más de cuarenta millones de dólares en obras en el departamento. No se trata, sin dudas, de un capital de la magnitud de UPM en Fray Bentos. Ni mucho menos. Pero esos capitales son la excepción de la excepción. Es mucho más común que las inversiones sean del tenor de las que llegan a Paysandú.
Estas inversiones, y otras que pueden llegar (como la construcción de un hotel 4 estrellas en termas de Guaviyú) sin dudas le dan nuevos impulsos a la economía sanducera.
Pero también la otra cara aparece y se hace visible: el escándalo de la Casita del Parque, la pésima gestión en la Semana de la Cerveza queriendo desconocer que era necesario pagar los debidos tributos a la DGI, y la sucesiva caída de directores. Hasta la reciente resolución del Senado de no hacer lugar a un juicio político al intendente Bertil Bentos solicitado por la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, igualmente dejó la puerta abierta de parte de la mayoría en la Cámara Alta dé una posible responsabilidad política simplemente por haber elegido a Horacio de los Santos para ese cargo de particular confianza.
No se puede indicar --así por ejemplo lo dejó en claro el Senado-- que el Intendente haya por sí mismo transgredido la Constitución y la ley. No obstante sí puede indicarse que ha habido desprolijidades en la integración de sus principales colaboradores. No hay delito, pero el exceso de confianza puede llevar también por el mal camino, más allá que el buen nombre del intendente se mantenga a salvo. La confianza mata al buen hombre. Que esto sirva de lección.