Nacionales | 07 Dic A tres días de aprobar la legalización de la marihuana, el gobierno presentó la campaña “Todo consumo de drogas tiene riesgo” que advierte sobre los efectos negativos del consumo de estas sustancias, informó El País.
La campaña auspiciada por Antel, UTE y la Intendencia de Montevideo fue presentada en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el prosecretario Diego Cánepa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas Julio Calzada y el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.
Cánepa dijo que esta “no es una campaña más de la que normalmente lleva adelante la Junta Nacional de Drogas, porque se hace en el contexto de una decisión de gobierno de avanzar en el mercado regulado de la marihuana.
En la misma semana que aprobamos esta ley, lo que queremos reafirmar es que todo consumo de drogas tiene riesgo”. El prosecretario defendió la legalización de la marihuana y señaló que no es lo mismo que la liberalización de la droga. Además afirmó que “hay una coherencia absoluta” en materia de drogas porque se legaliza la marihuana, pero también se regula el consumo de otras drogas como el tabaco o el alcohol.

PARLAMENTO CON AVALANCHA LEGISLATIVA
En el Parlamento se viene la segunda avalancha legislativa del año, y otra interpelación por Pluna. El Frente Amplio quiere aprobar una decena de leyes y parte de la oposición está molesta porque considera que es “un atropello”. El levantamiento del receso estival del Parlamento es un hecho: el domingo 15 se cerrará formalmente el penúltimo período de sesiones de las dos Cámaras y en ese mismo momento se promoverán una o dos sesiones extraordinarias, para el martes 17 y miércoles 18 en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
El Senado resolvió reunirse el 17 para recibir a los ministros de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, para discutir las nuevas alternativas del caso Pluna.
Según El País, particularmente se quiere conocer qué camino tomará el gobierno en relación con tres hechos: la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la ley de liquidación de la aerolínea; qué pasará con el proyecto de la cooperativa Alas Uruguay al pasar los aviones que pensaban comprar a la masa concursal de acreedores; y en caso de no prosperar la aerolínea cooperativa qué sucederá con los trabajadores.
La próxima semana habrá sesiones ordinarias en el Senado y Diputados los días martes 10 y miércoles 11. El martes se tratará en el Senado el proyecto sobre regulación del mercado de marihuana, en una sesión que promete ser muy extensa. Tras ser sancionada, la ley pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Ese mismo martes, casi a la misma hora, en Diputados se discutirá el proyecto del Poder Ejecutivo que establece una regulación de los servicios de comunicación audiovisual, conocido como ley de medios. Este proyecto será votado solo por el Frente Amplio y pasará al Senado, que lo considerará el año entrante.
El lunes 2, en la reunión de coordinadores de todos las bancadas en Diputados, el Frente Amplio se despachó por medio de la diputada Susana Pereira (MPP) con una lista de prioridades para votar antes de Navidad, y anunció que se pedirá el levantamiento del receso para la convocatoria a una o dos sesiones extraordinarias los días 17 y 18.
Algunos son proyectos de ley que llegan por primera vez al Parlamento, y otros son leyes que tienen que ser aprobadas por el Senado y enviadas a Diputados.

RENUNCIÓ EL PRESIDENTE DE APU
El presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Ruben Hernández, renunció a su cargo luego de que así se lo reclamara un grupo de dirigentes disconformes con varios aspectos de su gestión, que se había iniciado en octubre del año pasado.
El principal motivo que llevó a que se pidiera la renuncia de Hernández fue “la constante violación de los estatutos por parte del presidente en el ejercicio de su cargo, en el más absoluto desconocimiento de la orgánica de nuestro sindicato”, informó APU.
Hernández, que se desempeña como sonidista en Canal 12, integra el Secretariado Ejecutivo del Pit Cnt y es militante del MPP. Además, fue el primer presidente de la gremial que no es periodista.
La situación que finalmente motivó que en la interna del sindicato se pidiera la renuncia de Hernández fue la forma en que llevó a cabo la negociación del convenio colectivo de televisión abierta, donde no participó el presidente de ese sector de APU. “Se desconoció la figura del presidente del sector y el acuerdo se firmó a través de los delegados de los tres canales”, explicó a El País el dirigente de APU Luis Curbelo.
En la sede del Pit Cnt, los dirigentes que reclamaron la renuncia de Hernández se reu nieron con los integrantes del Secretariado, Marcelo Abdala y Gabriel Molina, a quienes dieron cuenta de la situación registrada en el sindicato.
La presidencia del gremio quedará a cargo de la actual vicepresidenta, Silvia Techera, periodista del departamento de Cerro Largo, informó Curbelo.

FA DECIDIRÁ SI CAMBIA LEY
Los senadores del Frente Amplio expresan en los pasillos del Parlamento su disposición a modificar el proyecto de responsabilidad penal empresarial dijeron a El Observador legisladores oficialistas y de oposición. El texto es criticado por las cámaras empresariales, lo rechazan los expertos laboralistas y resultó cuestionado por la Sociedad de Arquitectos en la comisión de Asuntos Laborales de la cámara alta. Lo defiende, incluso con movilizaciones callejeras, el Pit Cnt que en todos sus actos lo incluye como reivindicación.
El senador Francisco Gallinal dijo a El Observador que en el Frente hay disposición para cambiar el proyecto pero “enfrenta una dura presión” de la central de trabajadores. Desde el Frente Amplio, el senador Enrique Rubio, comentó a El Observador que el proyecto será analizado el próximo lunes por la bancada de izquierda. El proyecto fue aprobado en Diputados el 6 de noviembre y en el Senado “no tiene por qué ser un trámite automático”, comentó Rubio.
La discusión está centrada básicamente en el artículo primero que establece que “el empleador o quien en su nombre ostente la dirección de la empresa y que no adopte los medios de resguardo y seguridad laboral, de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con tres a 24 meses de prisión”.
La bancada del Frente discutirá la figura del “peligro” así como el alcance del concepto “empleador”. Políticamente el proyecto fue impulsado por el Partido Comunista, el Partido Por la Victoria del Pueblo y el gremio de la construcción (SUNCA) que es de los sectores que más accidentes registra. De hecho, el secretario general del Sunca, Oscar Andrade, ingresó al Parlamento como diputado comunista para votar el proyecto. El senador Gallinal sostiene que el proyecto va camino a la inconstitucionalidad y propuso invitar a la comisión a la Suprema Corte de Justicia y catedráticos en derecho penal y laboral para ver si la norma colisiona contra otras ya existentes. Para el legislador, actualmente hay leyes que sancionan penalmente cuando ocurre un accidente fatal. El ministro Eduardo Brenta, que fue el primero en recibir a la comisión de Asuntos Laborales, se mostró de acuerdo con recorrer ese camino pero se preguntó qué está ocurriendo con las leyes existentes que en los últimos cuatro años hubo más de 150 trabajadores muertos por accidentes de trabajo y casi ningún procesamiento por responsabilidad en esos hechos.
Un informe de Carlos Castro Casas, asesor legal de la Sociedad de Arquitectos, expresó que la redacción de la norma es susceptible de alcanzar a los arquitectos incluso a los que no asuman formalmente como empleadores.