Opinion | 13 Dic Por cierto que en materia electoral en varias oportunidades han surgido propuestas desde tiendas políticas que más o menos veladamente, y a veces en forma sesgada, han apuntado a sacar partido o favorecerse con determinadas modficaciones que les facilitaran acceder al poder, dado que la legislación vigente implicaría dificultades para lograrlo, naturalmente dentro del sistema democrático representativo de gobierno por el que se rige el país.
Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones para dar claridad o certeza a la herramienta del voto que tiene el ciudadano, es difícil para muchos dirigentes, de todos los partidos, sustraerse a la tentación de “torcer” la legislación para mejorar las posibilidades de su partido, naturalmente dependiendo de la voluntad popular en última instancia.
Durante varias décadas la legislación electoral fue hija del bipartidismo entre los partidos tradicionales, con el doble voto simultáneo --más de un candidato a presidente por partido-- y la ley de lemas, así como la simultaneidad de las elecciones nacionales y departamentales, que hacían que cada cuatro años el ciudadano fuera convocado a las urnas y se le presentara un “paquete” partidario imposible de desatar.
Ello trajo aparejado que muchas veces la suerte del candidato a intendente se atara a la del candidato nacional, ejerciendo un arrastre de votos más allá de la situación en el departamento, desde que el voto por candidatos de diferentes partidos en el sobre anulaba automáticamente el sufragio.
La última reforma electoral ha modificado radicalmente las reglas de juego en este sentido, al separarse en el tiempo las elecciones departamentales de las nacionales, previa realización de elecciones internas en los partidos, la obligatoriedad de presentar un candidato único a la Presidencia por partido e incorporar la instancia del balotaje o segunda vuelta, cuando quien resulte ganador no llegue al 50 por ciento más uno de los sufragios emitidos.
Por supuesto, no hay norma que no sea perfectible en el ejercicio de la democracia, y por cierto que el sistema electoral vigente ha permitido en gran medida desatar los viejos paquetes electorales y democratizar las elecciones de candidatos en cada partido, pero fundamentalmente sincerar dos aspectos fundamentales en la democracia: por un lado, que las elecciones departamentales no resulten “contaminadas” por la elección nacional simultánea, por lo que como hemos visto en numerosas oportunidades, en departamentos en que determinado partido ha sido vencedor en la elección nacional, otro resulta ganador en lo departamental, como ha sido precisamente el caso de Paysandú en más de una oportunidad; y por otro, que quien sea ungido presidente realmente sea el preferido por la mayoría de la ciudadanía.
Se trata precisamente de dos aspectos centrales en la democracia, mientras que por un lado se recoge sin influencias externas la realidad local, y por otro, al ciudadano se le da la oportunidad no solo de votar por su candidato preferido, sino también poder cerrarle el paso a quien no quiere como presidente, que es tan válido como el voto positivo en cuanto a recoger la voluntad ciudadana.
Y si bien todo mecanismo electoral es mejorable --el nuestro por supuesto lo es-- sí hay elementos claves que han resultado altamente beneficiosos, y éstos han sido precisamente el balotaje y la separación de las elecciones departamentales y nacionales.
Que no son inventos del Uruguay ni nada que se parezca, por cuanto por ejemplo el balotaje es ampliamente utilizado en países europeos, y también en países vecinos como Brasil y Chile, por remitirnos a Sud América.
Hay también otros instrumentos posibles, como la renovación parcial de las cámaras parlamentarias a los dos años de asumir cada gobierno, de forma de plebiscitar en alguna medida la gestión en curso, pero esta posibilidad es por cierto muy menor en importancia respecto a los elementos mencionados líneas arriba, que han sido revulsivos si los comparamos con la legislación anacrónica que rigió durante décadas, y que permitía por ejemplo que resultaran electos presidentes que no representaron auténticamente la mayoría popular y sí la minoría mayor. Por lo tanto, sería un retroceso para la democracia representativa hacer lugar a planteos de reforma constitucional, como el que lanzó recientemente el expresidente Tabaré Vázquez, que tiene como eje central eliminar la figura del balotaje, sobre lo que felizmente tampoco hay unanimidad en su partido, desde que el vicepresidente Danilo Astori --quien en su momento se pronunció a favor del balotaje-- subrayó que este planteo del precandidato de la izquierda no es una prioridad.